La liberación de 32 migrantes secuestrados es una de las páginas más oscuras y siniestras de la Cuarta Transformación. Las versiones contradictorias sobre la entrega de los migrantes dejan una larga estela de sospecha y una laguna informativa que ha dado pie a la especulación sobre el posible pago de un rescate, negociado al más alto nivel.
Las implicaciones que tendría la colusión de las autoridades con criminales son de extrema gravedad y ponen en evidencia que los acuerdos con los Estados Unidos, para contener los flujos migratorios, se dan al alto costo de que las personas transiten por lo que hoy es el país más peligroso para quienes migran.
Las rutas por las que transitan quienes aspiran a migrar, ejerciendo un derecho humano natural, son hoy una zona de guerra. Quienes logran llegar a la Unión Americana, en busca de asilo o refugio, lo hacen sobreviviendo a los múltiples peligros que enfrentan en su paso por México, principalmente humanos: extorsión de las autoridades, asedio y reclutamiento por parte de los cárteles, cuotas excesivas cobradas por polleros y riesgo permanente de deportación.
El desastre de nuestra política migratoria tiene múltiples causas, todas ellas anudadas en una trama llena de corrupción, opacidad, autoritarismo y demagogia. La destrucción institucional que ha caracterizado a este gobierno ha hecho mella en la política migratoria. La lógica de ocupar los espacios públicos con leales e incondicionales al sistema, caracterizados por un “90 por ciento de honestidad y un 10 por ciento de experiencia” ha destruido la administración pública, convertida hoy en una maquinaria inercial en su actuar, cuya esencia es la propagación de los delirios, ocurrencias y falacias presidenciales.
La política migratoria ha estado dictada por fantasiosas ideas palaciegas, por lo que ha sido incongruente, inconexa, improvisada e inhumana. Las personas migrantes han sido deshumanizadas y criminalizadas: se les han negado sus esenciales derechos humanos, se les violenta todos los días y se les persigue como si fueran delincuentes. El presidente ha reiterado que es vital atacar las causas de la migración, pero sus ideas del pasado le impiden ver con claridad las diversas causas de las crisis migratorias globales.
Las crisis migratorias tienen características que las hacen diferentes de las crisis del siglo pasado: hoy las personas migran también por motivos políticos, por causa de la violencia y por el cambio climático y no solo para buscar mejores oportunidades de vida. En el caso de México, los nocivos efectos de la pandemia y la falta de apoyos a la ciudadanía, junto con la pérdida de empleos remunerados y la política asistencial gubernamental han revertido una tendencia histórica de migración negativa de mexicanos hacia Estados Unidos: hoy día, más mexicanas y mexicanos se están incorporando a los masivos flujos migratorios. Tan solo en los primeros cuatro años de este gobierno 2,100 mexicanas y mexicanos migrantes murieron.
Los desastres causados por los gobiernos autoritarios de Venezuela, Nicaragua o Cuba, la crisis económica y humanitaria de Haití y la inestabilidad y violencia que se viven en Honduras o en el país nicaragüense están empujando flujos crecientes y provocando la mayor crisis humana de este milenio. Cientos de miles de personas seguirán migrando ante la incapacidad de los Estados, la indolencia de los gobiernos y la falta de medidas adecuadas de política pública.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente López Obrador incentivó flujos migratorios que no pudo contener. La crisis que se dio en la frontera norte llevó a la administración de Trump a amenazar con la imposición gradual de aranceles. Desde ese momento no hubo marcha atrás. Una larga cadena de errores comenzó a hundir la política migratoria: se desplegó a la Guardia Nacional para funcionar como muro fronterizo, violando derechos humanos y creando tragedias como la muerte de 39 migrantes en un centro del Instituto Nacional de Migración, ante las miradas indiferentes de las autoridades.
En septiembre de 2019 se publicó un Decreto con el que se creaba la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia sin estructura adecuada para hacerse cargo de la política migratoria. El Decreto evidencia una de las grandes taras de este gobierno: el desconocimiento de legislación y de la administración pública. Dos años después se corrigió el error, creándose el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, pero el daño institucional ya había sido hecho.
El gobierno ha dado pasos atrás en materia migratoria: no ha invertido para desarrollar la infraestructura fronteriza de movilidad y control en la frontera sur; no se ha cumplido el Protocolo de Actuación para Migrantes; y no se ha atacado en sus raíces la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INAMI), cuyo titular sigue impune después de la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. Además, el desmantelamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destruyó uno de los controles destinados a proteger a las personas de los abusos de la autoridad.
La política de “austeridad republicana”, que pretende justificar el inocultable saqueo de los recursos públicos, ha mermado las capacidades del INAMI y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el peor momento. Las personas que migran son blanco de grupos criminales, quienes los extorsionan con cobros que van de los mil a los 1,500 dólares y los usan como mulas para transportar fentanilo a la Unión Americana.
La fallida política migratoria se suma al fracaso de la política de seguridad: hoy quienes migran están bajo la amenaza del tráfico y trata, sujetos a la corrupción de las autoridades e inermes ante un Estado colapsado incapaz de hacer nada por ellos. La “liberación” de los 32 migrantes es tan solo la punta del iceberg de la inocultable crisis del Estado mexicano.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC