Por Elisur Arteaga Nava

 

“… los príncipes aprendan a guardarse de estos peligros (de las conjuras), y los particulares teman meterse en ellos; y así aprendan a estar contentos y a vivir bajo el imperio que la suerte y estado les ha correspondido; …” (N. Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Libio, libro III, cap. VI).

En estas notas aludo a una forma específica de violencia: los golpes de estado. De ellos se ha venido hablando mucho en los últimos días. AMLO, sin tener idea de lo que habla, como en todo, alude a un “golpe de estado técnico”.

A la luz del artículo 136 constitucional los golpes de estado son una forma ilegal de hacer política, de alcanzar el Poder o, también, de retenerlo. Están prohibidos. Los códigos penales los tipifican como delitos. A despecho de lo que digan las leyes, en los hechos, quienes los promueven o participan en ellos no están para andar pidiendo permiso para llevarlos a cabo ni para pensar que, en caso de fracasar, tengan que responder de sus acciones.

Los que promueven los golpes de estado pertenecen a una especie del género político que ahora se conoce como: “A mí no me vengan con que la Ley es la Ley”. Decirlo y promoverlos es ponerse en la ilegalidad.

Maquiavelo engloba las manifestaciones de violencia que se pueden dar en un estado bajo el término genérico conjuras. Los especialistas y los politólogos aluden a diferentes especies: revoluciones, terrorismos, asonadas, motines, cuartelazos, guerra de guerrillas, atentados: generales o selectivos, sediciones, sublevaciones, levantamientos, alzamientos, pronunciamientos, tumultos, motines, revueltas, guerra civil o intestina y otras. De unos días a la fecha a los golpes de estado se les engloba bajo la amenaza de “soltar los tigres”.

Las distinciones se hacen, principalmente, en función de quienes los promueven y de los objetivos que sus autores y cómplices persiguen al promoverlos.

En la ciencia política moderna, bajo el término golpe de estado se alude a una forma específica de violencia: la que ejerce una parte de los titulares del poder o el aparato gubernativo con el fin de hacerse de más poder, deshacerse de socios indeseables, de permanecer en él o de incrementar la cuota de dominio más allá de lo que disponen la Ley o la costumbre.

El tema ha vuelto a tener actualidad. Se habla insistentemente de que AMLO y sus cómplices de Morena están preparando un golpe de estado para el caso de que Claudia Sheinbaum pierda las elecciones, de que su partido no alcance el número suficiente de miembros del Congreso de la Unión para aprobar leyes ordinarias, entre ellas la ley de ingresos y el presupuesto anual o de que, por el resultado de la elección, no alcancen el control de las instituciones públicas y la posibilidad de reformar las materias que, a su juicio, deben ser cambiadas. AMLO ha amenazado con “soltar los tigres”, para el caso de que se anule la elección presidencial; implícitamente debe entenderse que también lo haría en el supuesto de que no se reconozca el triunfo de su candidata.

En todo caso, existe consenso en reconocer que AMLO no va a entregar el Poder a quien no sea su incondicional; siguiendo su inveterada costumbre, sin importar la diferencia de votos con que pierda su candidata, él no va a reconocer una derrota. Ella, su candidata, se limitará a hacer o a reclamar lo que su patrón le indique.

Los comentaristas, en el fondo, parecen coincidir en algo: AMLO no va a permitir que sus hijos, hermanos o algunos miembros de su familia vayan a la cárcel bajo los cargos de corrupción, de recibir o manejar dinero en efectivo ilícito. Tampoco puede admitir la posibilidad de que él pierda el poder o de que, en algún momento, tenga que rendir cuentas por el mal manejo que ha hecho de los fondos y recursos públicos.

Quienes han estudiado la actuación y carácter de AMLO consideran que, como demagogo que es, suponía que los fondos y recursos públicos que tenía a su disposición eran inagotables y que respecto de su uso no había que rendir cuentas. Al enterarse de que no lo son, al ver vacías las arcas públicas y no saber en que tiró todo el dinero y, por lo mismo, al no poder rendir cuentas, ha entrado en pánico, y busca la manera de no rendirlas y que, por ello, considera la posibilidad de recurrir a medidas extraordinarias: un golpe de estado. Eso afirman los comentaristas.

No es para menos. Están de por medio sumas astronómicas de dinero que fueron tiradas a la basura, cuando menos eso es cierto por lo que toca al llamado ferrocarril peninsular, el puerto aéreo Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas, el desfalco de Segalmex y de su farmacia más grande del Mundo.

Una buena parte de la opinión pública tiene la convicción de que los hijos, hermanos y algunos familiares de AMLO incurrieron en diversos delitos, que realizaron negocios ilícitos al amparo del Poder y a la sombra del manto de inmunidad que les brindó. A pesar de las pruebas exhibidas la Fiscalía General de la República no ha actuado en contra de ellos.

Ante la posibilidad que existe de que su candidata pierda, de que se anule su candidatura o el proceso electoral y, por ello, está próximo a entregar el poder a quien él odia, está buscando la forma de embrollar los negocios públicos de tal manera que, llegado el momento, los ciudadanos más piensen en pacificar el país, que en exigirle la rendición de cuentas por el mal manejo de los fondos públicos.

Para que sus gastos no sean auditados, faltando a su palabra y al principio constitucional de transparencia (art. 134), ha diferido la apertura de los informes contables hasta un plazo de diez años. Abriga la esperanza de que para entonces ya se hayan olvidado todos sus excesos y no se recuerden sus derroches o de que nadie tenga interés en fincar responsabilidad a los responsables.

En todo ese contexto es previsible que AMLO embrolle los asuntos públicos y que, ante el vacío de poder, la delincuencia, organizada y desorganizada aproveche las circunstancias para crear inestabilidad. Esto permitiría a AMLO y a su camarilla el no tener que rendir cuentas de su gestión y que aspiren a una impunidad total.

No sería remoto que un desafortunado incendio acabe con los registros contables relativos a los rubros en donde ha habido derroche.