La imagen de cerca de un cuarto de millón de venezolanos que emprendieron la huida atravesando el muy peligroso Tapón del Darién, es una clara señal de la crisis migratoria que ya está en puerta. La primera caravana migrante que se dio en octubre de 2018 es apenas la punta del iceberg de la inminente crisis migratoria que nos agarra en el peor momento con el peor gobierno.
La política de austeridad republicana, que no es otra cosa que una falaz estrategia para desviar recursos, ha mermado de forma significativa las capacidades del Instituto Nacional de Migración (INAMI). De 2018 a 2019 el presupuesto para el Instituto se redujo en 401 millones de pesos, una caída, en términos reales, del 26.79 por ciento. El presupuesto que se tenía al inicio del sexenio de mil 731 millones de pesos, apenas se recuperó en 2023 cuando se asignó un presupuesto de mil 769 millones de pesos. A lo largo del sexenio, los recursos presupuestales del INAMI han tenido una caída, en términos reales, del 15.4 por ciento.
La migración no ha sido parte de las prioridades presupuestales de este gobierno, lo que se refleja en la prácticamente nula inversión en infraestructura fronteriza y en la ausencia de un plan integral para la frontera sur, caracterizada por su porosidad y por la penetración de grupos delincuenciales dedicados al tráfico y trata de personas. La política migratoria ha sido una larga cadena de decisiones infortunadas: la desaparición de la Policía Federal como autoridad coadyuvante en materia de control migratorio fue una lamentable decisión que destruyó capacidades institucionales.
El erróneo despliegue de la Guardia Nacional, como muro fronterizo, además de graves violaciones a los derechos humanos, no ha impedido que nuestro país se convierta en un territorio de riesgo extremo para el tránsito de quienes migran. Las tragedias que se han dado en varias partes del país han convertido a este sexenio en el más letal: más de 55 migrantes murieron en Chiapa de Corzo en 2021, en Texas se halló un tráiler con 51 migrantes muertos en 2002, en febrero de este año 17 personas fallecieron cerca de Puebla, y en marzo se dio la trágica y dolorosa muerte de 39 personas en Ciudad, Juárez.
Las fosas con migrantes asesinados empiezan a surgir por todo el país. En el kilómetro 13 de la carretera Tijuana-Tecate fueron descubiertos cuatro migrantes muertos este mes de septiembre y en este mismo lugar, en agosto, se encontraron otros cinco cadáveres de migrantes. Las múltiples rutas de la muerte que hay en Baja California se replican por todo el país. Quienes migran, una vez que se internan en territorio mexicano son víctimas de autoridades coludidas con grupos criminales, bandas de polleros, elementos de la Guardia Nacional que hostigan y violentan y caminos de alto riesgo.
Las personas migrantes son hoy uno de los nuevos negocios de los cárteles mexicanos, los cuales cuentan con poder global y con una fuerza de tarea superior al de algunas de las grandes empresas nacionales. Hoy en día, el crimen organizado es el quinto empleador de nuestro país y cuenta con un ejército flexible y fluido de al menos 175 mil elementos. El creciente control de nuestros territorios por parte de los grandes cárteles es desmedido, ante la indiferencia de un gobierno incapaz de desplegar una estrategia de seguridad nacional, que frene la creciente ola de violencia y muerte que recorre México todos los días.
El presidente López Obrador ha sido el principal arquitecto de una política migratoria desastrosa. Con sus erróneas decisiones ha destruido capacidades institucionales y con su desprecio a nuestras leyes ha convertido las legítimas aspiraciones humanistas de nuestra Ley de Migración en letra muerta. A raíz de la tragedia de Ciudad Juárez, que representó una fuerte llamada de atención a las autoridades, se buscaron chivos expiatorios, se fabricaron excusas y se garantizó la impunidad plena y absoluta del titular del INAMI.
Las ideas presidenciales en materia migratoria son francamente delirantes. El presidente supone que la exportación de programas que él considera exitosos como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, contendrá los crecientes flujos migratorios. En su mente reducida considera que toda migración tiene motivaciones exclusivamente económicas.
La dinámica migratoria de este milenio es muy diferente a la del siglo pasado. Hoy migran familias completas que conforman caravanas y no solo hombres solos que dejan a sus familias. Causas como el cambio climático que obliga al desplazamiento de poblaciones, la violencia de la delincuencia organizada transnacional o la inestabilidad política de gobiernos autoritarios y corruptos causan nuevas oleadas migratorias que están siendo incontenibles.
No hay señales de esperanza con respecto a nuestra política migratoria. La falta de albergues y la total carencia de apoyos a organizaciones de la sociedad civil, que realizan labores altruistas en favor de las personas migrantes, han causado una crisis humanitaria fuera de toda proporción. Las personas viven hacinadas, en condiciones inhumanas, con autoridades que las hostigan, criminalizan y violentan, si es que sobreviven al asedio y a la violencia de la desbocada e impune delincuencia organizada.
Se ha apostado, en este sexenio, por pasarle la bomba de tiempo al próximo gobierno, tal como sucederá con la monumental deuda de 16 billones de pesos que todas y todos tendremos que pagar. En lugar de invertir en infraestructura fronteriza para el control y la movilidad de personas migrantes, se han dilapidado recursos públicos en obras de relumbrón sin impacto económico significativo en las comunidades, pero con ganancias demenciales para los secuaces del presidente. En lugar de aplicar con firmeza los principios humanitarios de nuestra legislación en materia de migración y refugio, se han tomado decisiones que han causado muerte, destrucción y desesperanza.
El humanismo mexicano no se ve reflejado en el trato a las personas que migran. Nuestra política es francamente incongruente: demandamos a otras naciones un trato digno y humano que somos incapaces de dar a las personas que migran en nuestro país. La migración es hoy un derecho humano fundamental y una legítima aspiración. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Este gobierno ha destruido nuestra histórica vocación humanitaria y ha dinamitado las capacidades administrativas y operativas de las áreas encargadas de gestionar una migración ordenada, segura y regular. Hoy, quienes migran, están perdiendo la esperanza, una esperanza que, de cara al año 2024, está cambiando de manos, porque quienes hoy gobiernan están destruyendo los sueños de una gran nación, así como los sueños de quienes transitan por nuestro territorio.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC