Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.

En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, Universidad Panamericana y Autónoma Metropolitana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: independencia judicial.

Elisur Arteaga Nava

 

¿Afectan las mañaneras la independencia judicial?

Por Solange Estrada Maqueo, ELD

 

Hace unos días el juez federal Eduardo Osorio Rosado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares en contra de las llamadas mañaneras que lleva a cabo el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Juez Osorio, quien recientemente adquirió notoriedad al negarse a imponer prisión preventiva oficiosa al considerar que esta era inconvencional al violar la Convención Americana de Derechos Humanos, sostiene que la constante mención de nombres e información personal de los jueces y magistrados del Poder Judicial en las conferencias matutinas del Presidente inciden negativamente sobre el principio de independencia judicial, esto pues, dichas expresiones pueden llegar a condicionar las resoluciones de los juzgadores y juzgadoras de este país de manera que su vida privada no sea expuesta públicamente todos los días.

El principio de independencia judicial, especialmente relevante últimamente, es un valor rector de la división de poderes y, por lo tanto, de la República. Si no se cuenta con ella, no se puede contar con la seguridad de que los procedimientos contenciosos que se den en el país no quedarán completamente a la merced del gobierno en turno. De manera que esta pueda ser preservada, se requiere brindar protección a las decisiones de los jueces. Asegurándoles que el resolver de acuerdo a derecho no va a implicar la exhibición a su vida privada y del escrutinio público.

Por otro lado, podría decirse que esto se contrapone con la libertad de expresión. ¿Qué no ser juez implica, en cierta medida, la renuncia a un aspecto de su privacidad? Quienes defienden las mañaneras podrán decir que se trata de un ejercicio de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, ¿hasta dónde puede llegar lo anterior? En mi opinión, quienes conforman el Poder Judicial deben ser juzgados por sus sentencias y resoluciones, no por lo que decidan hacer en su carácter de ciudadanos (todo con su debida medida), menos aún cuando los ataques provengan de otro poder, quienes están obligados a respetar el principio de autonomía e independencia judicial.

Entonces, ¿qué debe prevalecer? Ya veremos que nos dice el Sistema Interamericano. Sin embargo, cómo en todos los casos, un balance pareciera ser el mejor camino. Debemos preguntarnos dónde está el límite y actuar de acuerdo con esto.

X: @solangeesm

 

 

México: ¿verdadero Estado constitucional democrático?

Por Santiago de Hoyos, UP

 

El sexenio del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, será recordado a lo largo del tiempo como un período que debilitó, e incluso menoscabó de manera sin precedentes, el principio de división de poderes. Desde su toma de protesta, el presidente no ha cesado efectivamente en su papel como líder del partido político Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Su influencia y peso en el Poder Legislativo son evidentes, aunque, sin ser justificables, no son ajenos a la dinámica política del país.

En días recientes, el presidente señaló durante su conferencia matutina al Juez de Distrito en materia penal, Eduardo Alberto Osorio Rosado, acusándolo de haber cometido prácticas de corrupción en ejercicio de sus funciones, al “favorecer a los delincuentes” a través de sus resoluciones. El juez, ejerciendo su derecho, no se quedó en silencio y replicó al presidente. Más allá del contenido de la réplica del juez, resulta preocupante que, en México, un país con una histórica tradición de independencia judicial, se estén produciendo este tipo de situaciones.

Como bien señala Loewenstein, “la independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que les han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, constituye la piedra angular en el edificio del Estado democrático constitucional de derecho”. La creación del Consejo de la Judicatura en la línea temporal constitucional del país marcó un hito cuya finalidad principal fue lograr la independencia del poder judicial frente a un poder ejecutivo omnipresente, evitando su intromisión en las funciones de los poderes de la unión. En concordancia con los principios del constitucionalismo liberal, se busca la independencia de los jueces no en beneficio propio, sino para que, mediante su independencia, estén exclusivamente sujetos a la ley, la cual representa la voluntad general del pueblo, y no a poderes externos.

Bajo la influencia de las ideas descritas en el párrafo anterior, los constituyentes estadounidenses de 1787 optaron por la inamovilidad de los jueces y una remuneración estable para estos, mientras que los constituyentes franceses de 1781 establecieron medidas de garantía como la elección de los jueces mediante procesos electorales. México, por su parte, ha seguido una trayectoria similar al buscar la independencia judicial, la cual, en aras de preservar el estado de derecho, no debe verse comprometida.

X: @sdehoyosguzman

 

A los jueces valientes se les castiga

Por Michelle Nava Ruiz, UAM

 

El juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que revise el sistema para la protección de juzgadores en México e investigue actos intimidatorios concretos que puedan llegar a constituir delitos, luego de ser exhibido en reiteradas ocasiones por el subsecretario de seguridad pública, Luis Rodríguez Bucio, en la sección “casos de jueces que favorecen a delincuentes” de la conferencia de prensa matutina dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que sus sentencias son adversas a los intereses de la justicia.

Recordemos que Osorio fue pionero en inaplicar la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, fue a partir de un caso en el cual determinó no vincular a proceso a una persona imputada por delitos en materia de hidrocarburos, que en 2022 recibió una amenaza directa en una narcomanta. Acudió a la FGR para presentar su denuncia, pero no le dieron el debido seguimiento.

En ese sentido, hay un doble amedrentamiento hacia el juzgador cuando también es acosado y señalado por el Ejecutivo. La división de los tres poderes se vuelve nula al no existir independencia judicial para emitir sus resoluciones libremente porque la consecuencia de que no se ajusten a lo que el Ejecutivo quiere, es sufrir constantes represalias. Resoluciones que, gusten o no, a través de ellas se aplica la ley, pues no buscan ser populacheras. Así, el escrutinio es a nivel nacional, muy agresivo cuando se le acusa de favorecer a delincuentes, y las pruebas se tergiversan hasta volverlas benéficas para su expositor.

Lo severo de la situación es que el juzgador ya contaba con una amenaza personal que quedó impune, y si sumamos las constantes intimidaciones a las que es sujeto durante las transmisiones en vivo, se vuelve blanco perfecto para aquél público que no esté de acuerdo con sus fallos.

Para rematar, del informe “cero impunidad” de la citada conferencia, se concluyó que en contra del juzgador, hay 2 quejas ante el CJF y 1 denuncia. Parecería entonces que, lo que busca el Ejecutivo es desacreditar al Poder Judicial y que a ojos del gobernado se vuelva despreciable. Pero lejos de sacar algún beneficio, lo único que ocasiona es poner en riesgo la vida de terceros y dividir al país: creó una bomba de tiempo.