Nuestra Carta Fundamental, en su apartado de Derechos Humanos y garantías, prevé el derecho de toda la ciudadanía a saber, a conocer principalmente la actividad pública, pero, también el quehacer de los particulares cuando se relacionen con derechos transversales, es decir, que tocan a toda la población.

El derecho a la salud, lo tenemos protegido todas las personas en México, a su nivel más alto posible, en términos de lo que dice la Norma Suprema y las decisiones de nuestra Suprema Corte.

Existen actividades que se consideran nocivas para el consumo humano, tales como el tabaco, el alcohol y la extracción y expendio de derivados petroleros, entre otros. Por ello, los impuestos que pagan estos artículos rondan el 40% por encima de otros impuestos.

Un tema pendiente de discutir en el espacio público, con la intervención de la ciudadanía, es el referente a la modificación genética de organismos para consumo humano.

Aún cuando desde la antigüedad, de forma natural, a través de la polinización los vegetales y otras especies han mutado para su conservación, lo cierto es que en la actualidad las modificaciones a las cadenas genéticas de estas plantas, se hace en grandes laboratorios, por especialistas, que deciden si la planta debe madurar en menos tiempo, con menos agua, producir más, soportar temperaturas más altas o bajas, crecer en terrenos más agrestes o humedales. Es decir, adaptan la planta para determinadas condiciones, para que produzca más, y, en ocasiones, la “castran”, para que solo produzca una vez y su producto al sembrarse no pueda reproducirse.

Estas modificaciones hacen que se pierdan los ecosistemas, con riesgos que no conocemos aún o que no podemos prever.

Algunas legislaciones de países avanzados, ya han incorporado el derecho a saber, que las personas desde el momento en que adquieran el producto puedan leer y saber que fue modificado genéticamente por el propio ser humano; otros han optado por imponer una tributación alta para inhibir la pérdida de ecosistemas.

En nuestro país parece haber sectores o personas que se oponen a esto, cuando ya existen indicios de que pueden generar estos organismos en la salud pública y en los ecosistemas.

Es necesario e impostergable abrir el debate y acopiar modelos que ya han demostrado su eficacia en otras partes del mundo. Es importante que la gente sepa no solo qué está comprando, sino qué va a comer, obligando a quien comercie estos organismos modificados genéticamente a imprimir una leyenda que especifique los alcances de esa alteración, pero, también, pensar en si se debe tributar de forma especial cuando se creen, cultiven o vendan estos productos y que este excedente sea aplicado directamente como impuesto en materia de medio ambiente para reparar el daño causado.

El autor es doctor en Derecho. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.