Ahora que está en la opinión pública el tema de un supuesto financiamiento ilegal para la campaña presidencial de López Obrador en 2006 –como revelaron Propublica e Insightcrime–, vale la pena repasar algunos hechos relacionados con el mandatario que tiene que soportar que en redes sociales la conversación gire en torno a la etiqueta #NarcoPresidenteAMLO.

Por principio de cuentas, en 2003 se dieron a conocer videos en los que quien fuera secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal –hoy CDMX–, Gustavo Ponce, el secretario particular del jefe de gobierno, René Bejarano, y el delegado en Tlalpan, Carlos Ímaz –en aquel tiempo esposo de Claudia Sheinbaum–, estaban recibiendo dinero del empresario de origen argentino Carlos Ahumada.

El jefe de gobierno del Distrito Federal en ese entonces era Andrés Manuel López Obrador, quien negó conocimiento de aquellas acciones, además de rechazar que el dinero fuera para sus actividades electorales. Años después, llegando a la presidencia de la república, aseguró el 15 de octubre de 2019 que “nada de que el Presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso el Presidente de México esta informado de todo lo que sucede”.

Se puede deducir de la anterior declaración que como gobernante, también conocía de las acciones de sus subalternos, como es el caso de su secretario particular.

Después vendría el financiamiento que investigó la DEA de la mano de personajes vinculados a las campañas presidenciales del hoy mandatario, que buscaban probar que dinero de uno de los cárteles del crimen organizado llegó a su campaña, algo que Propublica se encargó de aclarar en la respuesta que publicó el pasado 9 de febrero ante las declaraciones de López Obrador en las que llamó al autor del reportaje, Tim Golden, “un mercenario de la DEA” y al texto como una calumnia.

En su respuesta, el medio estadounidense señaló que “nuestro reportaje, que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales, reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 por narcotraficantes trabajando con el llamado Cártel de Sinaloa”.

Pero, una vez más, el presidente negó los hechos y se dijo víctima de una campaña en su contra, aunque contrasta con el recuerdo del saludo que dispensó a la madre de Joaquín Guzmán Loera, el famoso “Chapo”, a quien se refiere con respeto y rechaza usar el apodo tan popularmente difundido para referirse a él, además de recordar que ordenó liberar el hijo del narcotraficante en un operativo en Culiacán, Ovidio Guzmán quien fue finalmente extraditado a Estados Unidos y ni hablar de la política “abrazos no balazos”.

Seguir la pista del dinero

Una de los indicios para que Bob Woodward siguiera investigando el caso Watergate, que destapó uno de los mayores escándalos políticos en Estados Unidos que provocó la renuncia de uno de sus presidentes, fue la recomendación de “seguir la pista del dinero”.

En este particular, seguir la pista del dinero nos lleva a dudar de las afirmaciones de López Obrador acerca de su honestidad, pues luego de lo que se vio con Bejarano, Ponce e Ímaz, también vimos en video como dos de sus hermanos, Martín y Pío, recibían sobres amarillos con efectivo de manos de David León, asesor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, así como a Eva Cadena a quien se apreció en otro video como recibía medio millón de pesos para la campaña de López Obrador, esto en 2017; la entonces diputada local, aseguraba en la grabación, se comprometía a entregar los recursos al entonces aspirante presidencial.

Falta, relacionado con las investigaciones de Propublica e InsightCrime, el papel que en esta historia realizó quien fuera chofer del jefe de gobierno de la CDMX, Nicolas Mollinedo, popularmente conocido como Nico, quien se ha mostrado en redes sociales con una riqueza que le permite presumir autos de lujo.

Y todo lo anterior nos lleva a los escándalos de corrupción que tienen como protagonistas a los hijos del inquilino de Palacio Nacional, como son los casos de la Casa Gris de Houston y la casa que más tarde habitó José Ramón López Beltrán que es propiedad de la asistente del periódico que más recursos por publicidad oficial ha recibido en este sexenio, La Jornada, cuya directora es comadre del presidente, así como las acusaciones de tráfico de influencias de Andrés Manuel y Gonzalo con relación a contratos vinculados al Tren Maya y la compra de medicamentos.

De hecho, los hijos del presidente inauguraron una fábrica de chocolates con la marca Rocío al inicio del sexenio, sin que se sepa de donde salieron los recursos para la inversión, apareciendo pocos años después como parte de lo que se ofrecía a los asistentes a eventos oficiales.

No que no sabía

Una manera de defenderse de la gran cantidad de señalamientos que se hacen en su contra es negar los hechos, decir que no tenía conocimiento de los mismo o aplicar la conocida fórmula de que se trata de un complot o campaña en su contra. Pero la cantidad de noticias que se han producido, de distintas fuentes, apuntan a otra dirección, no sólo en cuanto al conocimiento de la llegada de dinero y el origen del mismo, sino también de los negocios de sus cercanos y de la manera en que se han enriquecido.

Muestra de esto nos la dio Elena Chávez, quien estuvo casada con uno de los principales operadores de López Obrador, César Yáñez –separado del primer círculo lopezobradorista luego de su lujosa y segunda boda en Puebla–, con la aparición de su libro El Rey del Cash, en el cual –de acuerdo a la reseña que publicó Mexicano contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)– se describe “un modus operandi alrededor del movimiento político formado por López Obrador consistente en la obtención y uso ilegal de dinero en efectivo para la operación política”.

Y otro episodio refuerza esta historia, como fue el relacionado con el fideicomiso establecido por Morena con motivo de los sismos de 2017, que produjo –también grabados en video– un carrusel de depósitos en efectivo encabezados por el secretario particular de López Obrador, Alejandro Esquer, en un esquema en el cual “el actual secretario particular del Presidente de México, junto con una subordinada y otras cuatro personas, fueron captados en video cuando hacían depósitos en ‘carrusel’ en un banco. Se formaban en la fila, depositaban 50 mil pesos y se volvían a formar. Así lo hicieron durante 20 minutos, hasta sumar 1.4 millones de pesos en efectivo. Un monto tan elevado debió haber sido reportado a Hacienda, según ordena la ley antilavado, pero eludieron la supervisión al fragmentarlo en depósitos ‘hormiga’. Esta singular operación ocurrió en 2017, y el dinero se supone era para ayudar a damnificados del sismo, pero en realidad una porción fue a dar a políticos de MORENA, entre ellos un sobrino de Bartlett”, de acuerdo a MCCI.

Si hay algo complicado en materia de investigación periodística es seguir la pista de dinero en efectivo, el crimen organizado es consciente de esto y por eso es uno de sus principales instrumentos para corromper o pagar a sus integrantes. En Política, también es difícil llevar a cabo una indagación de este tipo.

María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, en su libro Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas política en México, recuerdan que “detectar el dinero ilegal que entra a las campañas es una tarea muy compleja en cualquier parte del mundo. Lo es más en uno como el nuestro, en el que el sistema de justicia carece de las capacidades de investigación necesarias y de la voluntad política para hacerlo. Incluso trabajos periodísticos y académicos que exhiben gastos excesivos e ilegales pocas veces son investigados y menos aún castigados”.

En este tema, explican los autores, “el desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse. Entre las más comunes se encuentran la recaudación en efectivo en los tres órdenes de gobierno que no se reporta a las tesorerías: por ejemplo, el pago de impuestos en efectivo o la venta de boletos para espectáculos públicos realizados en inmuebles propiedad del gobierno. Otra modalidad es el uso de facturas apócrifas para comprobar gastos en bienes o servicios que nunca se recibieron y hacer líquido dinero del presupuesto para canalizarlo a campañas. También son frecuentes la adjudicación directa y subcontratación forzosa de obra pública y bienes y servicios, así como los sobrecostos asociados a ellas. Una más son los descuentos de nómina, mediante los cuales se les retiene a los empleados del gobierno parte de su sueldo para ser enviado a un partido político. Finalmente, están la utilización de programas sociales con fines electorales; la recaudación de pagos ilegales por permisos de construcción y ambulantaje; y los arreglos con medios de comunicación para el uso de publicidad gubernamental en apoyo a campañas electorales”.

Cualquier coincidencia con el libro escrito en 2018 es parte de un fenómeno que seguimos padeciendo en el país, a pesar de las negativas, los discursos que festejan la finalización de una corrupción que, como vimos en este recuento, está lejos de dejar nuestras tierras.

Finalmente, por considerarse más como un rumor, pero parte del anecdotario relacionado con el efectivo y el presidente, tenemos el recuerdo del plantón que en el sexenio de Ernesto Zedillo se realizó en el Zócalo capitalino en protesta por un supuesto fraude electoral en Tabasco, en donde López Obrador participó como candidato a gobernador; para levantarlo, se afirma aunque sin que haya pruebas de esto, el gobierno federal otorgó al líder de la protesta dinero en efectivo para levantar el campamento en el centro de la Ciudad.

Rumor, anécdota o hecho real, lo cierto es que encaja bien con la historia del efectivo en la carrera política del actual inquilino de Palacio Nacional.

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