Pregunta: ¿La apología del delito es un delito? En los últimos tiempos, la música regional mexicana, los llamados corridos tumbados y el regetón, han experimentado una creciente controversia debido a ciertos artistas de estos géneros que se destacan por sus letras explícitas y controvertidas.
El reciente caso de la cancelación del concierto de Peso Pluma, Natanael Cano y Fuerza Regia en Tijuana ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la relación entre la libertad de expresión, la seguridad pública y la responsabilidad de las autoridades.
Para comprender adecuadamente este incidente, es crucial tener en cuenta los antecedentes. Estos tres intérpretes son conocidos por sus canciones que abordan temas relacionados con el narcotráfico, la violencia y la cosificación de las mujeres, formando parte de lo que se ha denominado la “cultura del narco”.
En varios estados y municipios de México, especialmente en regiones afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado, los conciertos de estos artistas han sido sancionados o cancelados. Ejemplos de ello se pueden encontrar en el estado de Chihuahua, gobernado por la panista María Eugenia Campos, y en varios municipios de Quintana Roo, bajo la administración de la morenista Mara Lezama Espinoza.
Uno de los antecedentes más relevantes es la cancelación de la presentación de Peso Pluma en Tijuana, la cual se produjo después de la aparición de carteles y mantas que, presuntamente, se atribuyeron al Cártel Jalisco Nueva Generación y que contenían amenazas. Tras estos hechos, Peso Pluma no solo canceló su actuación en Tijuana, sino que modificó drásticamente sus apariciones públicas durante el resto del año, lo que indica un evidente temor por su seguridad.
Independientemente del género musical al que pertenezcan estos intérpretes, las autoridades tienen la obligación fundamental de garantizar la seguridad de ellos, de sus equipos y del público que asiste a sus eventos. La cancelación de espectáculos no debería ser la respuesta predeterminada ante amenazas o controversias. En su lugar, es esencial asegurar las condiciones necesarias para que se ejerzan los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el libre tránsito y la libertad de reunión, tal como lo establecen nuestra Constitución y las leyes vigentes.
Es vital recordar que la cancelación de conciertos no aborda la raíz de los problemas subyacentes, como la violencia y el crimen organizado. Más bien, crea un ambiente donde la censura y el temor prevalecen sobre la libertad artística y de expresión. Como sociedad, no debemos pasar por alto este tipo de situaciones ni normalizar la censura estatal. La seguridad de todos los ciudadanos, incluidos los artistas, es una responsabilidad del Estado y de las autoridades. Esto implica abordar los problemas de fondo, fortalecer la seguridad pública y garantizar que todos puedan ejercer sus derechos de manera segura y libre en un país democrático y justo. Necesitamos el fortalecimiento de la cultura de la paz. Eso pienso yo.
¿Usted qué opina? La política es de bronce.
@onelortiz