AMLO y sus morenos han entrado en pánico ante la simple posibilidad de que, de llegar Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República, esté próximo el momento en que deban rendir cuentas respecto del mal manejo que hicieron de los recursos públicos. No saben que hacer; parecen cucarachas en quemazón. En la desesperación son capaces de todo, incluso de pasar sobre la voluntad popular e imponer a Claudia Sheinbaum. A como dé lugar van a hacer que ella gane sin importar gastos y el hecho de que tengan que recurrir a maniobras ilegales, sucias o censurables.

Los morenos pudieran estar dispuestos a provocar un periodo de inestabilidad que comprenda todo o parte del territorio nacional, del que derive que los mexicanos se olviden de exigirles cuentas. Esto es lo que pudiera significar la frase presidencial: soltar los tigres. También es factible que, en el desorden generalizado, desaparezcan los registros contables en los que constan los actos de corrupción, excesos y abusos en que incurrieron durante el actual sexenio.

En un escenario de derrota electoral de los candidatos oficiales y frente a un clima de inestabilidad y violencia generalizado, artificial o deliberadamente provocado, las clase media y alta, que son las que tienen mucho que perder, pudieran optar por no exigir a AMLO rinda cuentas; también es factible que ellas, ante la inminencia de un ambiente de inestabilidad, que comprenda gran parte del territorio nacional, opten por aceptar la continuidad de un dominio ilegítimo

En teoría AMLO, Morena y la clase política gobernante, tendrían algunas posibilidades para actuar; todas implican riesgos; de alguna forma se trata de contraer deudas con acreedores insensibles y sin escrúpulos; de contraer compromisos que, de una u otra forma, a la larga o a la corta, se deben cumplir. En términos generales, ante una derrota electoral, los escenarios previsibles son:

Uno, pasado el proceso electoral, por virtud de un convenio tácito, permitir a la delincuencia organizada intensificar el clima general de violencia que actualmente existe; su acción se enderezaría sobre los candidatos y líderes de oposición; en este supuesto aquella actuaría bajo el compromiso no escrito de que las fuerzas armadas: ejército, marina y guardia nacional, no intervendrían para someter o reprimir a quienes ejerzan esa forma de violencia selectiva.

Dos, que los morenos recurran a algunos sectores militares o paramilitares, para apresar y, eventualmente, desparecer a miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores, líderes de la oposición y de opinión, miembros del INE, del Tribunal Electoral y periodistas. En esto seguiría la conducta observada por Victoriano Huerta, en el golpe de estado que promovió contra Francisco I. Madero y José María Pino Suárez a principios del siglo pasado o de Augusto Pinochet en Chile hace cincuenta años.

Esta alternativa se ve viable en razón de que no existe un gobernador que pudiera asumir el liderazgo de un movimiento de descontento, tal como lo hizo el 26 de marzo de 1913 don Venustiano Carranza, ante la asonada militar encabezada por Victoriano Huerta. En este momento no hay líderes con personalidad y ascendiente que pudieran encabezar una oposición al desconocimiento de la Constitución y violencia que se haga a los titulares de los poderes federales.  No le veo tamaños al gobernador de Jalisco ni al tal Samuelito García para encabezar un movimiento de inconformidad. Éste, más bien, estaría preocupado por esconder la cola de rata que tiene y evitar que se la pisen las actuales o las nuevas autoridades.

Tercer escenario: sería que AMLO se limite a desconocer lo resuelto por las autoridades electorales: INE y Tribunal Electoral y opte por la alternativa de que sea la Cámara de Diputados la que emita, por sí, el bando solemne por virtud del cual se declare como presidenta electa a Claudia Sheinbaum. Esta posibilidad pudiera pasar por la alternativa de desaparecer temporalmente a esas instituciones y reorganizarlas a través de una ley que apruebe la mayoría que alcance en las Cámaras del Congreso de la Unión.

En un escenario de ilegalidad, dados los favores que han recibido los miembros de las fuerzas armadas, más estarían para apoyar un desconocimiento de las instituciones públicas, que a oponerse al rompimiento de la legalidad. Lo previsible es que las fuerzas armadas no intervengan cuando se produzca el golpe de estado que los morenos y el aparato gubernativo promuevan. En este extremo es de suponerse que sólo intervendrían para el caso de que vean peligrar sus intereses o las canonjías de que goza.

El general Salvador Cienfuegos, anterior secretario de Defensa, en agradecimiento a lo que AMLO y las instituciones federales hicieron por él en su paso por una cárcel de los Estados Unidos de América, más estaría para cerrar los ojos, que oponerse a un acto de violencia, moral o física, que pudieran propiciar y patrocinar AMLO y Morena. Igual harían otros militares que en el pasado se han beneficiado de la apatía del Estado mexicano ante las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos que se les atribuyen.

Un cuarto escenario y no por mencionarlo al último es menos posible: es que, de manera pública se recurra a la delincuencia organizada a fin de que sea ella la que desaparezca a los líderes de los partidos políticos, de la opinión pública, funcionarios electorales y judiciales y candidatos de oposición e imponga en la presidencia de la República a quien resulte manejable.

Un escenario de ilegalidad violento puede tener consecuencias impredecibles para sus autores o promotores. En el momento actual está difícil que las circunstancias deriven en una guerra civil o intestina (Stahis N. Kalyvas, La lógica de la violencia en la guerra civil, Akal, Madrid, 2010); o den lugar a una intervención internacional.

En cualquier escenario, muchos de los que hemos criticado a AMLO y las acciones de Morena, en el mejor de los casos, tendríamos que salir al destierro. Otros, los menos afortunados, su destino sería la cárcel o pasar a engrosar el número de más de cien mil desaparecidos.

La situación tenderá a complicarse y la acción de AMLO y Morena a radicalizarse, para el caso de que siga saliendo más información de la que se desprendan otras y más graves acciones delictivas atribuibles a la familia y círculo presidencial.

Un golpe de estado exitoso implicaría la instauración de un nuevo orden jurídico, de una nueva “legalidad”; significaría la expedición de una nueva Constitución Política, que es a la que tanto AMLO como Claudia Sheinbaum han venido haciendo alusión de manera reiterada. En un nuevo marco jurídico sería “el pueblo” el que, reunido en el Zócalo de la Ciudad de México, a mano alzada, nombraría a presidentes de la República, legisladores, ministros, jueces y gobernadores. Sería ese pueblo sabio el que, de la misma manera, en una asamblea convocada ex profeso, votaría por que AMLO gobierne el país mientras tenga vida. En este escenario alcanzo a ver a Lenia Batres Guadarrama como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a Gerardo Fernández Noroña como substituto de AMLO en la presidencia de la República y en liderazgo de Morena.