El año de 1823 fue señero en la historia política de México; en él se adoptaron decisiones que aún perduran; se echaron las bases para instituciones jurídicas que todavía están vigentes y que, al parecer, son inamovibles: en ese año se optó por la forma de gobierno republicana y federal. Lo de que fuera representativa, popular y constituida por estados libres y autónomos, son inherentes a los dos atributos mencionados. El elemento laico es un agregado reciente, pero necesario.

Agustín de Iturbide abdicó a su efímero imperio el 19 de marzo de 1823. A su caída la nación mexicana se vio inmersa en el caos, en la anarquía; comenzó a desmembrarse. Lo que actualmente es el estado de Chiapas se separó de lo que era el territorio nacional. Los chiapanecos tuvieron ante sí dos opciones; convertirse en una más de las repúblicas centroamericanas o adherirse a la naciente república de Guatemala. Las autoridades de la antigua Capitanía de Yucatán y la de Nueva Galicia o Xalisco consideraron la posibilidad de separarse y de constituirse en sendas repúblicas independientes.

El Congreso que para 1823 se hallaba en funciones, con el fin de salir del caos y de evitar que el territorio nacional se desmembrara, adoptó lo que en la historia de México se conoce como voto del Congreso, en él se reconoció y se dispuso lo siguiente:

 

Voto por la Reforma de República Federada

El soberano Congreso constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, ha tenido a bien acordar que el gobierno puede decir a las provincias estar el voto de su soberanía por el sistema de república federada, y que no lo ha declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo Congreso que constituya a la nación. Junio 12 de 1823.”

Por virtud de ese voto, en el año de 1823, es decir. Hace exactamente doscientos años, se convocó a elecciones para la integración de un nuevo Congreso, que tendría la función de ser constituyente.

El Constituyente, en teoría, no era soberano; estaba constreñido por el voto de 12 de junio antes transcrito a constituir a la nación mexicana como una república federal, ello implicaba, en principio, que no podía volver a establecer un imperio y que se debía abandonar la forma centralista que había estado en vigor durante todo el tiempo que duró el dominio español, es decir durante trescientos años.

En virtud de lo anterior, los esfuerzos desplegados por Fray Servando Teresa de Mier y sus partidarios en el constituyente de 1824, por conservar un gobierno centralizado y no federalista, eran inútiles.

Por otra, los verdaderos padres del federalismo mexicano fueron los miembros del congreso que estuvo reunido en el año 1823 y que emitió el voto de 12 de junio, y no, como se sostiene, don Miguel Ramos Arizpe. Éste se limitó a hacer operante el mandamiento de quien convocó al constituyente del que formó parte. Fueron los autores del voto quienes limitaron el arbitrio de la nueva asamblea constituyente y que optaron por la forma de gobierno republicana y federal.

En el ámbito teórico, el constituyente de 1824 no fue soberano; no lo fue por cuanto a que estaba constreñido por la convocatoria. Tampoco fue original, por razón de que fueron el estado de cosas, las circunstancias, las que llevaron a adoptar esas formas de gobierno.

El que se estableciera que se adoptara la forma republicana, implicaba: por una parte, que se descartaban la forma monárquica y su variante la imperial, como forma de gobierno. Los gobernantes lo serían por determinado tiempo y por el voto de la ciudadanía. Eso implica un gobierno republicano.

El sistema federal implicó el abandono de la forma centralista y que, en lo sucesivo, las partes integrantes de la nación mexicana, gozarían de autonomía, es decir de la posibilidad de darse por sí mismo leyes con relación a las materias que se les reservaban y de que contarían con autoridades propias, electas popularmente, que durarían en su encargo el lapso previamente fijado.

La característica de ser republicana implica tanto elecciones periódicas, como la existencia del voto ciudadano, como requisito para acceder a los cargos públicos y que los ciudadanos no gobiernan directamente, sino que lo hacen a través de sus representantes.

La forma republicana de gobierno es algo que llegó para quedarse. Salvo el temporal, parcial y efímero segundo imperio, lo ciertos es que es una característica que ha sido permanente.

La característica federal, que implica la existencia de entidades que gozan de autonomía, ha estado en vigor a lo largo de doscientos años salvo el lapso centralista que corre de 1836 a 1847 y, con sus altas y bajas, durante la última dictadura de Antonio López de Santa Anna.

Fue una constante del pensamiento conservador del siglo XIX, el afirmar el que la adopción del sistema federal había sido una imitación extra lógica; que en el caso de México no se presentó el mismo supuesto que llevó a las trece colonias fundadoras de los Estados Unidos de América a unirse. En un sentido histórico, no les faltó razón, pero esos conservadores olvidan que:

El sistema federal impidió que México se desmembrara, como lo comenzaba a hacer a la caída del imperio de Iturbide;

En el sistema federal también sirve para fraccionar lo que está unido como lo es el caso de Canadá y de Australia y que se hace con el fin de permitir un gobierno más eficaz; el sistema federal es una solución para gobernar países que cuentan con grandes territorios;

En la actualidad los conservadores se han convertido en defensores de la autonomía local cuando la acción de los poderes federales afecta a sus intereses.

En teoría del poder, son los victoriosos y no los derrotados, los que, con las armas o sin ellas, imponen, entre otras cosas, la organización política.

A estas alturas de nuestra historia y de nuestro desarrollo político, en la actualidad nadie cuestiona la organización del Estado mexicano como una república, democrática, representativa, federal y laica.

En el estado actual la ciudadanía no se divide en federalistas y centralistas; monárquicos y republicanos, sociedad laica o estado confesional. Nos divide y preocupa la tendencia que se ha presentado en los últimos años de organizar el Estado mexicano en instituciones de apariencia; se pretende que las instituciones públicas: la democracia, el sistema federal, representativo, la división de poderes y la existencia de un estado de derecho sean sólo una apariencia.

Los mexicanos enfrentamos nuevos retos. Los tiempos han cambiado, pero las ambiciones de los hombres siguen siendo las mismas. Necesitamos frenarlas.