Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho y de la IBERO. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: la extinción de fideicomisos de la SCJN.
Elisur Arteaga Nava
Retroceso para la administración de justicia
Por María José de Alba, ELD
La Cámara de Diputados aprobó este 17 de octubre la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del PJF. Dichos fideicomisos tienen diversos objetivos, entre ellos, el pago de pensiones complementarias, prestaciones médicas y divulgación de jurisprudencia.
La extinción de dichos fideicomisos repercute no solamente en los derechos laborales y en los derechos adquiridos por trabajadores del PJF, sino que también afecta directamente a la propia administración de justicia.
Nuestro presidente estableció que no van a salir perjudicados los trabajadores, sino que lo que se busca es eliminar los privilegios de los ministros y magistrados, o como en sus palabras diría “los de arriba”. ¿Si solo afecta a “los de arriba” porque se están manifestando cientos de trabajadores en más de 20 ciudades del país? ¿Por qué hay un paro de labores desde el 19 de octubre?
Aquí tenemos tres temas. Primero, la desaparición de fideicomisos afecta las prestaciones laborales y derechos adquiridos de más de 55,000 empleados del PJF. Esto no solo los perjudica a ellos, sino que a nosotros. El Paro Nacional de laborales afecta a los ciudadanos debido a la suspensión de plazos y tramitación de amparos en solo casos excepcionales.
Segundo, parece la cereza del pastel que dichos fondos serán destinados al Plan Nacional de Desarrollo. A partir del decreto de desaparición de los fideicomisos, -de forma muy casual -los diputados de Morena impulsaron la creación de fideicomisos para la SEDENA y la Marina a fin de destinar recursos a la construcción del Tren Maya.
Tercero, el acceso a la justicia de forma pronta y expedita es un derecho humano. El PJF debe de ser un lugar atractivo para trabajar, nuestros administradores de justicia deben de estar preparados y ser capaces de brindar este servicio de forma efectiva. La desaparición de fideicomisos nos deja en un panorama desalentador para la justicia en México.
Fideicomisos del Poder Judicial De La Federación
Por Arturo Yamil Alvarado Díaz Slim, ELD
17 de octubre de 2023 – Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el Dictamen que hoy en día causa revuelo: desaparecer, por vía de una adición al artículo cuarto transitorio de su Ley Orgánica, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (“PJF”). Más allá de las discusiones políticas y constitucionales que ya han sido harto abordadas por personas más expertas que el de la pluma, en el presente texto, se pretende exponer, en sintetizadas líneas, los fideicomisos per se y sus finalidades.
Existen actualmente 14 fideicomisos: 6 pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), otros 6 al Consejo de la Judicatura Federal (“CJF”) y 2 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (“TEPJF”), todos los cuales son consultables en el apartado de transparencia de la página web de la SCJN.
Los fideicomisos que corresponden a la SCJN atienden el pago de pensiones y prestaciones médicas, así como el manejo presupuestario derivado de productos ofrecidos por el mismo tribunal constitucional y una inversión en investigación jurídica.
Por otro lado, los que tocan al CJF tienen por objeto, entre otros, el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces (cabe señalar que por causa de traslado de domicilio por nombramiento), pensiones, apoyos médicos e incluso, inversión de infraestructura en centros de justicia penal, que harto hace falta.
En lo que hace al TEPJF, sus fideicomisos tienen por objeto el apoyo médico para servidores públicos del PJF, con excepción de aquellos del SCJN, así como un fondo mixto para un programa de cooperación electoral entre México y España dedicado a la investigación y academia en la materia.
Así, basta con dar lectura a los contratos de fideicomiso, para vislumbrar que no, como pretende el Ejecutivo decir, mantienen en el privilegio a 11 ministros.
Twitter: @arturoyamilads
La independencia judicial en la era de la persecución política
Por Solange Estrada Maqueo, ELD
Hace unos días vimos marchar a miles de personas en Reforma. Algunos funcionarios del Poder Judicial Federal, académicos e incluso muchos abogados quienes a diario hacen uso del servicio que este Poder de la Unión brinda. Todos marchando unidos por un mismo propósito: la defensa de la independencia judicial.
Muchos se preguntarán qué relación tiene una cuestión con la otra. ¿En qué parte de la independencia judicial puede incidir la eliminación de fideicomisos? Y la respuesta a esta pregunta es que la eliminación de fideicomisos, y, por lo tanto, la reducción de las prestaciones adquiridas por los trabajadores del PFJ, tiene todo que ver con el ideal de independencia que se espera de nuestros jueces y magistrados.
El encargo del juez es de vital importancia. Nosotros como sociedad le otorgamos la facultad de resolver los problemas jurídicos más importantes y, cómo dice el Tío Ben, “un gran poder conlleva una gran responsabilidad” y, deberíamos agregar que esto debe incluir una adecuada remuneración.
Si nosotros le impedimos a los servidores públicos contar con seguridad laboral y económica no podemos asegurar su imparcialidad e independencia. Responderán a intereses económicos y personales. Si no pueden tener calidad de vida a partir de su salario, ¿qué les impide buscar una manera distinta de ganarse la vida?
Dejemos de lado si buscarían o no formas ilícitas de hacerse con dinero y preguntémonos en principio, ¿qué personas estarían llegando al poder? Quienes tengan talento y estén dispuestos a trabajar arduamente no van a aceptar un salario que no les dé para comer, por más vocación pública que tengan.
Es por eso que debemos preguntarnos ¿qué clase de jueces queremos? Y ¿cómo nos aseguramos de que cumplan con su deber constitucional de independencia e imparcialidad?
X: @solangeesm
El precio de la independencia judicial
Por Javier Antonio Martínez Quintanilla, IBERO
Quizá, en Palacio Nacional, las noticias, las historias y las ocurrencias pueden varían de semana en semana. Pero la fórmula que las alimenta a todas se mantiene impoluta: el Ejecutivo y el Legislativo, en ciega ejecución del antojo presidencial, portando una bandera imperiosa, embisten a alguna institución tan perfectible como necesaria para la democracia mexicana. Pero, en esta ocasión, tanto el receptor del golpe como el golpe per se, para muchos, rebasó la línea.
A menos de un año del cambio de sexenio, atestiguamos la que ha sido, a juicio del suscrito, la mayor embestida intentada por la actual administración pública, en contra de la democracia y la división de poderes. En este caso, en contra de un Poder de la Unión.
El pasado martes 17 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se reformarían disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo cual extinguiría 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), destinados a distintas necesidades y prestaciones laborales del grueso del personal operativo.
La intención no es replantear sus finanzas para redistribuirlas en favor del interés público. La intención es simple: golpear al Poder Judicial de la Federación. Caro le está resultando ser de los últimos y más poderosos peldaños que se resiste a portar banderas; especialmente la guinda.
Entretanto, ya salió la Corte y el Consejo de la Judicatura a rendir cuentas, evidenciando que los recursos no son para bolsillos de altos mandos. Ya se suspendieron labores del PJF por más de una semana, a nivel nacional. Ya salieron a manifestarse, con justa razón, miles de trabajadores para reclamar sus derechos. Sin embargo, el desenlace pintaba evidente: el Senado resultó un dominó más.
¡Nos vemos en la Corte!
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