Lejos de la realidad, el discurso anticorrupción de López Obrador trata de negar lo que ocurre en su gobierno. Sus repetidas afirmaciones acerca de que la corrupción ya se acabó –ondeando un pañuelo blanco–, choca en contra de las evidencias.
La carta de renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado (INDEP), fue el inicio de la serie de denuncias referentes a irregularidades que se han dado en el actual gobierno –a pesar del discurso presidencial–, pues en la misiva el exfuncionario denunciaba que “encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas, –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y, conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas al órgano interno de control”, además de que “por la manipulación de distintas piezas de joyería hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”.
Luego siguieron las denuncias en contra de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), acerca de la cual la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó denuncias por encontrar irregularidades por 150 millones de pesos, que van acompañadas por acusaciones de más ilícitos de parte de trabajadores de dicha entidad gubernamental.
Y la cereza del pastel es lo que ha ocurrido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), entidad a cargo de Ignacio Ovalle a quien se le ha señalado como parte de una estafa que involucra ya denuncias ante la FGR, de lo cual, como un simple botón de muestra de la magnitud del desfalco, –de acuerdo a una nota del pasado 17 de octubre en La Jornada– “el gobierno federal ha presentado 70 denuncias en contra de 87 personas físicas, derivado del caso Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); entre los acusados hay funcionarios públicos, empresarios, socios y abogados de empresas involucradas, explicó el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla”.
El entorno presidencial
También destaca en la crónica de la corrupción del actual sexenio lo que involucra a la familia del presidente. Su hijo mayor, José Ramón, fue evidenciado como habitante de una lujosa residencia en Houston propiedad de un contratista de Pemex –Baker Hughes–, la llamada Casa Gris, sin que se conozca hasta el momento en que trabaja.
Posteriormente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que “José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente de México, tiene su residencia particular en México en una casa en Coyoacán que es propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada, periódico que es uno de los 3 mayores contratistas publicitarios de la actual administración federal”.
De sus otros hijos –pues el más chico, Jesús Ernesto, es menor de edad y ha sido visto de regreso de Gran Bretaña, en donde fue a estudiar–, hay señalamientos de que son parte de un esquema para favorecer a sus amigos en contratos gubernamentales.
Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, se ha visto inmiscuido en operaciones irregulares, de acuerdo al recuento que hace MCCI, “dos días antes que López Obrador pusiera la primera piedra de la refinería de Dos Bocas, un amigo de su hijo Andy adquirió 18 hectáreas en un terreno contiguo a un precio de apenas 6 pesos el metro cuadrado, pese a que el valor comercial en esa zona ronda los 1,200 pesos el metro. El comprador del predio es Amílcar Olán, el mismo que recibió más de 490 millones de pesos del INSABI, mediante la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco”.
Posteriormente, Latinus reveló que Gonzalo López Beltrán “es el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya”.
Según se detalla en el reportaje, “es un negocio redondo que se hace a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los grandes consorcios encargados de construir los tramos del Tren Maya, a quienes Amílcar vende el balasto que necesitan”.
Más casos
De acuerdo a la organización Tojil, dedicada a investigar casos de corrupción en México, informó que “fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron formalmente a Javier Aguilar, exoperador de la empresa VITOL, de haber sobornado con más de diez millones de pesos a dos exfuncionarios de una filial internacional de Pemex a cambio de información privilegiada que les permitiera ganar contratos públicos”.
Se trata de una irregularidad que involucran a dos últimos gobiernos: “los pagos fraudulentos fueron transferidos a los funcionarios entre el 2017 y el 2020, es decir, en las administraciones federales de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador”.
De igual forma, Tojil dio a conocer que “durante casi seis años un funcionario del Tribunal Superior Agrario transfirió recursos del presupuesto de ese organismo hacia una cuenta bancaria controlada por él, sin que nadie lo descubriera. En total el implicado se depositó más de 6.5 millones de pesos a través de 138 transferencias ilícitas entre 2016 y 2022.
“Fue hasta mediados de 2022 cuando la Dirección de Recursos Financieros identificó que de la cuenta destinada para el pago de servicios de tribunales agrarios estaban saliendo recursos a dos cuentas ajenas que, tras una auditoría, se descubrió que eran de Luis Ángel Reyes Hernández, quien ocupaba la subdirección de Operaciones y Control Presupuestal”.
La respuesta del presidente López Obrador ante estas y otras denuncias ha sido la misma, negar los hechos, buscando que su palabra sirva para ocultar la corrupción que prometió combatir y que, finalmente, se ha convertido en una promesa incumplida, lo que muestra que la estrategia es tratar de encubrir lo que sucede en su gobierno y entorno familiar.