Pese a los anuncios con pañuelito blanco del Presidente López Obrador, en el sentido de que ya no hay corrupción –para luego aceptar el fraude en Segalmex–, las irregularidades continúan abarcando áreas que no aparecían en las noticias y la conversación pública, en tanto que otras vuelven a ser novedad por la manera en que siguen apareciendo corruptelas.
En la semana que terminó, el área encargada de migración aparece en el centro de las notas que refieren casos de corrupción.
De acuerdo a una nota del portal Punto Norte y firmada por Isaí Lara Bermúdez, “el cateo a un domicilio que resultó en la detención del encargado de la estación migratoria en Tijuana destapó lo que desde hace muchos años es un secreto a voces: el enorme nivel de corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), que provoca que el redituable tráfico de personas hacia los Estados Unidos desde la frontera sea controlado de manera criminal desde el gobierno federal”.
La nota da a conocer que “entre las pertenencias en la casa, se localizaron algunos cuadernos con anotaciones de los cobros que se les hace a cientos o miles de migrantes para poder ingresar por el aeropuerto y por otras vías a Baja California, con la intención de cruzar, o pedir asilo humanitario a Estados Unidos. O bien, permanecer de manera indocumentada en el país”.
Otra nota, ahora del diario La Crónica de hoy, firmada por Arturo Ramos Ortiz, cuenta las acciones de la Guardia Nacional en materia de extorsión: “Elementos de la Guardia Nacional, incluyendo mandos, estarían coludidos con las extorsiones a transportistas en la autopista México Puebla, lo que iría aparejado a la desatención de tramos en los que los traileros son dejados a merced de las bandas organizadas de asaltantes”.
El texto detalla que “el caso llamó la atención debido a que uno de los mandos de la Guardia Nacional, probablemente ya sospechando el accionar de sus elementos, hizo un recorrido sorpresa y encontró a los uniformados reteniendo (secuestrando) a un sujeto que había robado un tráiler sobre la carretera. Los uniformados ya se habían puesto en contacto con el jefe de ese delincuente para obtener dinero. Además, a los guardias nacionales se les encontraron fajos de billetes”.
Un actor recurrente de las sospechas de corrupción en la administración pública federal es Ana Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de lo cual el portal La Otra Opinión reveló que “una investigación periodística reveló que esta dependencia encabezada por la exvelocista violó la normatividad del programa de Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento (Efideporte) al presumir la construcción de una pista de salto ecuestre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) con costo de 15 millones de pesos; sin embargo, nunca se realizó dicha obra, es decir fue “una obra fantasma”.
Completando el recuento semanal, el portal de Joaquín López Dóriga informa que “la corrupción costó más de 11 mil millones de pesos a los mexicanos en 2023, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en el último bimestre del año pasado el 83.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción. ‘A nivel nacional, en 2023, los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 11 mil 910.6 millones de pesos’, señaló el Inegi. La cifra, equivale a que en promedio, la corrupción costó 3 mil 368 pesos por víctima”.
La furia del jaguar y otras notas
En Campeche, ciudadanos protestaron por el envío de mujeres policías al penal de Koben, en donde sufrieron abusos por falta de equipo adecuado, por lo que exigieron la renuncia de la gobernadora Layda Sansores y de Marcela Muñoz, secretaria de seguridad estatal.
Pese a la promesa de que no se iba a talar un solo árbol, como lo dijo en 2018 a Carmen Aristegui el ahora presidente López Obrador, un reporte muestra que para la construcción del Tren Maya se han talado más de 7 millones de parboles, 3 millonesde los cuales corresponden al Tramo 5.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer la tercera parte de su investigación acerca del reporte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) correspondiente a 2022, en el cual señala que “sabemos que la ASF identificó 32,894 millones de pesos (mdp) que fueron utilizados de manera irregular durante todo el año, de los cuales 29,765 millones, el 90%, siguen sin ser aclarados ni recuperados”.
La organización indica que “si se agregan los montos de irregularidades detectadas por la ASF que no han sido recuperados ni aclarados desde que inició el sexenio, en total durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hay 242,064 millones de pesos de los que no tenemos pistas sobre su paradero o que terminaron en lugares prohibidos por la ley. Esto sin contar los hallazgos que haya en el gasto de 2023 —que se está revisando en estos momentos— y los que resulten de 2024, los cuales tendremos hasta 2026”.
Y esto es el reporte de lo informado en la semana pasada, por lo que podemos esperar que pasada la semana santa surgan más escándalos de corrupción en el país goberrnado con un presidente que cierra los ojos ante esto.
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