“España: más de 400 mil víctimas sexuales en la iglesia católica” Esto sucedió en el lapso que corre de 1970 a 2020 (La Jornada, 28 de octubre de 2023). Otro diario fija el número de víctimas sólo en 200,000 (Reforma 28 de octubre de 2023). Sean cuatrocientos o doscientos mil, son muchos para un solo país y en tan corto tiempo.

Los escándalos sexuales han rodeado a la iglesia católica. Esto ha sido así desde siempre; rectifico: desde que existen testimonios escritos. Se ha producido un cambio: ahora se habla de lo que en el pasado era un secreto o debía serlo. Hoy se habla en público de lo que los religiosos hacen en privado. En respeto del principio de presunción de inocencia, afino mi dicho: pudieran ser muchos, no todos. Siempre hay excepciones.

El que vivamos en una sociedad abierta y sujeta al escrutinio público ha introducido un cambio en esta materia. La iglesia católica ya no es la institución inmaculada que aparentó ser durante siglos y en sociedades en que gozaba de un virtual monopolio religioso, como era el que tenía en algunos países de Europa y América Latina. Tampoco es la institución intocable que era.

Los abusos sexuales de parte de los religiosos siempre se han dado, sólo que ahora se habla abiertamente de ellos. Lo que antes era un secreto a voces. La iglesia católica ha perdido parte de la influencia y ascendiente que tuvo sobre las autoridades y la sociedad.

El encubrimiento que los superiores e, incluso, el que brindan a los sacerdotes pederastas los propios colegas, se pretende explicarlo atendiendo al espíritu de solidaridad, al deseo de preservar el crédito de la institución en un mercado religioso que se ha vuelto altamente competido.

También se explica por razones de amistad del obispo con los curas acusados; por considerar que quienes denuncian un abuso sexual carecen de criterio para discernir entre atención y acoso; entre insinuación y abuso sexual.

Antes era buen pretexto para no actuar el que los obispos siguieran ejerciendo su ministerio a pesar de su avanzada edad. Juan Pablo II, ahora santo de la iglesia católica, por su avanzada edad no actuó contra Marcial Maciel a pesar de que eran públicos y notorios sus abusos sexuales.

Durante mucho tiempo se consideró que las acusaciones provenían de miembros de la masonería; que se formulaban con el ánimo de desprestigiar a la iglesia católica. Ese expediente ha dejado de ser útil.

Se ha explicado el fenómeno de los abusos sexuales en el hecho de existir el celibato sacerdotal. Éste pudiera explicarlo, pero no justificarlo. Como la supresión del celibato va para largo, es de esperarse que en el futuro operen los sistemas de control, vigilancia y denuncia internos y que las autoridades: ministerio público jueces sean diligentes en investigar, perseguir y sancionar a los infractores.

En ese contexto no son explicables y sí reprobables los abusos sexuales por los que ha sido condenado Naasón Joaquín García, líder de la iglesia la Luz del Mundo y por los nuevos procesos que se le han abierto. Denota una mayor peligrosidad aquel que teniendo mujer e hijos, abusa de su autoridad moral y se atreve a abusar sexualmente de menores. Ninguna atenuante puede invocar quien goza de ese estado e incurre en esos ilícitos.

Durante la celebración del Constituyente de 1917, al discutirse el actual artículo 130 constitucional, el diputado ________, en la sesión ___ celebrada _____ , con el fin de evitar que los sacerdotes se metieran con la mujeres de los feligreses, que para que los sacerdotes pudieran ejercer su ministerio, propuso que fueran casados. Fue un exceso. La moción fue rechazada bajo un argumento pueril pero algo eficaz_______, pues ya se vio que Nassón García, a pesar de ser casado, incurrió en la comisión de diversos delitos sexuales.

Son las iglesias, como personas morales que son y con patrimonio propio, las que deben responder en forma solidaria con el inculpado de la condena que en su caso se imponga. Dado a que por mandamiento constitucional los templos, curatos, obispados y demás bienes inmuebles son propiedad de la Nación, un expediente a la disposición de las autoridades para obtener los fondos para cubrir las penas económicas que se impongan a las iglesias para sancionar los abusos sexuales, pudiera ser intervenir los depósitos, urnas y cajas en las que los fieles depositan sus limosnas, ofrendas y donativos.

En los Estados Unidos de América muchas diócesis se han visto obligadas a vender sus inmuebles para estar en posibilidad de pagar las penas pecuniarias a las que han sido condenadas por los abusos en que han incurrido los sacerdotes.

Penas de esa naturaleza, que repercuten en el bolsillo de los religiosos y que inciden en la parte que se entrega al papa, pudiera ser una forma de obligar a los obispos a ser celosos vigilantes de los sacerdotes a su cargo y que pudiera derivar en obligarlos a denunciar y a no encubrir a los abusadores y ponerlos a disposición de las autoridades civiles.

Los jerarcas religiosos deben tener conciencia de que viven y desempeñan su ministerio en una sociedad abierta y sujeta el escrutinio público y que no gozan de ningún fuero o privilegio que los ponga al margen de la Ley.

En una sociedad abierta todos, incluyendo obispos, directores de escuelas, jefes de personal y padres de familia debemos estar vigilantes de que los sacerdotes, profesores, empleados, trabajadores o hijos o personas sujetas a la patria potestad no incurran en delitos y, en especial, en abusos de menores y, en su caso, denunciar a los infractores con la debida oportunidad.

Los delitos se reducirían y los crímenes sin castigo se reducirían si todos cumplimos nuestra responsabilidad de vigilar y de denunciar.

La tragedia de este mundo está en algo que ha quedado en evidencia: que nada, ni el temor al infierno, ni la promesa de una vida eterna y el asumir un compromiso religioso con convicción y entereza, es capaz de vencer el instinto sexual en sus diferentes manifestaciones.