El Poder Judicial se ha convertido en el garante del Estado de Derecho, su función es de suma importancia para la protección de los derechos humanos.

El Estado de Derecho tuvo como pretensión original terminar con los gobiernos de personas, como las monarquías absolutas, los gobiernos fascistas y totalitarios. Esto representa el cambio radical de un gobierno de personas a un gobierno de leyes. Este cambio se materializó a través de la creación de una Constitución, que actúa como el marco normativo fundamental para todas las autoridades estatales.

En el Estado moderno, las autoridades se someten a las normas fundamentales que se establecen mediante consensos democráticos. La Constitución es la obra del pueblo y para el pueblo, a través de la cual se garantiza el gobierno de leyes.

El Estado inicialmente se sustentó con la voluntad general expresada en las leyes. Esta idea llevó a la eliminación de regímenes arbitrarios y al surgimiento de la teoría del legislador racional, que, en ciertos casos, condujo a nuevas arbitrariedades, esta vez en el ámbito legislativo. Para corregir estos abusos, se ideó el control de constitucionalidad de las leyes, una función atribuida principalmente a los jueces.

Esto se deriva de la necesidad imperante de salvaguardar la Constitución. Gracias a su estatus como ordenamiento jurídico, se hizo posible protegerla mediante la función jurisdiccional. La relevancia de esta función se hizo evidente cuando se convirtió en un medio para defender la Constitución contra las acciones y omisiones tanto del poder ejecutivo como del legislativo.

En Estados Unidos la idea del control constitucional de las leyes se basa en la obligación de los jueces de dar preferencia a la aplicación de las normas supremas en caso de conflicto con las normas inferiores. En este sentido, se puede afirmar que la legitimación de los jueces constitucionales radica en su imparcialidad al proteger la voluntad del pueblo plasmada en la Constitución.

En el siglo XX, Hans Kelsen propuso un modelo de jurisdicción constitucional que se caracterizaba por su concentración y especialización. Este modelo establece que no todas las autoridades judiciales deben evaluar la labor legislativa; se decidió que el Poder Judicial mantuviera su función tradicional de aplicación de la ley para la resolución de casos. En este sistema, prevalece la lógica de la defensa de la Constitución frente a las irregularidades creadas por el legislador, lo que significa que la legitimación de los jueces constitucionales se encuentra en su defensa de la obra que posee una mayor legitimación democrática.

Ambos sistemas son ampliamente adoptados en la mayoría de los países y han experimentado un proceso de evolución significativo. En la actualidad, se concibe al Poder Judicial como el defensor fundamental de los derechos humanos. Este cambio representa un hito trascendental, ya que implica que los derechos humanos se protegen incluso en contra de las decisiones mayoritarias que emanan de regímenes democráticos formales. Esto se concibió a raíz de que se han registrado casos en los que las democracias han avalado graves violaciones a los derechos humanos. En respuesta a estos eventos desafortunados, se ha desarrollado una discusión teórica sobre los límites de las decisiones democráticas, y se está forjando un consenso en torno a la idea de que los derechos humanos representan un límite fundamental e innegociable.

El Poder Judicial asume su papel como guardián de los derechos humanos al protegerlos contra cualquier medida estatal que los vulnere. Incluso en el ámbito supranacional, los tribunales de derechos humanos han emitido fallos condenatorios que obligan a los Estados a reformar sus constituciones cuando estas se contraponen a los derechos humanos. Esto ha suscitado un amplio debate acerca de la legitimidad de los jueces para emitir tales resoluciones y ha suscitado cuestionamientos adicionales sobre su legitimidad en el contexto democrático.

Los jueces ya no solo desempeñan el papel de defensores de las obras democráticas, como las constituciones y leyes, sino que están consolidándose como guardianes de los derechos humanos. Poco a poco, se está comprendiendo que tanto el Estado como la Constitución son garantías de los derechos humanos de las personas, y una garantía no puede ser superior a lo que garantiza. Los jueces representan el pilar fundamental del Estado de Derecho, ya que, sin su intervención, se correría el riesgo de caer en un gobierno de personas caracterizado por la arbitrariedad y una falta de compromiso con el bien común. Además, se pondrían en peligro los acuerdos democráticos del país, plasmados en las constituciones y leyes, y, lo más grave, se vulnerarían nuestros derechos humanos.

En México, es imperativo fortalecer el Poder Judicial, ya que la falta de acción en este sentido conllevaría a un debilitamiento progresivo del Estado de Derecho. Constituye un grave error menoscabar los derechos laborales de quienes trabajan en el Poder Judicial. Resulta inaceptable someter al Poder Judicial a recortes presupuestarios destinados a socavar sus funciones. Los ataques contra el Poder Judicial en México representan una seria amenaza para nuestro bienestar y estabilidad social.