Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho y Autónoma Metropolitana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: Independencia judicial.
Elisur Arteaga Nava
El Estado soy yo
Por Michelle Nava Ruiz, UAM
Después de haber sido privado de su libertad por el caso Odebrecht, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, abandonó el Reclusorio Norte al modificarse la medida cautelar que le fue impuesta: prisión preventiva justificada.
Lo anterior fue motivo suficiente para que, en su conferencia matutina del 21 de febrero, el Ejecutivo confesara lo impensable: a él le bastaba una llamada para que el entonces presidente de la SCJN, Zaldívar, se encargara de tirarle la línea a los jueces en sus resoluciones. Asimismo, señaló que ahora con la ministra presidenta Piña, solo existen “licencias para robar”. Queda claro que Andrés no mide la gravedad de sus palabras, pero fue tal el escándalo, que el propio Zaldívar tuvo que salir a decirle a los medios que todo fue un malentendido.
Más allá de los probables delitos cometidos que pueden derivar de dicha declaración, López ya llegó al borde del cinismo. Se sabe impune e intocable. Es el Ejecutivo quien determina si se es culpable o inocente, anulando la autonomía e independencia del Poder Judicial y la división de poderes con el auxilio de funcionarios sumisos y lambiscones.
Pero realmente, ¿qué le duele al presidente? El desplazamiento de la prisión preventiva –justificada y principalmente oficiosa-. No está de acuerdo con que (i) se opten por medidas menos lesivas, sin embargo, no entiende que lo que actualmente se busca no es propiamente la eliminación de dicha figura, sino en la medida de lo posible, velar por la presunción de inocencia y en general evitar el menoscabo a derechos fundamentales y lo más importante, (ii) no ordenarla en casos cuyos intereses particulares están de por medio. De ahí la persecución judicial.
Estamos frente al autoritarismo en su máxima expresión. La frase El Estado soy yo, ¿comienza a sonarnos familiar?
¿Coordinación o subordinación
Por Alejandro Ávila Valladares, ELD
Después de que un juez concedió la prisión domiciliaria a Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, AMLO arremetió contra la ministra Piña, afirmando que bajo su gestión los jueces cuentan con una “licencia para robar” debido a la protección que conceden a los delincuentes.
AMLO manifestó que a diferencia de la ministra Piña, Arturo Zaldívar, ex presidente de la SCJN, mostraba mayor deferencia hacia el Ejecutivo, pues al ventilarse un asunto relevante en el PJF, AMLO intervenía llamando a Zaldívar y dándole sus razones para que este, a su vez, hablara con el juez encargado de la resolución del caso.
En entrevista, Zaldívar pretendió justificar las declaraciones de AMLO argumentando que no es abogado por lo cual no conoce el lenguaje técnico de la materia y que probablemente se refería a que bajo el mando de Zaldívar se atendían las quejas del gobierno por las áreas técnicas del PJF y ahora ya no se hace. Resaltó las virtudes del diálogo y de las relaciones de coordinación entre poderes del Estado. Negó rotundamente haber sugerido o instruido a algún juzgador fallar en uno u otro sentido. En cambio, aseguró que durante su gestión se protegió la autonomía e independencia judicial.
Las manifestaciones de AMLO suscitaron críticas contra la imagen de Zaldívar, un personaje con ambiciones políticas que lo impulsaron a renunciar a la presidencia de la SCJN, no por la causa grave que exige la Constitución, sino por mero apetito político de sumarse a la 4T. Queda preguntarse: ¿Qué impacto tuvo la afinidad de Zaldívar por la 4T en su actuación como ministro presidente? ¿Las intervenciones de AMLO en la judicatura fueron realmente resultado de una coordinación entre poderes o, por el contrario, Zaldívar se doblegó frente al poder a costa de la independencia judicial con tal de preparar su carrera política?
IG: alex_avilav
Desafíos a la autonomía judicial: ¿abuso de poder en México?
Por Héctor David Alegría Piña, UAM
El miércoles 21 de febrero de 2024, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó una declaración pública donde mencionó que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “respetuosamente interveníamos”, una afirmación bastante atrevida.
Esta declaración alertó a los abogados y abogadas, tanto así que el Colegio de Abogados de la Barra Mexicana, A.C., buscará emprender acciones legales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por posibles violaciones constitucionales.
Este suceso es delicado. Aunque se ha argumentado que fue un malentendido, que el presidente no articuló correctamente sus palabras en ese momento, para quienes estudiamos Derecho, estas menciones tienen un gran impacto en la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, vulnerando el Estado de derecho.
Por el momento, no es posible someter a juicio político al Presidente de la República Mexicana debido a su inmunidad procesal. Sin embargo, las declaraciones realizadas vulneran el artículo 49 constitucional sobre la independencia de los poderes del Estado, así como resaltan posibles casos de tráfico de influencias y abuso de poder, lo cual contraviene el Código Penal Federal.
Independientemente de la buena relación que pueda existir con el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no debería haber existido intervención por parte del poder ejecutivo, ya sea para beneficiar o perjudicar casos que eran competencia exclusiva del Poder Judicial. La intervención implica control, lo cual va en contra de la división de poderes del Estado Mexicano, que debería respetar sus funciones y estructura organizativa.
La Constitución es clara y precisa: el Poder Judicial de la Federación es autónomo e independiente, y los intereses del Poder Ejecutivo no deben interferir con los del Poder Judicial. Esta premisa también se basa en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las posibles acusaciones que pudiera enfrentar el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El verdadero juez constitucional
Por Solange Estrada Maqueo, ELD
Vivimos en el país en el que el Presidente confesó abiertamente “intervenir” en la resolución de asuntos que consideraba importantes y nada pasó. Hoy, a una semana de aquella mañanera, ya nadie habla del asunto. El país del olvido y la impunidad, de nuevo, se queda callado.
La confesión del Presidente no solo dejó muy mal parado al ex – Ministro Zaldívar, sino que es una clara afronta al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Nos reveló el poco respeto que tiene por las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir. Pareciera que el gobierno sigue sin entender que la independencia judicial no es un capricho de los jueces, ni un privilegio que puede revocarse. Es una obligación y una garantía, es un derecho fundamental con el que contamos los ciudadanos.
Sin independencia judicial, no hay imparcialidad y no hay tutela judicial. La resolución de un asunto quedaría completamente al arbitrio de la llamada que pueda hacer el Presidente o Presidenta en turno.
Además, es importante recalcar que la culpa no sólo recae en el ex – Ministro y en el Presidente. Debemos preguntarnos ¿quiénes son los juzgadores que se dejaron influenciar por ellos? ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestros jueces y juezas cedan a presiones jerárquicas? ¿En quiénes estamos depositando la defensa de nuestros derechos?
Es un problema deontológico. El verdadero defensor de la Constitución es aquél que cumple con su deber, sin presiones externas o internas. No podemos permitir que la corrupción invada todas nuestras instituciones y mucho menos que corrompa nuestra dignidad.
Tenemos un deber como ciudadanos a no quedarnos callados, a exigir de nuestros órganos jurisdiccionales una verdadera voluntad para defender los derechos de todos y todas. Sin importar los intereses políticos que puedan influir sobre ellos.
X: @solangeesm