El paquete económico para el 2024 contempla un gasto neto total que asciende a 9 billones 66 mil millones de pesos, lo que significa un incremento de 4.3% real respecto a lo aprobado para 2023.
En comparación, los ejercicios presupuestales de los seis sexenios anteriores, fueron totalmente inerciales y consistieron esencialmente en mantener el gasto corriente indexando la inflación y realizando ajustes menores o reorientando algunos subsidios y manteniendo una ecuación diferencial respecto a gasto de inversión muy desigual.
En el contexto de evolución de la política de gasto, habrá que recordar que la última cirugía mayor se realizó en los inicios de los años ochenta, concretamente en el 82, al inicio del régimen de Miguel de la Madrid, cuando al agotarse el modelo de Desarrollo Compartido 1970-1982, se desmontó la política de subsidios indiscriminados, se vendieron las empresas públicas, se realizó una ingeniería a la administración pública central y descentralizada, con despidos masivos, que se conoció como “redimensionamiento del Estado”.
Todo ese proceso implico una nueva construcción del gasto, que se ahondó en los siguientes regímenes de Salinas y Zedillo, en los cuales con “fe de conversos” se implantó el modelo Neoliberal que hoy arroja sus consecuencia negativasabriendo más la brecha entre ricos y pobres, con los más de pobres y la más alta concentración de la riqueza en la historia de nuestro país. El presidente Salinas terminó de rematar las empresas públicas y sustituyo las políticas de subsidios por programas de desarrollo social, mismos que con ligeros ajustes subsisten hasta hoy. El presidente Zedillo, tras el “error de diciembre” que ocasionó el quebranto del sistema financiero, se concentró en ajustar y estabilizar los indicadores macroeconómicos en un mecanismo que denominó el ”blindaje de la economía” y que generó una estabilidad que aun hoy disfrutamos.
En el año 2000, con la Alternancia en los partidos políticos, Zedillo entregó el gobierno como 9ª economía del mundo. En el periodo de Fox, se mantuvo y profundizaron las políticas neoliberales y se dejó en manos de los tecno burócratas de hacendaria el manejo de las finanzas públicas y se continuó privilegiando la estabilidad macroeconómica y el achicamiento del Estado.
En esos primeros años del nuevo milenio se tuvieron ingresos extraordinarios por la venta de crudo, tanto por los altos precios del barril de petróleo en los mercados mundiales, como por la plataforma de extracción del orden de tres millones de barriles diarios, esa es la buena noticia, la mala es que ese océano de dinero se fue a gasto corriente y el aparato público y sus correspondientes estipendios, crecieron desorbitadamente sobre todo en los cuadros medios y altos niveles de la administración.
La administración de Peña Nieto funcionó con el presupuesto de egresos inicial elaborado por el gobierno saliente con ligeros ajustes, el del 2014, tuvo modificaciones tanto por la reforma financiera-fiscal como por las primeras variaciones a la baja del precio de crudo y sobre todo por la baja en la plataforma de exportación de petróleo por el agotamiento de nuestros yacimientos en el golfo de Campeche. La crisis de ingresos que enfrentaron, obedeció a ambos factores y se complicó por la revalorización del dólar y el alza de las tasas de interés de la reserva federal estadounidense.
En el 2022 México fue la economía número 15 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2022 fue de 792.300 millones de dólares, con una deuda del 56,03 por ciento del PIB que equivalía a $6.253 dólares por habitante.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha gastado 378 mil 555 millones de pesos adicionales del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), un mecanismo usado para cubrir los gastos previstos en el Presupuesto de Egresos ante un desplome de la recaudación.
El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios se constituyó en abril de 2001, con la SHCP como fideicomitente único y por Nafin como fiduciario, con el propósito de reducir los efectos sobre las finanzas públicas de los cambios en los ingresos públicos provocados por los movimientos en los precios internacionales del petróleo.
En octubre de 2014, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros cambió su denominación a Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. En el artículo 21 Bis, fracción II, de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se indicó que la finalidad del fondo es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía cuando se presenten disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos de la Federación que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
A partir del 2019 y 2020, ante la crisis económica y sanitaria, los recursos (del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios) se utilizaron para solventar la caída en los ingresos públicos de esos años, y no necesariamente por la fluctuación en el precio del petróleo.
La austeridad de este gobierno es una gran mentira; el gasto público de 2022 fue el más grande registrado en la historia de México, con un aumento de 507 mil 595 millones de pesos por arriba de lo planificado (+7.2% por ciento). Las secretarías con mayores ampliaciones presupuestales por el aumento del gasto y reasignaciones fueron Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que tuvo un aumento porcentual del 36%. El aumento del gasto estuvo destinado principalmente a cubrir el sobrecosto del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. A pesar del presupuesto más grande de la historia, el gobierno de AMLO hizo recortes en las instituciones de salud y la seguridad pública civil.
Para el 2024 se presupuestó un gasto de 9.06 billones de pesos, del cual 1.9 billones se cubrirán con endeudamiento interno. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador solventará, en el último año de su sexenio, casi la cuarta parte del Gasto con deuda, exactamente 21.5 de cada 100 pesos del gasto público se cubrirá con deuda, de acuerdo con lo propuesto en el Paquete Económico 2024.
En septiembre pasado el ejecutivo envió al Congreso una propuesta económica que contempla un techo de endeudamiento interno con un monto máximo autorizado por el Poder Legislativo para que el Gobierno contraiga deuda récord de 1.9 billones de pesos, mientras que para el 2023 se autorizó un techo de 1,1 billones de pesos.
Los ataques del ejecutivo al Poder Judicial por resistirse a someterse a sus caprichos y ocurrencias ponen en riesgo la Administración de Justicia y el equilibrio de la División de Poderes.
La Cámara de Diputados discutirá y votará esta semana, la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del PJF, que equivalen a más 15 mil millones de pesos, luego de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó un dictamen para reformar la Ley Orgánica del PJF. Los diputados de la 4t aseguran que estos fideicomisos están destinados para lujos de los Ministros, magistrados y jueces.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que la posible eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) afectará los derechos laborales de sus trabajadores. En un comunicado de prensa la SCJN señaló que: “La extinción de los fideicomisos SI afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del PJF. Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”.
La ministra presidenta Norma Piña, señaló que estos fideicomisos benefician al personal operativo del PJF, que representa más de 60% de la plantilla, por lo que, dijo, eliminarlos limitará la operatividad del Poder Judicial y con ello afecta el derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos, explicó que algunos de los fideicomisos cubren obligaciones de carácter laboral y de seguridad social para los trabajadores del Poder Judicial, y otros atienden necesidades específicas de operación, como es el caso del fideicomiso para el desarrollo de infraestructura para implementar las reformas constitucionales en materia de Justicia Federal, y que ninguno de los 14 fideicomisos que tiene el PJF son destinados para pagar alguna prestación para las ministras y los ministros de la SCJN, como acusan el presidente y los diputados de Morena.
En el entorno de los juristas y de un gran sector de la población, existe una enorme preocupación respecto del recorte presupuestal del Poder Judicial de la Federación, y a la propuesta de reforma que elimina los fideicomisos del PJF, el Presidente violentando la Ley y la Constitución, de manera autoritaria y arbitraria, sin contemplar ni mucho menos respetar la división de poderes, como si los ingresos del Estado fueran parte de su cuenta y fortuna personal, a la manera de Luis XIV “el Estado soy yo” pretende despojar a los trabajadores del Poder Judicial de sus derechos adquiridos, lo que pone en riesgo la independencia judicial y dificulta aún más el derecho de los ciudadanos al acceso de la justicia.