La Barra Mexicana – Colegio de Abogados, El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, publicaron un informe que analiza las propuestas de reforma constitucional presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso mexicano en febrero de 2024. El análisis concluye que las propuestas sobre el poder judicial federal constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México.
Las propuestas incluyen la elección de juezas y jueces -incluidos las y los ministros de la Suprema Corte de la Nación- por votación popular; la reducción de sus mandatos; la vinculación de sus salarios a los del poder ejecutivo; y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros serían elegidos por votación popular.
La oportunidad me fue amable. Platiqué con Adriana García, experta y asesora del Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho en la Escuela de Derecho y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, Decana de Estudiantes del CIDE, institución en la cual ha impartido cátedras. Adriana es Doctora en Leyes por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago.
Reporte
Las conclusiones del reporte son claras: las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Presiente Andrés Manuel López Obrador buscan afectar de manera dramática a los poderes judiciales de todo el país, en perjuicio de los derechos humanos de todos los mexicanos.
“Un golpe de esa magnitud no puede ser ignorado”, dijo Víctor Olé Peláez, presidente de la Barra Mexicana – Colegio de Abogados. “Este documento busca generar conciencia de lo que la pérdida de la independencia judicial significa para nuestras libertades”, agregó.
El informe señala que muy pocos países del mundo eligen a los jueces por votación popular. De ellos, sólo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a juezas y jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial.
“Al politizar el poder judicial, las propuestas de reforma negarían el acceso a la justicia”, afirmó Amrit Singh, profesora de práctica y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford. “En lugar de resolver los casos con imparcialidad y actuar como control del abuso de poder, los jueces dictarían sentencias para complacer a quienes ostentan mayor poder y para ganar más votos. Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de Derecho”, mencionó Singh.
El informe señala que elegir a ministras y ministros de la Suprema Corte, a juezas y jueces federales y a magistradas y magistrados por votación popular, crearía incentivos para que emitan decisiones para satisfacer a los grupos políticos, en lugar de decidir imparcialmente los casos, basándose únicamente en los hechos y en el Derecho.
Reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial, politiza aún más la selección de juezas y jueces. Exigir a los jueces en funciones que renuncien cuando los nuevos jueces electos tomen posesión de sus cargos, socava la garantía de permanencia en el cargo, que es necesaria para preservar la independencia judicial. Un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por votación popular, cuyo mandato coincida con el presidencial, y cuyas decisiones sean definitivas e inapelables, podrá convertirse en un arma contra juezas y jueces – incluidas las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, que van a adoptar decisiones adversas al gobierno en turno.
Explicación del Informe
El informe explica por qué las propuestas son contrarias a las normas y estándares internacionales sobre independencia judicial.
“Durante la administración de López Obrador, el gobierno ha socavado continuamente las instituciones independientes que están destinadas a controlar las acciones del Poder Ejecutivo”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano.
Es fundamental que la protección de la independencia judicial y el Estado de Derecho esté en el centro de cualquier debate público, en todo momento, sobre el futuro de México”.
Mi conclusión del análisis
- El Plan C y la Reforma Judicial promovida por el presidente López Obrador, que el Congreso autorizará en septiembre sin quitar “una sola coma”, es más que la consolidación de régimen por él prometida desde 2018, la daga en el corazón a la democracia representativa, constitucional y republicana, de los Estados Unidos Mexicanos.
- De aceptar la virtual presidenta electa este cambio al sistema judicial mexicano abrirá las puertas a la autarquía; a la dictadura individual.
- En todo caso, habrá presidenta de la República, pero siempre sometida a la espada de Damocles en que se convertirá el señor López Obrador a partir de octubre próximo, cuando le suplicarán las hordas morenistas “transfigurarse” en el líder de ese movimiento, que no partido, que es Morena.
El señor López Obrador, será el guía institucional de todas las bases de Morena, el líder espiritual mítico, de esa nueva fuerza unipersonal, que no institucional, que será López, ante la anuencia de la señora Sheinbaum, de todos los que buscan posición y dinero, incluyendo gran cantidad de empresarios, que ciegos ante lo que les ocurrirá en el corto y mediano plazos (2025-2026), buscarán posicionarse, o aceptar “las nuevas reglas” de la dictadura individual.
- México luchó una cruenta Revolución en el pasado siglo XX, para consolidar instituciones con múltiples defectos, pero que construyeron un México moderno y progresista, que abrieron las puertas a la incipiente democracia liberal con la que nuestro país recibió el siglo XXI.
Esa democracia sobrevivió en evolución por seis años. A partir del 2006 entró en crisis, y en 2018 comenzó el proceso de su asesinato.
- Lo último que queda por ver es si la presidenta de la Nueva República Mexicana (también en vías de extinción), al ser inclusive comandante de las fuerzas armadas, mantiene ese cargo, o lo comparte, o lo cede al líder supremo del Nuevo Movimiento -secta, -que no Partido Político-, para que también las fuerzas armadas se plieguen a ese nuevo líder supremo que será López Obrador.
López Obrador, una persona con tres naturalezas distintas por él pretendidas: política, militar y espiritual.
De ocurrir lo anterior, la última pregunta remanente es si las fuerzas armadas estarán al servicio del pueblo mexicano y su protección, o al tono de los principales grupos del crimen organizado; como ya se observa con gran claridad en otras latitudes del Continente Americano.
- La inquietud y nerviosismo de los mercados económicos, financieros y productivos, propios y extranjeros, desde ya se ciernen sobre el territorio nacional.
A partir de 2025 y más aún de 2026 en adelante, la destrucción de riqueza productiva, económica y social será evidente hasta para los más ilusos, sean ricos o pobres.
He ahí la Gran Tenochtitlan destruida por el muy pequeño napoleón mexicano, que, con profundo odio, rencor, deseo de poder y trascendencia, con un placer sociopático, verá el gran incendio nacional, fruto de su gran enfermedad por génesis y ceguera muy personal.
Acotaciones
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., es una asociación civil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, cuyo objeto social es fomentar en sus miembros, y en la sociedad en general, el espíritu de equidad y la lucha por la plena realización de la seguridad, la justicia y la defensa de todos los principios del derecho, así como procurar el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación de la ley.
Acerca del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Universidad Stanford, éste estudia y despliega herramientas jurídicas (litigios e investigación jurídica, documentación y defensa) en estrecha colaboración con profesionales y académicos locales para combatir el declive democrático en todo el mundo, incluido Estados Unidos. El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho se inspira en el modelo de Laboratorios de Impacto de Stanford, que se centra en abordar algunos de los retos más acuciantes del mundo a través de los esfuerzos combinados de investigadores y responsables políticos que trabajan en una amplia gama de disciplinas.
Acerca del Programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano
El Diálogo Interamericano es una organización sin fines de lucro que compromete a su red de líderes a nivel global a fomentar la gobernanza democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe. Trabaja para dar forma al debate político, idear soluciones y mejorar la cooperación en el hemisferio occidental. Lanzado en 2015, el Programa sobre Estado de derecho es el programa insignia del Diálogo sobre democracia, derechos humanos, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana en las Américas.
Efrén Flores es licenciado en Economía. Durante más de 45 años se ha dedicado a la Investigación económica, por un lado, y a la comunicación en medios electrónicos, impresos, digitales, con temas financieros, económicos, empresariales, estratégicos, RSE, PyMEs, y nuevas tecnologías que revolucionan a nuestro mundo. Ha sido conferencista en México y en EEUU. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor. Efrén Flores nunca ha pertenecido a Partido Político alguno, … hasta ahora.