AMLO hizo su carrera política agitando; muchos lo recordamos tomando pozos petroleros, organizando plantones en el Zócalo de la Ciudad de México, en las avenidas Madero; Juárez y Paseo de la Reforma; encabezando manifestaciones para protestar por todo, incluyendo fraudes electorales, supuestos o reales, cometidos en contra de su persona o de las organizaciones políticas a las que pertenecía.
Lo recuerdo a él y a sus seguidores gritando voto por voto, casilla por casilla; alegando fraude electoral y exigiendo la anulación de los procesos electorales en los que no se reconoció sus supuestos triunfos.
En su momento, muchos tuvimos la convicción de que, efectivamente, en los procesos electorales en los que participó como candidato, había habido fraude.
Recuerdo muy bien, por haber participado en ellas, las protestas que se organizaron para impedir que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión del cargo de presidente de la República el primero de diciembre de 2006, en la sede de la Cámara de Diputados.
Muchos de los que intervenimos en las diferentes manifestaciones que organizó lo recordamos echado para adelante y dirigiendo discursos incendiarios a sus seguidores. Por razón de lo anterior, no creo que a estas alturas de su vida nos salgo con que doña Xóchitl Gálvez Ruíz no puede protestar y hacerlo como le dé la gana.
La cultura electoral mexicana se caracteriza por ser fraudulenta. En la elección presidencial celebrada en 1940, en la que figuraron como candidatos Manuel Ávila Camacho y Juan Andrew Almazán, el que con el tiempo se convertiría en cacique del estado de Guerrero: Rubén Figueroa Figueroa, con ametralladora en mano, hizo acto de presencia en las casillas de la ciudad de Iguala, para “llenar de plomo a los votantes” partidarios del candidato de oposición. Eran los tiempos en que en camiones de redilas se llevaban a los electores a votar en todas las casillas. Eso me lo refirieron testigos presenciales.
Gonzalo N. Santos, en sus Memorias, refiere con detalle que contrató a los mejores tahúres de la ciudad de San Luis Potosí, para que alteraran los votos emitidos a favor de un candidato de la oposición en una elección.
Recuerdo claramente que cuando en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se iba a calificar la elección presidencial celebrada en 1988, en las que contendieron Carlos Salinas de Gortari y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la oposición exigía se abrieran los paquetes que contenía los votos; en ese entonces me hallaba en el recinto de esa Cámara por razones profesionales. Los gritos de los diputados de la oposición eran fuertes y reiterados: “Voto por voto, casilla por casilla”.
En esas andaba cuando me encontré con un ex alumno, ya convertido en licenciado en derecho, y que, como tal, asesoraba a algunos diputados de la bancada priista. Al no encontrar justificación a la negativa de abrir los paquetes electorales, le comenté: “Si efectivamente el candidato del PRI ganó, ¿por qué no acceden a que se abran los paquetes y se cuenten los votos?” Mi alumno, que era chiapaneco, me confió: “Maestro, es imposible que se habrán los paquetes; le voy a explicar la razón. Yo era asesor del PRI en un distrito electoral del estado de Chiapas. Al terminar la votación, recibimos una llamada de nuestro superior en la Secretaría de Gobernación, por virtud de la cual, por precaución, se nos ordenó llenar un diez por ciento de las boletas a nuestra disposición y se hicieran los ajustes en las actas correspondientes. Así lo hicimos. Al cabo de aproximadamente una hora recibimos una segunda llamada, se nos ordenaba depositar en las urnas y alterar las actas agregando un diez por ciento más de votos. Ya avanzada la noche, recibimos otra llamada desesperada en la que se nos informaba de manera escueta: ‘Perdimos’; ante esa situación, se nos ordenó depositar en las urnas todas las boletas electorales a nuestra disposición y que no habían sido usadas. Maestro, –me dijo— si se abren los paquetes se va a encontrar racimos de boletas sin llenar y que, en nuestras prisas, aventamos a los paquetes. Tuvimos que alterar las actas y hacer constar en ellas que el cien por cientos de los habitantes habían votado y lo habían hecho a favor del candidato del partido oficial. Por esa sencilla razón, los paquetes no se pueden abrir.”
Con posterioridad, con el aval de Diego Fernández de Ceballos y el voto de los diputados de Acción Nacional, la Cámara de Diputados acordó incineran las boletas que probaban el fraude.
Referiré otro caso más, estando en la oficinas del PRD el día de las elecciones presidenciales del año de 2006, en espera de los informes de nuestras representantes en provincia, recibí una llamada de una amiga y abogada que me comentaba: “En tal casilla electoral del estado de Guanajuato nuestro candidato AMLO obtuvo 315 votos y el candidato del partido oficial obtuvo 103; al consultar los datos que se capturaron veo que a nuestro candidato le acreditan únicamente 15 votos y a nuestro adversario 403.”
En las elecciones del 2 de junio pasado, al parecer, hubo fraude cibernético de diferentes clases; comentan los conocedores que “…la trampa no está en la captura de los datos de las actas. Seguramente todas las actas coinciden con lo que muestra el PREP. Yo creo que le hicieron una alteración al algoritmo del PREP de manera que al efectuar la suma arroje información distinta a la realidad. Los partidos tendrían que hacer una suma manual de todas las actas para cotejar el resultado. … El fraude puede estar en las tripas, no en el conteo.”
También se ha comprobado que con fotocopiadoras ultramodernas e inteligencia artificial se reprodujeron o clonaron veinte o más veces las actas en las que Claudia Sheinbaum resultó ganadora y, con base en esos documentos, se hicieron los cómputos; por virtud de esa maniobra resultó “ganadora” la candidata de Morena.
En los estados de la República en los que hay presencia de la delincuencia organizada, el fraude pudiera estar en otra parte.
Independientemente de los vicios anteriores, el principal responsable de que el proceso electoral sea anulable es AMLO, lo es por razón de que, siendo presidente de la República, y, por ello, debió haber sido neutral y no intervenir, se dedicó a descalificar en las “mañaneras” y fuera de ellas, todos los días, a la oposición y a su candidata; a hacer alarde de sus obras y por otras acciones respecto de las que carezco de pruebas, pero que se realizaron que indujeron a la ciudadanía a votar por los candidatos de Morena. Un INE o un Tribunal Electoral imparcial, con sólo tener a la vista las grabaciones de las “mañanera”, tendrán material de sobra para declarar nula las elecciones federales de presidenta de la República y de legisladores al Congreso de la Unión. “AMLO tanto cuidó a su candidata, que terminó sacándole los ojos.”
AMLO, su candidata y sus cómplices, no tienen derecho a destruir las instituciones democráticas que tanto costó levantar. Por seguridad jurídica, con el fin de poner a salvo la incipiente democracia mexicana, tanto el INE, Morena, sus cómplices y la propia Claudia Sheinbaum deberían estar en la mejor disposición de que se abran los paquetes, se cuenten los votos, se cotejen las actas y se revisen los resultados. Hacerlo eliminaría cualquier sombra de duda.
Nada se pierde con hacerlo y, en cambio, mucho se ganaría al intentarlo. Si después de hacer esos ejercicios resulta que la señora Sheinbaum es la ganadora, debemos aceptarlo y reconocer que en todo ejercicio democrático hay ganadores y perdedores.
Si existiera una Fiscalía para delitos electorales eficaz e independiente, no se daría abasto para abrir carpetas de investigación respecto de los responsables de los ilícitos cometidos.