Una vez más el presidente expresó su deseo de gobernar de manera absolutista sin contrapesos de los otros dos poderes y menos aún de los Organismos Constitucionales Autónomos. En su acostumbrada sesión de informar sobre sus propósitos, en la mañanera del lunes pasado el pretendiente a dictador anunció que enviará una iniciativa para desaparecer a los Organismos autónomos de la Constitución.
A partir del siglo XVII con el desarrollo del constitucionalismo moderno los gobiernos dejaron de ser absolutistas, ya no más el gobierno de una sola persona, crearon la División de Poderes para compartir el poder, dividir las cargas gubernativas y establecer un equilibrio logrado a través de la función de cada uno de los tres poderes que evita el abuso del poder por parte de cualquiera de los otros, eliminando con esto las decisiones unipersonales y la toma de decisiones arbitrarias y sin control.
Ahora bien, además de la división de poderes en la mayoría de las democracias modernas han sido instituidos en nuestra Ley Suprema, los Organismos Constitucionales Autónomos, OCA’s como se les conoce, nacen debido a que la división de poderes dejó de ser suficiente para evitar actos nocivos a los ciudadanos, como lo es la corrupción y el tráfico de influencias, además, en un intento por crear sectores especializados que brinden mejores atenciones, sean transparentes y controlen los proyectos.
Estos órganos pretenden limitar las arbitrariedades y las malas prácticas de los poderes tradicionales, que con sus malas maneras y actos generaron desconfianza en la sociedad y en las instituciones de gobierno, por lo que a fin de eliminar esas malas prácticas y de brindar servicios especializados, estos órganos aún continúan existiendo en la mayoría de los países democráticos.
Originalmente la creación de estos OCA’s se encontraba justificada con la necesidad de crear órganos dedicados especialmente a la defensa de los derechos fundamentales, motivo por el que se dictaron normas jurídicas constitucionales a fin de dotarles de independencia en su estructura orgánica y así ejercer una función pública fundamental, y que por razones de su especialización e importancia social requería la autonomía del órgano creado respecto de los clásicos poderes del Estado. Por ejemplo: garantizar el respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos, la legalidad y legitimidad del proceso electoral, además de la rendición de cuentas y la transparencia de diversos entes a través de la CNDH; del INE y el INAI, forman parte de procesos colectivos que mejoran el sistema constitucional.
La creación de estos OCA’s en México se produjo en dos etapas durante la primer etapa surgieron los primeros cuatro órganos constitucionales, los cuales fueron reconocidos como tales en la Constitución: el Banco de México (BANXICO), el primero de abril del año 1994, el segundo fue el Instituto Federal Electoral (IFE), el veintidós de agosto del año 1996 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el trece de septiembre del año 1999. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año 2006, fue reconocido como un órgano autónomo constitucional.
Con el reconocimiento de estos órganos como autónomos a rango constitucional se inició una nueva época en la estructura política y constitucional de México, el presidente deja de ser el ente principal, para compartir facultades, actividades y poderes.
La segunda etapa de estas reformas se iniciaron en el año 2012, el primer órgano que se determinó autónomo fue el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) el dieciséis de mayo del año 2012, le siguió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el diez de septiembre del año 2013, junto con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) el siete de febrero del año 2014 junto con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); finalmente el diez de diciembre del año 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) entró a la lista de órganos constitucionales autónomos.
Estos órganos que han lograron su autonomía a través de diversas reformas constitucionales y no pertenecen a un sector en específico dentro del país, lo que demuestra la creciente necesidad de crear órganos especializados encargados de dar soluciones a problemáticas muy diferentes entre sí, pero necesarias para el buen funcionamiento de la gobernanza.
La ciudadanía mexicana necesita instituciones que atiendan sus demandas, que resuelvan los problemas y que se empeñen hasta lograrlo, actualmente los OCAs son los contrapesos más comunes de los tres poderes y el reto más grande que se presenta en este momento es que continúen siendo ese contra peso que no permite arbitrariedades, no deben ser comparsa del presidente ni de ningún órgano de gobierno, porque entonces se caería en una simulación.
Defendamos al INE, al INAI y a la CNDH para que vuelva a cumplir con el objetivo que le dio origen. En México tenemos la urgente necesidad de despertar a ese gigante que es la Sociedad Civil, no como una moda, sino porque una auténtica democracia va más allá del ejercicio electoral; supone una participación real de los ciudadanos en las grandes decisiones. Sólo mediante un verdadero ejercicio democrático, se consigue una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en la vida política, con objeto de promover la justicia social, luchar contra la corrupción y atacar de raíz las causas de la marginación. La participación de la sociedad civil en este momento es decisiva para que los diputados y senadores del Congreso de la Unión asuman el compromiso por el bien de todos y no solo con el presidente; movilizar a la sociedad para que llegue a la apropiación del país, a que sintamos que México nos pertenece, y que somos capaces de transformarlo en beneficio de todos y no solo de una persona y su facción.