Hace algunos años expresé unas palabras acerca del destacado papel que corresponde desempeñar a la Suprema Corte de Justicia de Nación y en general al Poder Judicial Federal, en el proceso de consolidación de nuestra democracia. Hoy las retomo, con algunas variantes, pues considero que siguen siendo aplicables a nuestro entorno jurídico.

El concepto “democracia”  entendido no solamente desde el punto de vista teórico, como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un valor fundamental e indispensable del Estado de Derecho.

El Estado Democrático de Derecho supone un respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los gobernados; a los principios de: supremacía constitucional, legalidad y división de poderes, partiendo del supuesto de que la soberanía radica esencialmente en el pueblo.

La democracia, exige un adecuado control de la constitucionalidad de los actos emitidos en ejercicio de los poderes públicos, en virtud de que la Ley Suprema y la legislación secundaria, no sólo emanan de los órganos de representación, sino deben ser interpretadas acordes al beneficio del pueblo que directa o indirectamente las ha inspirado.

La esencia de la democracia jurídica requiere la estructura y delimitación de un sistema que comprenda el respeto a los Derechos Humanos, y de manera concomitante, los medios para restituir o resarcir el menoscabo, daño o perjuicio sufrido en su esfera jurídica, derivada de la actuación de los órganos y autoridades del Estado.

La existencia de este tipo de derechos, permite que la búsqueda de condiciones igualitarias en la sociedad se posibilite cada vez más.

De esta manera, aun cuando formalmente los ordenamientos establezcan los derechos de la sociedad, si no existen mecanismos de protección o si no tienen auténtica eficacia, se apodera del grupo social la desigualdad, la incertidumbre y la desconfianza, haciendo tortuoso el ejercicio de las facultades de las autoridades del Estado.

Parte primordial para que los sistemas normativos se apliquen de manera eficaz, es la existencia de condiciones de acceso por parte de la población a los órganos encargados de la administración e impartición de justicia.

Surge entonces la instancia que dirime conflictos entre los poderes, o entre éstos y los ciudadanos: el Poder Judicial de la Federación, que se convierte en un actor indispensable, para la consecución de una auténtica democracia y el establecimiento de una convivencia pacífica y armónica, esto es, la preservación de condiciones de gobernabilidad en el país.

Este nuevo rol en la vida política nacional se ha visto reforzado con las diversas reformas constitucionales, que han ampliado las facultades de la Judicatura Federal, y sobre todo las correspondientes a la Suprema Corte.

Se erige el máximo Tribunal como el punto de equilibrio para la resolución de los conflictos que surgen entre los Poderes y sus diversos ámbitos de competencia. También los derechos de las minorías en órganos legislativos, las cuales argumentan razones jurídicas para evitar ser avasallados por la postura mayoritaria.

Lo anterior, aunado a la facultad para resolver conflictos surgidos con motivo de la aplicación de las leyes ordinarias, permite apreciar con nitidez el decisivo papel del Poder Judicial.

Procedimientos que han motivado la creación de una rama especializada del Derecho denominada: Derecho Procesal Constitucional.

Bajo la nueva concepción de nuestro orden constitucional y con las atribuciones otorgadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permitieron convertirse en un nuevo actor jurídico-político que antes se mantenía al margen, pues hoy cuenta con facultades para resolver sobre la constitucionalidad de actos emanados de órganos y autoridades y de los propios poderes públicos, lo cual la ubica con el rango y características de un verdadero Tribunal Constitucional.

La evolución del sistema jurídico de control de la regularidad constitucional, en la actualidad, ha cerrado un círculo antes incompleto, en tanto permite la defensa integral de la supremacía constitucional: mediante el juicio de amparo, se atiende a la defensa de los derechos humanos y fundamentales; a través de las controversias constitucionales, se garantiza la división de poderes y la distribución competencial entre Federación, Estados y Municipios; y, mediante la acción de inconstitucionalidad, se fortalece la participación plural y democrática de los integrantes de los órganos legislativos. Esto último además de la posibilidad de impugnación que se otorga a los partidos políticos y a otros sujetos legitimados en materia de leyes electorales.

Los caminos divergentes que conforme al anterior modelo de Estado, seguían la política y el Derecho, hoy, bajo el nuevo orden jurídico, permiten que, vía jurisdicción constitucional, se resuelvan cuestiones estrechamente relacionadas con la política y el derecho. En este sentido, la Suprema Corte es garante de la efectiva división de poderes, de la vigencia del federalismo, y de la defensa de la dignidad humana.

Todo lo anteriormente señalado da solidez y prestigio al máximo Tribunal y al Poder Judicial Federal, aunado al hecho de que la sociedad mexicana aprecia que los conflictos y controversias que se presentan a su consideración serán resueltas con la certeza de que la imparcialidad, y los principios de equidad e igualdad procesales, se respetan estrictamente.

Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo asumen el desempeño de sus funciones, a través de elecciones directas mediante el ejercicio del sufragio universal; también lo es que no se observa este sistema en la designación de jueces, magistrados y ministros, pues la legitimación por parte de los servidores públicos del Poder Judicial, se alcanza día a día a través de las resoluciones que emiten sobre las diversas controversias sometidas a su jurisdicción.

Cuando esta función se realiza adecuadamente, el juzgador legitima su actuación y es vínculo de cercanía entre el pueblo y la justicia que éste exige.

En este contexto, es dable afirmar válidamente que el Poder Judicial Federal en general y, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cotidianamente se esfuerzan en cristalizar el sueño que Morelos, expresara en este pensamiento: “…lo fundamental es un Poder Judicial Independiente y capaz de hacer de la ley, límite y espacio de la libertad”.

La autora es ministra en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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