Hablar de una república “sana” conlleva muchas aristas: implica, por ejemplo, un sistema democrático eficaz que permita la libre expresión de las ideas y la capacidad de elegir representantes portavoces de las necesidades de los gobernados; implica también un sistema de división de poderes en donde los excesos u omisiones de un Poder sean equilibrados o reencauzados por otro; implica asimismo una forma de gobierno en el que se reconocen los estamentos regionales que dan origen a gobiernos locales -estados, municipios o alcaldías-, libres y soberanos.

En fin, en esta acepción, la salud en las vertientes mencionadas serán el indicador de un buen gobierno y camino de éxito hacia el proyecto de nación democrático e igualitario deseado.

Y, sin embargo, así como la libertad es la condición primigenia para el ejercicio de cualquier otro derecho, la salud humana es requisito previo e indispensable para alcanzar la salud republicana. Una población enferma o con una salud precaria, difícilmente podrá contribuir al sano desempeño de las instituciones políticas que le gobiernan. En otras palabras: la política de salud, junto con la educación, condicionan la salud de la República. Ambas, la educación y la salud, son los igualadores esenciales de una sociedad que abraza la democracia como forma de gobierno.

Dentro del período electoral por el que estamos transitando, el 25 de marzo pasado se presentaron las propuestas de política de salud de MORENA para el siguiente período presidencial, bajo el titulo República Sana. Fue un evento austero, solemne, con una asistencia variopinta, pero de alto nivel en todos los sentidos. La presentación estuvo a cargo de David Kershenobich, uno de los médicos e investigadores más prestigiados de México y que, en este caso, se dio el interés concurrente de otro destacado médico y hacedor de políticas públicas, Juan Ramón de la Fuente, coordinador del proyecto de Gobierno 2024-2030, en lo que se ha denominado “Diálogos por la Transformación”.

Advierto que este espacio, al igual que el tiempo concedido al Dr. Kershenobich para su presentación, son insuficientes para describir y opinar sobre el complejísimo entramado de la propuesta. Pero hay iniciativas dignas de ser destacadas; por ejemplo, para quienes saben de la importancia del Consejo de Salubridad General, tal parece se le otorgaría en los hechos el lugar que la propia Constitución le asigna, como la máxima autoridad sanitaria en caso de epidemias o enfermedades graves. Sería deseable que dicho consejo recuperara la participación de los sectores social y privado que anteriormente tuvo. Otras propuestas interesantes fueron, por ejemplo, la estrategia de vacunación, no sólo retomar las campañas nacionales de vacunación infantil, sino extenderla a poblaciones jóvenes y de la tercera edad, así como rescatar la producción de vacunas, campo en el cual hubimos de ocupar una destacada posición mundial; de igual forma, se propuso confirmar al IMSS Bienestar como la prestadora de servicios de salud para la población no asalariada, con la idea, entre otras, de corregir las desviaciones que en su momento tuvo el Seguro Popular.

Como toda buena propuesta de política pública en salud -y que se repite sexenio tras sexenio- se plantea privilegiar los servicios preventivos y de primer nivel de atención. En cuanto a la prevención, se confirma la transversalidad del tema en las políticas de educación, cultura, y del trabajo. Confieso me hubiera gustado se le diera más énfasis a los temas ambientales pues -aunque se menciona la importancia del agua en la salud-, es bien sabido que el origen de las enfermedades tiene causas genéticas, por un lado, y ambientales, por el otro. Salud y medio ambiente (y, por tanto, SEMARNAT) se cruzan y condicionan mutuamente.

Por el lado de fortalecer el primer nivel de atención, se esbozan un buen número de acciones, todas encaminadas hacia este loable propósito: la receta electrónica, la simplificación de trámites de referencia y contrarreferencia, equipamiento de consultorios familiares, asignación del médico familiar, salud casa por casa, primeros 1000 días de vida, etc.  En lo particular, me llama la atención el tema de gratuidad de medicamentos, incluyendo antineoplásicos, y el esquema de “Farmacias de Bienestar”, en el que las farmacias privadas -más de 30 mil- podrán dispensar medicamentos básicos recetados por el Sector Salud para las enfermedades más comunes. Bajo el mismo esquema -e ignoro si en el documento ampliado se contempla- bueno sería incluir los servicios de análisis de laboratorio e imagenología. Las clínicas Salud Digna son un buen ejemplo de la infraestructura disponible.

Dentro de las propuestas planteadas, hay una que me parece contiene un profundo sentido humanitario y de elemental justicia. Me refiero al incentivo para retribuir el trabajo no remunerado de quienes atienden enfermos crónicos terminales, de la tercera edad y débiles mentales, en el que las mujeres, por mucho, llevan la mayor carga. Esta iniciativa, junto con la de Salud Casa por Casa, de llevarse a la práctica, tendrán un efecto social de gran impacto.

Agotado el espacio para consideraciones de mayor detalle sobre la propuesta República Sana, es claro que la campaña electoral seguirá su propia maduración y las propuestas de política, incluyendo la de salud, se irán decantando con sus propios matices. Hay, sin embargo, algunas definiciones fundamentales de las que nos gustaría oír los respectivos pronunciamientos. Uno de ellos es sobre la “portabilidad de los servicios de salud”, directamente relacionado con la universalidad de los servicios. El problema reside en la pesada carga histórica que nos ha heredado un sistema fragmentado de prestadores de servicios de salud, en el que, según la condición laboral del beneficiario, dependerá si el servicio lo proveerá el IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, IMSS Bienestar, los servicios estatales de salud o el aseguramiento privado. Una alta proporción de miembros de un núcleo familiar cuentan con dos, tres y hasta cuatro esquemas de aseguramiento, cuando podría ser uno solo y de igual calidad.

Estoy seguro que una definición clara respecto a lo arriba planteado, conllevaría efectos altamente equitativos para la población asegurada y no asegurada, evitaría duplicidades de alto costo y difícil administración, y sería un ordenamiento propicio hacia un verdadero sistema universal de salud.

Veremos quién se echa este trompo a la uña.