Todo lo que toca Morena lo destruye. Así sucedió con los sistemas educativos y de salud, con la protección civil, con las instituciones del Estado y, desde luego, con la seguridad pública. La destrucción comenzó cuando desapareció la Policía Federal, en una evidente dinámica de arrasar con el legado de los gobiernos anteriores, que se mantiene hasta el día de hoy.

Las recientes reformas presidenciales, presentadas el 5 de febrero, en un abierto desprecio a la Constitución, reiteran el ímpetu de devastación institucional al abolir los órganos constitucionales autónomos, sojuzgar al poder judicial y anular al máximo árbitro electoral. Ya nada queda de las instituciones de seguridad forjadas durante décadas: los cuerpos de élite se desmontaron, los fondos del Programa de fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) se drenaron y se concentraron recursos y capacidades en las Fuerzas Armadas.

Hacia el final del sexenio, la falta de una auténtica estrategia de seguridad es evidente. Los resultados están a la vista: más de 170 mil homicidios dolosos, entre 10 y 13 personas desaparecidas todos los días, 12 mujeres asesinadas cada día y 4 niñas y niños desaparecidos cada día. En suma: el sexenio del horror, la muerte y el dolor.

Nada se ha hecho para evitar que los grupos criminales controlen cada vez más territorio. La reforma constitucional para crear una Guardia Nacional civil derivó en un fraude abierto orquestado desde Palacio para militarizar la vida civil del país. Nuestras fuerzas, en lugar de cuidarnos todos los días, construyen aeropuertos y trenes, administran vacunas, edifican hoteles, criminalizan migrantes, hostigan y reprimen paisanos y persiguen civiles inocentes.

Los grandes damnificados de este sexenio, además de la sociedad civil, son las corporaciones policiacas, los ministerios públicos, los peritos y los custodios. Para ellos no ha habido apoyos adicionales, sino constantes extorsiones, amenazas palaciegas, recortes presupuestales y desinterés generalizado. El sistema penitenciario está prácticamente colapsado y colmado de corrupción, custodios, peritos y ministerios públicos son hostigados cotidianamente mientras que las instituciones de seguridad languidecen por falta de apoyos, recursos y atención.

Ante esta problemática, que nos tiene al borde del abismo, he presentado iniciativas para atacar la crisis de inseguridad en sus raíces. He promovido que se regule la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, para que dicha actuación sea regulada, temporal, situada, excepcional y siempre bajo el mando de las autoridades civiles. Quizá la reforma más noble, de las que he presentado, es la que protege los derechos de las personas que laboran en instituciones de seguridad pública.

Presenté la iniciativa de reforma constitucional en septiembre de 2020, con el objetivo de proteger los derechos laborales de agentes del Ministerio Público, custodios, peritos y a los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios para quienes fueran separados de su cargo de manera injustificada. El texto constitucional vigente conlleva una grave injusticia, ya que quienes son separados, de forma injustificada, viven en la incertidumbre y la indefensión de sus procesos, y si al final cuentan con una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no tienen plenos derechos y pierden todas sus prestaciones. Esta grave injusticia tenía que ser corregida.

Gracias al apoyo de las corporaciones policiacas, entre ellas la Federación Policial de Baja California, se inició un intenso proceso de presión y cabildeo que tuvo como resultado la aprobación unánime de la reforma en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, el 26 de abril de 2023.

El dictamen apareció en el Orden del Día desde el 18 de septiembre de ese año, pero su discusión se postergó, de forma inexplicable, por meses. En la sesión del 13 de febrero de 2024, el dictamen se sometió a votación, pero no hubo quórum para su aprobación. De ahí que en la sesión del día siguiente se sometiera de nuevo a votación, pero Morena y sus aliados votaron en contra, en un acto de abierta incongruencia: los humanistas quienes defienden a ultranza la estrategia de seguridad de este gobierno no tienen la menor disposición a hacer algo por policías, peritos, custodios y ministerios públicos.

La población potencialmente beneficiada con la aprobación de la iniciativa hubiera sido de: 222,727 personas adscritas a las policías estatales; 189,498 personas adscritas a las policías municipales; más de 9 mil unidades administrativas de las Procuradurías o agencias o fiscalías del Ministerio Público; y más de 12 mil custodios.

No hay argumentos sólidos para que esta reforma no haya sido aprobada. Los subejercicios en seguridad son pasmosos: en 2023 se documentaron subejercicios por cerca de 9 mil millones de pesos en prevención e investigación del delito y 5 mil millones de pesos en el Sistema Federal Penitenciario. El Tribunal Federal Electoral ha alertado sobre la posible presencia del narcotráfico en elecciones. El dato de este proceso electoral es desalentador con 16 aspirantes asesinados.

Los posibles nexos con grupos criminales de varios gobiernos estatales de Morena y el posible apoyo del narco a la campaña son la única explicación posible ante la inactividad gubernamental. En seguridad, en vez de garantizar un proyecto de vida para las personas integrantes de las corporaciones y de ofrecerles la máxima protección, se les deja en el total abandono, en el contexto de un país en el que masacres, ejecuciones sumarias, fusilamientos y emboscadas son el pan nuestro de cada día. Todo ello, ante un gobierno que en los dichos se dice humanista, pero que en los hechos ha resultado ser el más cruel, cínico e inhumano de los tiempos recientes.

La autora es senadora por Baja California, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

@GinaCruzBC