El proceso de las elecciones del año en curso pasan mediáticamente sobre una línea oficialista, ante la algarabía y estridencia del arranque de las campañas; todo en función de la lucha entre el presidente y la coalición de los partidos de oposición, con la visión puesta en la renovación en la presidencia de la República.

El partido Morena y el presidente en su carácter de director de campaña de su candidata, buscan frenar y derrotar a la candidata de la oposición para impedirle llegar a la presidencia y, por su parte, los partidos de oposición buscan alcanzar una victoria electoral que les fortalezca en la carrera presidencial en la cual hasta ahora luce difícil, pero no imposible de alcanzar, sin embargo en esta ocasión la apuesta es por la participación decidida de la Sociedad Civil y de abatir el abstencionismo el próximo 2 de junio

Luego de los fuegos artificiales en torno de la alianza entre el PRI, PAN y el PRD, en cuyo proceso buscaron el apoyo de la sociedad civil que convalido la nominación de su candidata Xóchitl Gálvez, con el apoyo decidido de la Sociedad Civil Organizada. Lo que en nuestra incipiente democracia resulta un aseguramiento de la participación de la ciudadanía y se logra fortalecer las alianzas electorales como instrumento democrático para avanzar en las transiciones.

Las alianzas políticas entre los partidos son prácticas usuales en las democracias parlamentarias o semi-parlamentarias, mediante las cuales las fuerzas políticas partidarias -las más de las veces afines- se coaligan para alcanzar el poder o subir sus votaciones y, por ende, acrecentar sus bancadas parlamentarias. En México no resultan novedosas, baste recordar las viejas alianzas priístas con los denominados partidos paraestatales PARM y PPS, que postulaban un único candidato presidencial.

La esencia democrática de las alianzas es que permiten la convergencia en un programa de gobierno que se oferta al electorado, basado en una plataforma de coincidencias ideológicas y que supone una alianza parlamentaria para modificar condiciones o leyes o un gobierno de coalición para realizar transformaciones pactadas.

En el caso de la elección de la gubernatura mexiquense, la fallida alianza entre el PRI PAN y el PRD  encontraba su mejor y única justificación en derrotar a MORENA, soslayando que las alianzas político partidarias deben tener contenido y sustancia, que devengan en prácticas democráticas, que se construyan sobre una plataforma programática y se alcancen acuerdos para construir mayorías parlamentarias o gobiernos de coalición para empujar el inacabado proceso de transición democrática.

Una vez iniciado el periodo de campañas de este año, con duración de tres meses, y que los partidos mayoritarios en coalición han designado a sus candidatos, hemos comenzado a testimoniar el inicio, sólo el inicio, de lo que será el proceso electoral. Una degradación de la política, una verdadera guerra de lodo. Resulta muy desafortunado que esta despreciable práctica prevalezca en nuestros procesos electorales y se privilegien las acciones de descalificación y denostación del adversario, que se sustituya la competencia limpia con tretas de albañal. Que los argumentos se suplan con injurias. La verdadera y auténtica lucha democrática debe privilegiar el debate y las campañas electorales tienen que basarse en principios, valores, convicciones y propuestas.

La ciudadanía está hastiada, cansada, harta pues, de que la política se convierta en la ocasión para arrojar agravios al adversario, y no como debiera ser, de exposición de propuestas, de oportunidad de cambios, de esperanza de mejoría. Lo delicado y muy preocupante es que por hartazgo y temor a la violencia, la ciudadanía se abstenga mayoritariamente de acudir a las urnas. Los actores políticos y, lo que resulta sumamente grave, el propio Gobierno Federal, algunos estatales y el de la Ciudad de México, que están interviniendo en las elecciones, se han enfrascado y han metido a la sociedad en una dinámica deplorable de barbarie política.

Otra arista son las campañas mediáticas e informáticas y los spots de los partidos, que han iniciado y habrán de crecer, a través de los cuales todos buscan descalificar al adversario y llenan de oprobio las campañas. Y respecto de las autoridades electorales, nada puede esperarse, a la vista de su creciente pérdida de legitimidad y lo que resulta más condenable es que los árbitros electorales estatales continúen como apéndices serviles de los gobernadores y no parece que puedan detener o erradicar el cinismo y desparpajo con que se utilizan los recursos fiscales para torcer el sentido del voto.

El IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no han hecho nada por de evitar la utilización de los recursos fiscales del Gobierno federal,  y de los Estados con propósitos electoreros. Los mexicanos tenemos claro que todos los partidos: panistas, priístas y perredistas, lo han hecho en el pasado y en MORENA lo están haciendo ahora en estas campañas. Intentar hacer un recuento sería interminable. Pero eso no justifica que se siga permitiendo que se ensucie todo el proceso electoral. La sociedad estará pendiente de los recursos públicos que se utilizan en las campañas de que ninguna fuerza política utilice el gasto público, los recursos a su disposición o los programas de desarrollo social de los ayuntamientos, de los gobiernos estatales y desde luego del Gobierno Federal en su conjunto para apoyar las aspiraciones de sus candidatos. Los tiempos han cambiado, la gente no se deja engañar y cada vez se politiza más, se informa y se vuelve más participativa. Lo deseable sería que el presidente y los gobernadores honraran su palabra, no se metan a operar electoralmente y se constriñan a gobernar.

Por ello, reitero, como lo hice en ocasión de pasadas elecciones, que la Sociedad Civil Organizada debe luchar por la dignificación de la política, entendida ésta como la acción superior del hombre para beneficiar a su comunidad y mejorar sus condiciones y calidad de vida.