Lejos de amainar, los casos que muestran el lado más opaco y corrupto del actual gobierno federal siguen apareciendo y ya no hablamos sólo de las revelaciones de los negocios que, al amparo del poder, realizan los hijos del presidente y sus amigos, ni de la denuncia de Sanjuana Martínez, sino de temas que amplían el abanico de ejemplos en este ámbito.
La alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, denunció que fue expulsada de Morena por haber dado a conocer lo que llamó vinculación del gobierno estatal con el crimen organizado.
En una entrevista que concedió a Ricardo Ravelo, publicada el pasado 18 de enero en Sin Embargo, se comenta que “en el estado de Colima impera una guerra interna en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): la Gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, ha generado una división en su mismo partido debido a sus ambiciones personales, lo que la ha llevado a ligarse, presuntamente, con personajes de la delincuencia organizada, según denuncias que conoce muy bien la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia”.
La alcaldesa publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que “ahora que me llamó Mario Delgado para ‘expulsarme’ de Morena. Más digna me siento. Seguiremos trabajando alocadamente para nuestra gente de Manzanillo hasta el último día. Tengan confianza, nos guiamos por principios y nunca vamos a traicionar la confianza depositada”.
A lo anterior se suma el reportaje que dio a conocer Carmen Aristegui, redactado por su reportera Regina Diez Gutiérrez, en el que se dan a conocer varias irregularidades, costos y una posible doble tributación derivadas por la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.
En el texto se puede leer que “la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de suspender la construcción del NAIM ha provocado una cadena de irregularidades que abogados expertos en derecho aeronáutico consideran violatorias de las leyes del sector, al grado de que podría fincarse una responsabilidad penal por el delito de peculado contra las autoridades ejecutoras”.
Asimismo, el texto da a conocer que “este desvío -firmado a 30 años con los acreedores de deuda del proyecto de Texcoco- pone a los usuarios del AICM en riesgo por las malas condiciones que tiene el principal aeropuerto de México y América Latina, debido a la falta de recursos económicos para atender desperfectos y cubrir sus requerimientos operativos y de seguridad”.
El cálculo que se hace del daño patrimonial asciende, según el reportaje, a más de 196 mil millones de pesos. “La cifra de 196 mil 350 millones de pesos referida en este reportaje se calculó con la deuda total al 31 de diciembre de 2022 (previamente mencionada), más 35 mil millones, ‘monto acumulado de 2019 a 2022 por TUA recolectada vía fideicomiso’, de acuerdo con una respuesta que el mismo AICM mandó a este medio”.
Preocupación en redes oficialista
Otra noticia que se dio a conocer recientemente y que desnuda la utilización de un equipo en redes sociales que de manera coordinada apoya al lopezobradorismo y ataca a sus adversarios, tiene que ver con la denuncia que Banco Azteca presentó por terrorismo legal en contra de quien resulte responsable de la campaña orquestada en contra de la institución financiera.
En meses pasados, cuentas afines a la 4T promovieron un boicot a todas las empresas de Grupo Salinas, esto debido a las críticas que en Televisión Azteca y en la cuenta de Ricardo Salinas Pliego, dueño del corporativo, hicieron en contra de los libros de texto gratuito y sus contenidos.
La campaña incluyó la difusión de una supuesta quiebra del banco, además de ataques directos en contra de periodistas de Televisión Azteca y del propio Salinas Pliego, pero estos grupos que se coordinan en redes sociales no esperaban la respuesta de sus atacados, pues la denuncia legal por terrorismo fiscal provocó que la cuenta señalada de ser la principal coordinadora de los ataques, que se identifica con el usuario de Catrina Norteña, empezara a borrar mensajes en X en los que atacaba a las empresas de Grupo Salinas.
Distintos analistas y usuarios de redes sociales dieron a conocer no sólo el intento por esconder las pruebas, sino que además de compartir capturas de pantalla y las pruebas de que borraron mensajes en redes sociales, comentaron la manera en que estos grupos se coordinan y atacan a periodistas críticos, usuarios de redes que muestran alguna inconformidad y a todo aquel que no se someta a la línea de apoyar a la 4T.
Ricardo Salinas Pliego, en una entrevista con Jorge Garralda en Televisión Azteca, señaló al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de estar detrás de la campaña en contra de Grupo Salinas.
Otro tema relacionado con la manera en que se comporta la 4T en medios, tiene que ver con la salida de Azucena Uresti del noticiario de las 10 de la noche en Milenio Televisión.
Si bien la periodista no explicó abiertamente las razones de su salida, las frases “los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario #AzucenaALas10”, despertaron las dudas acerca de lo que hay detrás de su salida.
En su columna de El Universal, Héctor de Mauleón comentó que “el 8 de enero Uresti fue puesta a elegir. Como había ofendido al presidente, o dejaba Radio Fórmula, donde no podía ser controlada y con frecuencia emitía comentarios que lo hacían rabiar, o se acababa el noticiero de las 10 de la noche en Milenio, la casa donde Uresti había trabajado durante los últimos 20 años”.
Así, un nombre más se suma a la lista de periodistas que han perdido su espacio en distintos medios y las presiones que estos últimos sufren para modificar su línea editorial y favorecer de esta manera a una presidencia que no atina a evitar la corrupción, pero sí intenta ocultarla a cualquier precio.