La aprobación de la Ley SB4 por el gobernador de Texas, Greg Abbott es tan solo una señal más de preocupación que varios actores y grupos de interés de Estados Unidos, tienen por las decisiones de política exterior que ha adoptado el presidente López Obrador.

Las equívocas señales que se dan desde Palacio Nacional y las indebidas intromisiones en la política interior del vecino país del norte, han prendido las alarmas acerca de la forma como México se aleja gradualmente del eje democrático de América del Norte. Hoy México parece abrazar las causas de gobiernos dictatoriales que, con sus acciones, violan de forma reiterada y sistemática la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 2 postula que: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

El respeto al orden jurídico y la garantía de un Estado de derecho sólido son la base para la constitución de gobiernos de los que México parece alejarse cada vez más. Ya no es un secreto la entrega de petróleo a Cuba, así como la “contratación” de médicos cubanos, en un esquema denunciado internacionalmente como violatorio de derechos humanos bajo el eje de la esclavitud laboral y la sospecha de desvió de recursos; el obsequio del avión presidencial, supuestamente vendido, que todavía seguimos pagando, al gobierno autoritario de Tayikistán, como mero acto de propaganda; y el silencio cómplice ante el régimen opresor de Nicaragua o el apoyo abierto al gobierno de Venezuela.

Los principios constitucionales conocidos como la Doctrina Estrada se han utilizado pragmáticamente en esta administración, de acuerdo con los deseos y sueños del habitante de Palacio: mientras se defiende de forma incluso agresiva la “soberanía nacional”, el presidente busca incidir en los procesos electorales de los Estados Unidos. En el colmo del cinismo, una senadora de Morena le pidió al Embajador de los Estados Unidos, en una reciente visita al Senado, que impidiera que “la derecha” ganara las elecciones de junio.

Es indudable que la Ley SB4 tiene abiertos tintes violatorios de los derechos humanos de las personas que migran. Bajo la sola sospecha basada en la apariencia física, podrían legitimarse detenciones arbitrarias. Pero detrás de estas acciones incluso desesperadas, además de un acto más de campaña, se esconde el evidente fracaso de la política migratoria mexicana.

El gobierno de la República, en aras de su política de austeridad republicana, ha mermado de forma sistemática las capacidades del Instituto Nacional de Migración y con su política de funcionarios leales e incondicionales, mantiene todavía en su cargo, al responsable último de la tragedia de Ciudad Juárez, en la que, en una Estación Migratoria, murieron 40 migrantes. El irresponsable despliegue de la Guardia Nacional para consolidar un muro en la frontera sur del país, en lugar de regular los flujos migratorios, ha sido causa de múltiples violaciones a los derechos humanos y de una incontable oleada de actos de corrupción que involucran a diversas autoridades.

Todo lo que este gobierno ha tocado, lo ha destruido y esto mismo ha pasado con la política migratoria y casi sucede lo mismo con las relaciones con los Estados Unidos de América, actualmente caracterizada por indudables momentos de tensión. Reformas retrógradas como la que se dio a la Ley de la Industria Eléctrica nos tuvieron al borde de un panel de controversias con adversas consecuencias para México, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrigió la plana a un Poder Legislativo sumiso y a un presidente cuyo desconocimiento de los imperativos del orden global es evidente.

La prohibición de importación de maíz transgénico nos tiene también al borde de sanciones que pueden costarle a nuestro país 20 mil millones de dólares. Algo similar estuvo a punto de pasar con el glifosato, pero el gobierno pausó la prohibición. Este tipo de medidas, sin ningún tipo de soporte técnico ni argumentos científicos a favor, se han basado en ideas obsoletas y en tesis nacionalistas contrarias al actual orden global.

En 2025 se realizará la primera revisión del T-MEC, precedida por abiertas violaciones del gobierno mexicano a cláusulas específicas del Tratado y por la incapacidad gubernamental para aprovechar la ventana de oportunidad que se ha abierto con la atracción de cadenas de valor (el llamado nearshoring). A esta dinámica impuesta por el tratado se suma un hecho innegable que tensa aún más la cuerda de las relaciones binacionales: la creciente penetración de los grupos criminales en nuestro país y su poder en los mercados globales.

En marzo pasado, Avril Haines, directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, señaló que los cárteles representan un desafío para el Gobierno de México, ya que tienen bajo control gran parte del país. Este es sin duda, el problema de fondo que tensa aún más las relaciones binacionales. El tráfico de fentanilo, que de manera obstinada el presidente negó el papel de México para después admitirlo en entrevista con 60 minutos, es solo la punta del iceberg.

Mucho más graves y profundas son las implicaciones de la penetración del crimen en las comunidades, de su incidencia en los procesos electorales, con el asesinato de 24 candidatos, al 2 de abril pasado, y de su creciente poder para llevar a México a la ruta del narco Estado, con la omisión o más grave aún, la anuencia del habitante de Palacio. Las elecciones de junio serán cruciales para definir la ruta que seguirá nuestro país y la dinámica de las relaciones con los Estados Unidos. Quien llegue a la presidencia deberá corregir el rumbo, revertir medidas y adoptar decisiones enérgicas para evitar que México se sume en el abismo del autoritarismo, con una sociedad sin ley y con un gobierno sin brújula.

La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

@GinaCruzBC