Algunos de los que nos dedicamos al estudio de la Constitución Política, durante mucho tiempo censuramos a los legisladores mexicanos por el hecho de incorporar en ella muchas materias de naturaleza secundaria. Llegué a afirmar que la Carta Magna, a base de reformas, se había convertido en un mal reglamento. Me arrepiento, en parte, de haberlo dicho.

Reconozco ahora, con cierta pena, que fueron esas nimiedades, junto con otras materias que sí son fundamentales, las que salvaron nuestras instituciones democráticas durante el gobierno de AMLO, de Morena y de su mal llamada Cuarta Transformación. El edificio constitucional se cimbró y sufrió cuarteaduras, pero resistió y no se vino abajo.

Esas que consideramos como materias secundarias, que fueron elevadas a nivel constitucional a propuesta de la oposición con el fin de ponerlas al margen del manoseo sucio y grosero de los gobiernos priistas, son lo que salvaron nuestra incipiente democracia. Lo que es la vida, esas nimiedades, que fueron incorporadas a la Constitución a instancia de aquellos que eran parte de la oposición, entre ellos muchos de los que ahora están en Morena, sirvieron para impedir que AMLO y sus cómplices acabaran con las instituciones democráticas e instauraran el gobierno de un solo hombre o de una facción política.

Fueron las instituciones y prevenciones previstas y contenidas en los artículos 4º, 6º, 21, 28, 41, 79, 100, 105, 107, 115, 135 y otras los que limitaron la acción destructiva de AMLO y las que evitaron los excesos a los que pretendieron llegar sus cómplices.

Ciertamente, la acción destructiva de la actual administración debilitó al INE y al Tribunal Federal Electoral; neutralizó la actuación de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía en Materia Electoral; y anuló a la autonomía estatal. Pero, a pesar de todas las maniobras, esa acción no fue capaz de destruir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni le alcanzó su impulso para impedir la formación del Frente de Partidos Democrático y la elección de una pre candidata a la presidencia de la República común.

Fuimos afortunados. El gober de Nuevo León, por tener cola que le pisen, declinó la candidatura a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano que ya tenía amarrada. Ciertamente era un esquirol al servicio de AMLO que serviría para atacar a Xóchitl Gálvez y para restarle votos. Con ese candidato se corría el riesgo de que la oposición perdiera el Poder de Impedir que actualmente tiene en el Congreso de la Unión. Jorge Álvarez Maynez, ahora pre candidato de Movimiento Ciudadano, sólo es conocido en su casa, en su partido y en algunas partes del estado de Jalisco. Carece de beligerancia.

Vista la crisis por la que atravesó México se impone considerar la posibilidad de introducir cambios con relación al proceso de reformas a la Constitución. Habrá que pensar en incorporar medidas que tiendan a “enfriar” y no acelerar las reformas que se pretenda hacerle.

El que Morena y sus secuaces no contaran con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión que les permitiera reformar la Constitución impidió muchos excesos. Fue una minoría la que impidió los abusos de AMLO y sus secuaces.

En el caso de reformas a la Constitución, en las actuales circunstancias, la intervención que se confiere a las legislaturas de las entidades federativas en meramente testimonial. Por regla general, en la práctica, su intervención se ha limitado a ser un mero trámite. No es un expediente que impida excesos o elimine defectos. Si alguna modificación habría que hacer al artículo 135 constitucional, que prevé el proceso de reformas a la Carta Magna, sería una que esté encaminada a exigir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de las legislaturas, para considerar aprobada por parte de ellas una reforma constitucional. En el nivel local las minorías parlamentarias deben ser dotadas de la posibilidad de impedir, mediante su voto, la aprobación de una reforma inoportuna o indeseable.

La otra medida adoptar sería impedir que tanto el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente hagan el computo de los votos de las legislaturas, mientras no obren en su poder todos los votos de las legislaturas. Éstas, con su inacción, pudieran impedir reformas precipitadas.

A las alturas en que se halla la actual administración pública federal, ha quedado en evidencia que la estructura constitucional resistió e impidió la reelección de AMLO, tal como él y alguno de sus cómplices deseaban. La larga tradición anti reeleccionista impidió la permanencia en el poder de una facción corrupta, irresponsable e insaciable.

También ha impedido que se establezca un sistema demagógico e irresponsable de elección de los miembros del Poder Judicial en substitución del actual y la cooptación de la mayoría de los entes autónomos;

Es de reconocerse que no todos los jueces, magistrados y ministros fueran cooptados por quienes fueron o son responsables de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Pero el sistema normativo no impidió que el INE y el Tribunal Electoral fueran cooptados, en gran parte, por AMLO y Morena; que la mayoría de los gobiernos de los estados cayeran en poder de AMLO y Morena. El ingreso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de elementos con sello preferentemente político, carentes de méritos jurídicos y que con el tiempo demeritarán la calidad del servicio de impartición de justicia, es un peligro latente.

En el próximo proceso electoral los esfuerzos de Morena están encaminados: a conservar los votos de quienes hasta ahora han definido las elecciones: los electores de la clase media baja, de los obreros y campesinos. Esos sectores emiten su voto en función de las dádivas que se les prometen o reciben. El voto que esos electores emiten es en paquete; no es diferenciador con vistas a impedir grandes concentraciones de poder un en solo partido.

La acción de AMLO, Morena y de su precandidata está encaminada a hacer saber a los electores que el monto de las pensiones será aumentado, que será entregada en fechas próximas; dan entender que fueron AMLO y Morena los de la idea de entregar las pensiones y que, de perder ellos el poder, esas prestaciones desaparecerían; que, para que conserven, necesitan el voto de los ciudadanos para controlar al Congreso de la Unión que es quien aprueba las partidas presupuestales necesarias para seguir cubriendo el monto de las pensiones. Aparentan que, a pesar de los manifiestos actos de corrupción atribuibles a quienes actualmente gobiernan, ser diferentes, austeros y republicanos; que la inseguridad, el aumento de la criminalidad y la delincuencia organizada, si existen, son atribuibles única y exclusivamente a los gobiernos anteriores;

La candidata presidencial de AMLO: Claudia Sheinbaum insiste en pedir a la ciudadanía que, mediante su voto, le dé el control del Congreso de la Unión para completar lo que Morena, con desvergüenza y exceso de cinismo, califica como la cuarta transformación.

Es evidente que en la campaña de Morena hay dinero sucio y que las instancias responsables de la supervisión, persecución de los ilícitos y castigo de los responsables: Fiscal electoral, INE y ministerio público no están funcionando.

La elección de este año, como en los buenos tiempos del PRI, será una elección de estado. Es previsible que el PRD pierda su registro y, como se presentan los hechos, de que el PRI corra el mismo peligro.

Un voto ciudadano diferenciado no le hace daño a nadie.