Primero fue Anabel Hernández en su espacio en la cadena alemana Deutsche Welle quien abordó el tema de un posible financiamiento de parte de un grupo del narcotráfico a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. En su columna señaló que “una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la agencia antidrogas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el Cartel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia en 2006.

“Durante la indagatoria la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del Cartel de Sinaloa y del círculo cercano de AMLO que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito”.

Posteriormente, otros dos medios digitales de Estados Unidos retomaron el asunto y aportaron más datos. El primero fue un reportaje de Tim Golden en Propublica en el cual el también ganador del premio Pullitzer escribió que “años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido líder de México en 2018, agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de $2 millones a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial.

“Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes”.

Finalmente, Steven Dudley en InSight Crime detalló el operativo que realizó la DEA para arrestar a Mauricio Soto Caballero, “un consultor radicado en Ciudad de México con algunas conexiones turbias, que estaba buscando un punto de entrada al mundo del tráfico de cocaína. Pero para la DEA, Soto representaba algo mucho más grande: la oportunidad de resolver un caso que investigadores creían que penetraba no solo a las altas esferas del narcotráfico, sino también a las altas esferas de la política mexicana”.

Esto porque “los agentes de la DEA creían que, durante las elecciones presidenciales de 2006, Soto había trabajado como un coordinador de campaña y, entre otras tareas, había canalizado millones de dólares de una organización de narcotráfico mexicana a la campaña de AMLO. Si atrapaban a Soto, pensaban, darían un paso para averiguar si AMLO sabía que su campaña había recibido dinero del narcotráfico”.

Además de explicar en su texto que “era un caso criminal audaz, y no uno de los que suelen abordar los agentes, dados los retos y los posibles escollos políticos que trae consigo investigar un potencial presidente. Investigaciones como esta ilustran cómo el crimen organizado busca atrapar entre sus garras a políticos del más alto nivel, pero son increíblemente complicadas. El dinero se mueve en efectivo, por lo que no suele haber rastro documental. Los testigos suelen ser criminales, lo que hace que tanto los jurados como las fuerzas del orden se muestren reacios a confiar en su palabra. Perseguir objetivos políticos de alto nivel puede socavar la carrera de un agente y poner en peligro las relaciones diplomáticas”.

De inmediato, medios afines al lopezobradorismo apuntaron que Tim Golden había reconocido –a pesar de lo que escribió en Propublica– que no tenía pruebas de sus afirmaciones, además de descalificar a Anabel Hernández, aunque en otras ocasiones la apoyaron cuando el objetivo de sus textos era Felipe Calderón u otros funcionarios de sexenios anteriores.

Sin embargo, varios indicios de lo publicado en Deutsche Welle, Propublica e InSight Crime nos recuerdan episodios anteriores que tienen que ver con la trayectoria política del actual presidente.

En primer lugar, el manejo de efectivo –como Steven Dudley reseña en su trabajo– se ha mantenido desde lo que se pudo apreciar en un video en el cual vemos a quien era su secretario particular, René Bejarano, recibir fajos de dinero en efectivo de Carlos Ahumada; años más tarde, también en video, se vio a sus hermanos, Pío y Martín López Obrador, recibir dinero de funcionarios de un gobierno estatal.

El presidente negó tener conocimiento del dinero recibido por Bejarano, en tanto que en el caso de sus hermanos aseguró que eran aportaciones para su movimiento, a pesar de que provenían los recursos de un operador del gobernador de Chiapas y aliado de la 4T, Manuel Velasco.

En lo revelado por los periodistas mencionados en este texto, se menciona a otro cercano a López Obrador, Nicolás Mollinedo: “Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO. Nico trabajaba cercano a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. El chofer saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la CDMX”, detalló Anabel Hernández.

Tim Golden escribió que “durante la investigación, agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente de información extraordinaria tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en 2010. Para evitar la prisión federal, el operador relató en detalle la historia de las donaciones de los traficantes, las cuales, dijo, ayudó a entregar. También grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el asesor cercano de López Obrador que según el operador había participado en la trama”.

Por su parte, Steven Dudley indicó que “en 2011, los agentes convencieron a Soto para que llevara un micrófono durante un par de encuentros con Nico. Nico se había convertido en un exitoso hombre de negocios desde su época de trabajo con AMLO, al parecer comprando tierras, autos costosos y enviando a sus hijos a escuelas privadas en Estados Unidos. Y los dos hombres habían mantenido una estrecha relación”.

Si bien los autores aquí mencionados reconocen que la investigación fue cancelada para evitar problemas diplomáticos, además de expresar dudas sobre lo dicho por testigos protegidos –que en otros casos son aceptados sin dudar por los fanáticos del lopezobradorismo–, así como que el propio Nicolás Mollinedo ya ha negado las acusaciones en entrevistas en radio, queda la duda acerca de la razón que está detrás de la actual política de “abrazos no balazos” que ha aplicado el gobierno de la 4T en materia de seguridad pública, en un sexenio que se ha convertido en el más violento de la historia del país con una cifra récord de asesinatos que superan a los dos sexenios anteriores.

Y que decir del respeto que el propio presidente ha expresado del líder del Cártel de Sinaloa, de quien se expresa como don Joaquín Guzmán Loera, además de las 6 visitas a Badiraguato, sede de dicho cártel, y el saludo público que tuvo con la madre de dicho narcotraficante preso actualmente en Estados Unidos.

Pero López Obrador ha respondido como en otros temas que ponen en entredicho su honestidad y el combate a la corrupción que dice encabezar, acusando un complot en su contra –como lo viene haciendo desde el año 2000–, en lugar de aclarar adecuadamente el tema.

Así, este asunto se viene a sumar a las denuncias del tráfico de influencias de sus hijos, los desfalcos en Segalmex, las irregularidades en la Conade, las acusaciones de Jaime Cárdenas Gracias en el INDEP, los señalamientos de malos manejos en el ISSSTE, el desabasto de medicinas, los sobrecostos en la refinería Olmeca, en el Tren Maya, entre otros temas que no logran ocultarse a pesar de la propaganda oficialista.