La señora doña Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido amenazada de ser sometida a juicio político; la amenaza proviene del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; la acusación ha sido apoyada por los líderes de Morena; éstos, de nueva cuenta, siguiendo su costumbre, apoyan lo indefendible, al indefendible y, además, impresentable.

Por razón de quien viene la acusación y del momento en que se formula, la presidenta de la Corte debe estar cayéndose de risa; nada de estar templando de miedo y de no poder dormir. Para tranquilidad de la ciudadanía y no de ella, pues doña Norma, como jurista que es, sabe perfectamente qué esperar.

Tendría que pasar mucha agua, ahora que está escasa, para que prospere la acusación. Sería violatorio de la Ley dar curso a la denuncia formulada contra la señora Norma Piña. La Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos dispone:

“Artículo 31. Las Cámaras enviarán por riguroso turno a las secciones instructoras las denuncias, querellas requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten”.

El precepto tiene una razón de ser: que el juicio político no se preste a venganzas políticas y obligar a las subcomisiones a actuar de manera responsable y oportuna. Con vista a ese precepto un legislador declaró:

“Jorge Triana, vicecoordinador de Acción Nacional, detalló que hay por lo menos 28 solicitudes de juicio político en contra de López Obrador y otras figuras del Gabinete.

“Los juicios políticos se desahogan aquí en la Cámara de Diputados y nosotros no tenemos inconveniente en analizar esta solicitud de juicio político de Arturo Zaldívar y de Morena, nada más que antes se tiene que desahogar todo el rezago que está atorado en la Subcomisión de Examen previo” (Reforma, 17 de abril de 2024, p. 7).

Como están los tiempos políticos, está difícil y hasta imposible que antes de que concluya abril se dé trámite, dictamine y pase al pleno de la Cámara de Diputados y después a la Cámara de Senadores la acusación. Llegado el momento, de prosperar y de seguirse el juicio político ante el Senado convertido en Jurado de Sentencia, bien saben los morenistas que no cuentan con los votos suficientes para obtener una sentencia condenatoria. En este caso la oposición unida tiene un inmenso poder: el de impedir, obstaculizar o no aprobar.

Conociendo las circunstancias anteriores, sería ignorar el principio de oportunidad política, si Arturo Zaldívar considera que, estando en pleno proceso electoral, los diputados y senadores se van a enfrascar en un juicio político que, de antemano, saben que no va a prosperar. No tiene lógica su acusación. En este momento los legisladores salientes más están preocupados en reelegirse o en alcanzar una nueva posición, que en enfrascarse en una aventura incierta, en la que es más seguro sacar desprestigio que votos.

Estando a la vista la realización de las elecciones, un fracaso en esta materia, no sumaría, más bien restaría votos, tiempo, esfuerzo y prestigio a Morena y a sus legisladores. La acusación es una forma de defensa a la que Arturo Zaldívar recurre ante la encuerada en público que le dieron: haber ocupado el cargo de presidente de la Corte y su autoridad para, por sí y, al parecer, en connivencia con el entonces Consejero Jurídico de la presidencia de la República, presionar a los jueces y magistrados federales, a fin de que dictaran sentencias favorables al ahora agónico sexenio de AMLO, en los juicios que se ventilaban ante ellos.

Ahora que ha sido encuerado, al hacerse públicos los enjuagues en que estuvo metido para hacer méritos ante quien él consideraba como su patrón, intenta defenderse amenazando con un juicio político.

Arturo Zaldívar, con la acusación y otros traspiés, está dejando por los suelos el crédito que tenía como buen jurista; con su pretensión de incrustarse, a cómo dé lugar, en el equipo de la candidata del partido oficial, desprestigia a ambos; y por su desmedida ambición de poder, resta en momentos en que se requiere sumar.

La acusación, en el fondo, es una escaramuza para distraer la atención de la opinión que lo señala como un individuo sin principios y convicciones firmes; que prefiere politiquear e ignorar el compromiso que adquirió de impartir justicia de manera imparcial y de no intervenir en la prestación de ese mismo servicio de parte de los magistrados y jueces.

Lo infundado de la acusación, el desconocimiento de la Ley de responsabilidades y lo inoportuno de su presentación, demuestran que Zaldívar ignora el proceso parlamentario y que, sabiendo de antemano que no cuenta con los votos para alcanzar una sentencia condenatoria y el tiempo para lograrla, demuestra que tampoco tiene noción de lo que es la política.

Zaldívar, en su defensa, afirma que la acusación de que es objeto va dirigida contra la candidata de Morena. Trata de inmiscuirla con el propósito de salvarse de la acusación. Claudia Sheinbaum ya tiene mucho de qué preocuparse, para estar pensando en meterse en una bronca que no es suya. Si Zaldívar, indebidamente, trató de cambar el sentido y el voto de los magistrados y jueces, no fue su en su año. Que sean AMLO y el propio Zaldívar quienes den la cara por el embrollo en que se metieron

La amenaza que lanzó Arturo Zaldívar contra doña Norma Piña, no pasa de ser el petate del muerto con el que pretende espantarla; esa hablada es el equivalente a: no sean montoneros: vénganse de diez en diez; cuantos son pa’no contarlos; los voy a acusar con sus abuelitos.

Visto el contexto político, todo apunta en el sentido de que Zaldívar, durante el tiempo en que se desempeñó como ministro y, posteriormente, como presidente de la Corte, fue un morenista vergonzante. Cuando consideró que era el momento de sumarse a la candidatura de Sheinbaum, sin existir causa grave, renunció al cargo. Es previsor: no quiere quedar fuera del presupuesto público y carecer de inmunidad. Los principios y las personas no importan, igual hubiera renunciado si el candidato hubieran resultado ser Fernández Noroña, Adán Augusto López o Ricardo Monreal.

Zaldívar y Morena han recurrido al juicio político como un mero distractor: visto al proceso electoral en curso; intentan que la ciudadanía los tome como celosos defensores de la legalidad y no los acuse de lo que son: corruptos, ambiciosos y mentirosos; saben que, como se presenta el proceso electoral, no hay nada definido y que, en cambio, mucho es incierto.