El Congreso de la Unión vive sus últimos y agonizantes días, en un último periodo ordinario de sesiones caracterizado por un brutal ataque al Poder Judicial, a nuestro sistema de justicia y a la ciudadanía.
Ante la imposibilidad de coaccionar a las y los legisladores opositores para aprobar el paquete de reformas constitucionales presentadas por López Obrador el 5 de febrero pasado, se han presentado tres reformas a leyes secundarias, que son parte de una dinámica destructiva del Poder Judicial y de las instituciones de la sociedad civil.
El plan C, anticipado como un intento de apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el último dique de contención de nuestros derechos y libertades, se puso en marcha con la reforma a la Ley de Amparo. El Amparo es una institución sui generis del derecho mexicano que protege a las personas contra los posibles abusos de los poderosos. Es el último reducto que tiene la ciudadanía para defenderse ante actos autoritarios arbitrarios y decisiones que lesionan derechos ciudadanos.
La reforma en materia de amparo tiene dos consecuencias nocivas para nuestro sistema de justicia: toda ley impugnada seguiría estando vigente en tanto la Corte no resuelva el fondo de la cuestión, con posibles afectaciones a derechos ciudadanos, las cuales podrían ser extremadamente graves, como en el caso de los derechos a la salud o al medio ambiente sano. Además, los amparos que se concedan a las personas solo tendrían efectos individuales y nunca generales, lo que obliga a presentar miles de amparos para proteger derechos, lo que afecta principalmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, esas que el gobierno “humanista” dice defender y que no cuentan con recursos y apoyos para presentar amparos.
El complemento nocivo de esta merma significativa y lamentable en nuestro sistema de justicia es el otorgamiento del derecho de amnistía al presidente de la República. La amnistía conlleva el perdón total del delito, lo que implica un auténtico borrón y cuenta nueva. Así, sujetos con un ominoso pasado criminal, podrían gozar de libertad y sus delitos anteriores quedarían inmediatamente olvidados. La amnistía es algo similar al baño de santidad que la 4t ha dado a los personajes más siniestros de la vieja política mexicana, pero aplicada a criminales que la justicia ya ha condenado.
A esta facultad extraordinaria de amnistiar, que la Constitución reserva al Congreso de la Unión, se suma la negativa para revisar la prisión preventiva oficiosa, cuyos supuestos se ampliaron con la actual administración. Este tipo de prisión implica que las personas no gozarían de un proceso en libertad en muchos casos, además de que se viola la presunción de inocencia, ya que se deja al arbitrio del juzgador si se aplica o no la prisión y la figura puede ser rehén de procesos contra presos políticos.
Desde 2022 El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exhortó urgentemente a nuestro país para que se anule la prisión preventiva oficiosa, señalando que dicha medida: “es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”. En febrero, los gobernadores de Morena solicitaron que se mantuviera la prisión preventiva oficiosa, un tema que deberá ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta decisión se da en el contexto del escándalo suscitado por la investigación iniciada por la Corte contra el exministro Arturo Zaldívar, quien se caracterizó por su abyecta sumisión a los designios de Palacio y quien renunció para sumarse a la 4t. Además, se han suscitado múltiples inquietudes a nivel internacional, como puede constatarse en el informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el que se expresa la preocupación por los ataques orquestados desde Palacio contra la presidenta de la Corte y contra las y los ministros independientes.
La suma de prisión preventiva oficiosa y amnistía permitiría que el presidente de la República decida de forma totalmente discrecional, sin mediar proceso alguno, a quienes encarcela y a quienes libera. Estaríamos ante una forma de presidencialismo monárquico no vista ni siquiera en el siglo pasado, con un jefe del Ejecutivo con poderes extremos y excesivos.
LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS
Pero, como se dice coloquialmente, este gobierno que también agoniza tuvo la ocurrencia final: “la última y nos vamos” consistente en robar los ahorros de millones de trabajadoras y trabajadores. La creación del llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar es uno más de los proyectos presidenciales fallidos, como Gas Bienestar, la MegaFarmacia y, desde luego, las grandes obras faraónicas que perdurarán como enormes monumentos al despilfarro y a la corrupción.
La irresponsabilidad gubernamental ha llegado a niveles de escándalo en materia presupuestal: subejercicios criminales, como los 213,642 millones de pesos del sector salud en 2023; criterios generales de política económica abiertamente fantasiosos; ingresos mal calculados y presupuestos pésimamente ejercidos. Ante estas aberraciones descomunales el gobierno no responde optimizando recursos o generando ahorros, sino incurriendo en un déficit presupuestal insostenible, en una deuda histórica y ahora, en el robo artero y abierto de 40 mil millones de pesos de cuentas no reclamadas.
Estas cuentas son recursos privados no reclamados, que pueden pertenecer a personas que migraron y que no pueden exigir sus ahorros, a trabajadores que no saben que tienen una cuenta o a beneficiarios que no han podido recuperar los recursos por diversas causas.
Con estas reformas se legitima el latrocinio y el robo de un gobierno que, antes de irse, está destruyendo lo poco que ha dejado en pie: un sistema de justicia perfectible pero funcional, una ciudadanía con capacidad para defenderse de los abusos de los poderosos, y trabajadoras y trabajadores que ahorraron toda su vida y cuentan con estos recursos para hacer frente al desamparo y a la indefensión.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC