El martes 17 de octubre, la Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena-PT-PVEM, eliminó 13 de los 14 fideicomisos que administra el Poder Judicial Federal. La minuta pasó al Senado para, como dicen en el Congreso, sus efectos constitucionales; es decir, para que los senadores hagan lo propio.

Esta reforma, presentada por Ignacio Mier, Coordinador de Morena en San Lázaro y avalada por Andrés Manuel López Obrador, adiciona un segundo párrafo al Artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Desde la perspectiva de Morena y el gobierno federal, la eliminación de 13 fideicomisos fue legal, pertinente y necesaria; se apegó a la división de poderes, beneficia al bien común y respeta los derechos de los trabajadores del poder judicial. Su objetivo es terminar con los fideicomisos que permiten los excesos y dispendios de un grupo de funcionarios privilegiados.

Desde la oposición afirman que se trata de una venganza del presidente de la República en contra de la Ministra Norma Piña, Presidenta de la Suprema Corte de la Nación y de los jueces que han resuelto o sentenciado en contra de las decisiones del gobierno federal.

La ministra Norma Piña ha declarado que la eliminación de los fideicomisos afecta derechos de los 55 mil 800 trabajadores, servidores públicos, jueces y magistrados del poder judicial.

Por su parte, los dos sindicatos de trabajadores de este poder pusieron en práctica un plan de acción en las sedes del poder judicial en toda la república, en defensa de sus derechos, que incluyen bloqueos intermitentes en las calles principales y suspensión de los servicios.

¿Quién dice la verdad, AMLO y Morena o la oposición y Norma Piña? Dice el dicho que es bueno creer, pero es mejor no creer. Juzgue usted mismo. Con la información disponible es posible identificar montos y beneficiarios de estos instrumentos financieros.

Hay varios ejemplos, respondamos una pregunta ¿Quiénes son los beneficiarios de los fideicomisos que desaparecieron los diputados?

La suma total de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal es de 21 mil millones de pesos, en números redondos. De éstos, diez mil millones de pesos referentes a pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, 387 beneficiarios; pensiones complementarias para mandos superiores, 25 beneficiarios; pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo, 184 beneficiarios; plan de prestaciones médicas de la Suprema Corte, cuatro personas.  En suma 599 privilegiadas y privilegiados.

Otro ejemplo, el fideicomiso correspondiente al mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, de más de 76 millones de pesos, mantiene en la secrecía el número de sus beneficiarios.

En contra posición, el Fideicomiso de Apoyo Médico Complementario para los servidores públicos del poder judicial, con excepción de la Corte, es de apenas 69 millones, que corresponderían a los más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial.

Por otra parte, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia con recursos arriba de los seis mil millones de pesos, la reforma no lo toca.

La aprobación de esta reforma por Morena y aliados en el Congreso de la Unión, es el primer paso de una larga batalla jurídica y política que marcará la parte final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.