La última semana el tema recurrente en las redes sociales, ha sido la exhibición de la presunta enorme corrupción y tráfico de influencias del ex presidente de la SCJN y del inquilino del Palacio Nacional, cuando es del dominio público que el propio presidente declaró en una mañanera que él personalmente de manera “respetuosa” le solicitaba al ministro Zaldívar que algún asunto de su interés se resolviera a su favor.

El presidente López Obrador manifestó que, de la presidencia se acercaban a la Corte para hablar de casos de su interés, y el presidente de la Suprema Corte, pensando en los intereses generales, de hacer justicia y proteger a los ciudadanos, hablaba con los jueces para advertirles de “malas averiguaciones” realizadas por el Ministerio Público.

Norma Piña actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, instruyó la apertura de una investigación en contra del anterior presidente de la Corte Arturo Zaldívar, a partir de una denuncia anónima que después hicieron suya varios jueces y magistrados en activo y en retiro. La denuncia señala que presuntamente el ex ministro incurrió en presionar a jueces para que resolviesen favorablemente asuntos en los que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía intereses políticos, a cambio de beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, y por otro lado haciendo uso de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones para el caso que no se sometieran a su petición.

El expediente de investigación involucra a diversos colaboradores de Zaldívar en el Poder Judicial, mismos que también serán investigados por el Consejo de la Judicatura y estará a cargo de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte.

La denuncia, acusa a Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, así como el haber incurrido en una falta de imparcialidad y de abuso de funciones, durante el tiempo en que ejerció el cargo de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. El escrito de denuncia señala que el operador del ministro presidente fue el, entonces secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura. La propia denuncia ofrece como pruebas los testimonios de los jueces presuntamente extorsionados.

Cada Mañanera lo que percibimos los ciudadanos, es a un político que busca a cualquier precio que su partido siga gobernando, sin apreciar cabalmente que una mayoría de la población está llegando a un hartazgo.

La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno efectuada en 2021, nos muestra que la percepción de corrupción es un tema en donde los “usos y costumbres” refuerzan las acciones contrarias a la legalidad, y provocan impunidad, llegando a considerar que los actos de corrupción son una condición cotidiana y cultural.  La encuesta documenta más de 200 millones de actos de corrupción relacionados con trámites administrativos y judiciales. El pago de “mordidas”, sobornos para obtener permisos o licencias, y la incertidumbre que genera este proceso, tienden a reducir los incentivos para la inversión; una de las desventajas de la corrupción; es la falta de productividad en la administración pública, haciendo que los trámites sean dilatados y costosos lo que impide la inversión, así como el desarrollo de la industria y el crecimiento de las empresas.

Existen diversas formas de corrupción, muchas de ellas imperceptibles; en la cultura de los mexicanos la mentira, la corrupción y la simulación como prácticas nacionales difíciles de erradicar, actos como aceptar un cargo para el cual no se está capacitado ni se tiene experiencia, en las oficinas gubernamentales, la corrupción reviste distintos actos como el abuso de poder, tráfico de influencias, compadrazgo, amiguismo, soborno, cohecho, mal uso de los conocimientos, fraude, aceptación de obsequios a cambio de favores, entre otros que forman parte de lo que denomina  “prácticas administrativas”, muy difíciles de reglamentar o sancionar.

Es cierto y nadie niega que ha habido una enorme corrupción; en la Federación y en los estados de la República que han abusado del erario público, que carecen de un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y que existe una gran opacidad respecto de la trasparencia en el ejercicio del gasto público; que debe denunciarse y juzgarse. Los gobiernos de los tres ámbitos de Gobierno y del partido gobernante, tienen una gran cola que les pisen y no hay cual se salve.

Es por ello que resulta indignante, que partiendo del supuesto que la sociedad mexicana es ciega, sorda y lerda, se enfrasquen en una lucha libre de lodo y estiércol, como preludio de la guerra sucesoria en la presidencia, en 9 gubernaturas y el Congreso de Unión, buscando posicionar a sus campeadores, obtener recursos, lastimar a los adversarios y descalificar -incluso a opositores internos-, a fin de avanzar en sus proyectos de retener o recobrar o alcanzar el poder.

En sentido contrario desde el gobierno, lejos de buscar la unidad en lo esencial, se privilegia el pleito, el encontronazo, la descalificación, el insulto y la infamia, utilizando para ello la guerra propagandística, los corifeos a modo, los plumíferos y ahora hasta los supuestos comentaristas a sueldo, y las focas de las mañaneras, que están poniendo en escena una zarzuela que, si no fuera tan trágica, nos divertiría. La respuesta desde la oposición, tampoco es aplaudible, reaccionan y recurren a los mismos viejos trucos que tuvieron en su tiempo, gastan recursos que le harán falta más adelante para vigilar la elección y desempeñan el papel de patiños en una tragicomedia que a todos agravia y lastima.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México solicitó ante el INE que AMLO suspendiera sus mañaneras durante el periodo electoral, ya que dedica ese espacio informativo para descalificar a la oposición y a su candidata a la Presidencia, y el INE no se atrevió a cancelar las conferencias del presidente.

Los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, manifestaron que recurrirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la cancelación de la conferencia de prensa mañanera del presidente ante la decisión del Instituto Nacional Electoral de no hacerlo, tal como pidió de manera formal Xóchitl Gálvez. El presidente se esmera cada mañana en promover la campaña de su candidata y descalificar e insultar a la oposición sin importarle la prohibición Constitucional de hacerlo.

El Artículo 41 Constitucional en su Apartado C señala: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federal, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

El México de hoy demanda –sin duda– transformaciones y requiere del talento e imaginación de todos nosotros para construir una patria más justa, más libre y menos desigual. Ese México, lo podremos construir en la medida en que confrontemos ideas y argumentos y discutamos libremente, en un gran debate nacional, plural e incluyente.

El tema central a debatir es el rol histórico del Estado Mexicano, cuyo propósito fundamental es lograr entre otras cosas la seguridad jurídica, en función de las condiciones planteadas por la crisis económica, crisis de seguridad y el proceso de democratización.

El respeto a la Constitución Política, es imprescindible en todo Estado de Derecho. Cuando se transgrede lo ordenado por la Constitución se pierde la seguridad jurídica y con ello el desconocimiento del propio Estado de Derecho. En ello va la división de poderes y garantías fundamentales del gobernado son los supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado.

La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier Constitución, tal circunstancia camina al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos humanos y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar la libertad individual.

En verdad los políticos del régimen no entienden que la crisis mundial requiere de lo mejor de todos para sortear el vendaval geopolítico y  financiero nacional e internacional, que no basta la defensa, reservas monetarias (que ya se agotaron), control de inflación, finanzas públicas sanas, en estos momentos requerimos de consensar medidas de políticas públicas que pongan el acento en el fortalecimiento del mercado interno, a través de inversión en infraestructura,  generación de empleo y desarrollo social. Tal como lo propone la candidata de oposición y no queremos un continuismo en un segundo piso de más de lo mismo.