Las críticas a los fallos de la Suprema Corte por parte del presidente saliente y sus dichos contra el Poder Judicial, siguen generando preocupación en el ámbito internacional. Margaret Satterthwaite, la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), precisó desde su cuenta oficial de X, antes Twitter, que se está haciendo un “uso indebido de los canales de comunicación gubernamental para estigmatizar y tachar de ‘corruptos’ a determinados impartidores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales”. Esto es contradictorio para México, ya que sugiere poner fin a la independencia del Poder Judicial, a pesar de que, según el propio gobierno, cada uno de los poderes debe ser autónomo.
La relatora Especial, quien consideró imprudente el actuar del presidente mexicano en su red social publicó una carta (https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28953) en la que hizo énfasis en que el principal artífice del ataque contra los jueces ha sido el propio presidente López Obrador, junto con las bancadas de Morena en la Cámara de Senadores y de Diputados, así como la misma Fiscalía General de la República. Estos actores han “agredido verbalmente y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuales estaría aparentemente en desacuerdo”.
Esta no es la primera vez que hay expresiones de preocupación en el extranjero. El año pasado por parte de la Barra de Abogados de Estados Unidos (ABA por sus siglas en inglés) apuntaron sobre los comentarios hostiles del presidente saliente por lo que se le exhortó a respetar el Estado de Derecho. Se señaló que “un Poder Judicial independiente tiene un papel clave que desempeñar en las reformas en curso en México para fortalecer el Estado de Derecho”.
En este contexto, la reciente reforma, impacta de manera negativa en los mercados de capitales y cambiarios, exacerbando la volatilidad del tipo de cambio y elevando los riesgos. La confianza en un sistema judicial autónomo es indispensable para el desarrollo económico sostenible, y cualquier amenaza a esta independencia puede desestabilizar no solo la justicia, sino también la economía del país.
La erosión de esta confianza tiene implicaciones profundas. El papel de los tribunales en el desarrollo es crucial para mejorar el entorno que facilita el intercambio, la financiación y la inversión. Esencialmente, los tribunales prestan un servicio vital a la comunidad, manteniendo la paz social y facilitando el desarrollo económico mediante la resolución de conflictos. Cuando la independencia judicial se ve comprometida, este rol fundamental se socava.
Satterthwaite subraya que el Estado mexicano tiene la responsabilidad primordial de proteger a jueces y magistrados, asegurando que puedan desempeñar sus funciones con seguridad. Es crucial que las autoridades garanticen suficiente personal y recursos para su protección, sin retirar las medidas de seguridad otorgadas. Si bien la corrupción judicial es un problema grave que debe abordarse, los esfuerzos para prevenir y sancionar estos actos deben basarse en pruebas sólidas y respetar el debido proceso. Las acusaciones públicas por parte de funcionarios ejecutivos no constituyen un método efectivo para combatir la corrupción; por el contrario, estas declaraciones amenazan con influir de manera indebida en el personal judicial, comprometiendo su independencia y su capacidad para administrar justicia de manera imparcial.
De suceder lo que parece inevitable, la aprobación de la Reforma Judicial (RJ) traspasaría la línea entre la democracia y el autoritarismo, entre la certidumbre jurídica y el poder discrecional sin restricciones, y entre el respeto a derechos humanos y libertades básicas, incluyendo las del mercado. Se violarían los compromisos de México bajo el T-MEC en materia de inversiones y la obligación de contar con un poder judicial transparente e imparcial. Jueces, ministros y magistrados, electos por votación popular, tendrían que responder a intereses gubernamentales y de quienes los apoyaron. Esto eliminaría de facto la división de poderes, ya que el partido Morena controlaría tanto el poder Legislativo como el poder Judicial.
Sumar a la reforma judicial la desaparición de organismos autónomos y a los cambios recientes a la Ley de Amparo envía un mensaje claro a los empresarios: la desprotección jurídica avanzaría hasta ser total, transformando radicalmente las relaciones entre política y economía. Las condiciones para el libre mercado se debilitarían y el Estado tendría un poder sin restricciones sobre las empresas.
Si la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, desea que México experimente un crecimiento con una distribución más equitativa de la riqueza, la economía deberá crecer a tasas más elevadas. El problema no radica en la volatilidad del tipo de cambio de los últimos días, sino en la transformación de las relaciones entre el Estado y el sector privado. Para que la estrategia Nearshoring del gobierno entrante logre crecer entre 4 a 5% y atraiga inversiones al país, es crucial que el próximo mandato de Morena ofrezca un panorama de certeza jurídica. La decisión de las empresas de relocalizarse o emprender proyectos de inversión en México dependerá de esta seguridad legal que hoy representa un Poder Judicial autónomo.
La autora es senadora por Baja California y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
@GinaCruzBC