Las y los mexicanos nos habíamos acostumbrado, desde la década de los setenta, a padecer frecuentes y brutales crisis de final del sexenio. Esta espiral de destrucción de las finanzas públicas y de patrimonios personales y familiares cambió con la llegada del nuevo milenio. Los últimos tres sexenios no habíamos padecido esas nefastas crisis, pero este panorama optimista está a punto de cambiar, gracias a un irresponsable paquete de ingresos y gastos.
Hacia el final del sexenio, las promesas presidenciales de campaña se quedaron en viles engaños, que permitieron obtener los votos que llevaron a este gobierno al poder. El paquete de ingresos para 2024 echa por tierra varias de las promesas repetidas hasta el cansancio desde el púlpito mañanero. Para el año 2024, se prevé una deuda de casi 2 billones de pesos, lo que representa un balde de agua fría para los millones de personas que ingenuamente creyeron que el presidente no endeudaría a México.
Tan solo a lo largo de esta administración la deuda histórica habría subido un 50 por ciento, a pesar de las promesas presidenciales. Así, la deuda heredada a las próximas generaciones equivaldría a más de 15 billones de pesos, con lo que López Obrador pasará a la historia como el presidente que, en términos absolutos, ha endeudado más a México.
Pero las malas noticias no terminan ahí. El gobierno también ha traicionado sus promesas de no subir impuestos. Ahora los ahorradores verán mermadas sus exiguas ganancias, ya que la tasa aprobada de retención al ahorro será de 1.48 por ciento, cerca de nueve veces más de la que se tiene este año con 0.15 por ciento y mayor a la de 2022 de 0.08 por ciento.
Este apetito recaudatorio se suma al dispendio ya causado por las Empresas Productivas del Estado, las cuales reciben cuantiosos subsidios para garantizar su supervivencia. Pemex es hoy la empresa más endeudada del mundo, teniendo que refinanciar las líneas de crédito para evitar su quiebra definitiva.
El gobierno ha decidido romper la férrea disciplina financiera que lo había caracterizado y ha apostado por un déficit fiscal de 1.8 billones de pesos, lo que equivale al 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto. La ruptura de la disciplina financiera colapsará las finanzas públicas en 2024 heredándole al gobierno entrante una bomba de tiempo que no podrá desactivar, a menos de que contrate más deuda o de que deje de asignar recursos a una enorme cantidad de programas presupuestarios.
El grueso de los ingresos previstos se destinará a los proyectos faraónicos del presidente y a los programas sociales clientelares, que, en pleno año electoral, serán garantía para manipular al electorado con amenazas de que, si la oposición gana, los programas se terminarán, a pesar de que la misma oposición votó a favor de que los programas se elevarán a rango constitucional.
Además del oneroso costo de políticas clientelares con efectos marginales, que aumentarán de forma importante la oferta monetaria, el programa para adultos mayores contempla un “pequeño” guardadito de 50 mil millones de pesos. Un excedente disfrazado, basado en una artera sobreestimación del universo de beneficiarios. Con estos recursos adicionales, más el saqueo de los fideicomisos del Poder Judicial se creará una bolsa para operar la gran elección de Estado. Por otro lado, la creciente oferta monetaria tendrá también un impacto negativo sobre el peso, obligando a que el Banco de México adopte medidas urgentes de política monetaria, como puede ser el alza de las tasas de interés.
Para 2024 se dará el ya usual incremento en cuotas y tarifas de diversos servicios gubernamentales, todo bajo el eufemismo de que se trata de actualización en función de la inflación. El impacto de este aumento se sumará al de los precios de bienes de la canasta básica, con un supuesto súper peso que no alcanza para lo mínimo elemental, mermándose así los ya exiguos ingresos familiares.
Por si fuera poco, el paquete de ingresos se basa en estimaciones irreales sobre la inflación, la paridad peso dólar y el precio del barril del petróleo, lo que puede llevar, hacia la segunda mitad de 2024, a un déficit en las finanzas públicas, como ya sucedió en este 2023, con un boquete que se está tratando de rellenar con la ordeña de los fideicomisos de las y los trabajadores del Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial estamos ante una nueva mentira presidencial porque, a pesar de que se dice que no se afectarán derechos; sí se hará.
La deuda que se heredará a las futuras generaciones es una onerosa carga de 70 mil pesos que cada ciudadana y cada ciudadano cargará sobre sus hombros. Esta deuda no es para detonar el crecimiento, ni para invertir en ambiciosos y realistas proyectos de infraestructura, ni para sacar a los pobres de la pobreza, ni para garantizar salud universal de calidad o de una mejor educación para la infancia. La deuda servirá para aumentar los recursos a programas abiertamente insuficientes como Sembrando Vida y en programas que han tenido efectos adversos en el campo y en la productividad, precisamente en un momento de sequías atípicas y falta de inversión en infraestructura hídrica.
Con los impuestos a los ahorradores, en lugar de impulsar la cultura del ahorro, se llevará a que las y los ahorradores inviertan en otro tipo de instrumentos. La última y más lamentable promesa que este gobierno no cumplió ni cumplirá es darle un lugar prioritario a las y los pobres de México, porque con las propuestas de ingresos y gastos gubernamentales, en lugar de darles un futuro de libertades y prosperidad, les ofrecen ser rehenes y esclavos de un Estado autoritario. Hoy, el Estado mexicano, en lugar de cumplir sus funciones mínimas esenciales, dilapida día a día los recursos de todas y de todos, para alimentar egos y proyectos de personajes políticos que hoy, ya son francamente impresentables.
La autora es denadora por Baja California, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.