El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue creado el 22 de agosto de 1996 es la máxima autoridad del Poder Judicial especializada, a nivel estatal y federal, para impartir justicia electoral y proteger los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Tiene su fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dispone que este órgano jurisdiccional especializado en materia electoral será el encargado de garantizar la legalidad, imparcialidad y equidad de los procesos electorales del país.
El artículo 99 de la Constitución establece que la Sala Superior del TEPJF, deberá estar integrada por siete magistrados y un presidente, que serán designados por el Senado de la República. A dicha Sala Superior le corresponde: realizar el cómputo final de la elección presidencial, una vez que se hayan resuelto todas las impugnaciones, así como formular, en su caso, la declaración de validez de dicha elección y la de Presidente electo en favor de la candidatura que haya obtenido más votos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) al finalizar los cómputos distritales de las elecciones del 2 de junio, obtuvo como ganadora a Claudia Sheinbaum, quien obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, el 59.7594 por ciento del total de votos emitidos. Ante este resultado, los dirigentes de los partidos de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, del PRI, PAN, y PRD, así como la excandidata Xóchitl Gálvez Ruíz, declararon que han impugnado la elección por considerar que hubo violación al proceso electoral por la grosera intromisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Estas impugnaciones se procesan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es el órgano encargado de resolver controversias en materia electoral y es la mayor autoridad a la que se acude en caso de considerar la existencia de la comisión de un delito en el proceso electoral federal.
El TEPJF deberá revisar y resolver cada una de las impugnaciones que los inconformes interpongan sobre el proceso electoral. Una vez que todas las impugnaciones hayan sido resueltas, el Tribunal estará en la posibilidad de declarar la validez del Proceso Electoral 2023-2024 y otorgar a la candidata ganadora la constancia de mayoría.
Posteriormente deberá informar a la Cámara de Diputados de la conclusión del proceso para que ésta emita un Bando Solemne con el objeto de dar a conocer a la República la declaración de presidente electo. En ese bando solemne se escribe el nombre completo del candidato ganador, la coalición o partido al que pertenece, el periodo que durará su mandato y declara que no se infringen los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 82 y 83 de la Constitución Política.
Después de haber sido creado en 1996 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la primera constancia que entregó fue el 2 de agosto del 2000 a Vicente Fox, luego la de Felipe Calderón el 6 de septiembre de 2006, la de Enrique Peña Nieto el 31 de agosto de 2012 y el 8 de agosto de 2018 le entregó la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador.
Las funciones de las y los magistrados son fundamentales en nuestro sistema, ya que garantizan que el procedimiento electoral y los resultados de las elecciones se ajusten a lo ordenado en la Constitución y en las leyes por lo que contribuyen a fortalecer la estabilidad y legitimidad del sistema político democrático.
El artículo 99 de la Constitución señala que a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le corresponde: realizar el cómputo final de la elección presidencial, una vez que se hayan resuelto todas las impugnaciones, así como formular, de ser procedente, la declaración de validez de dicha elección y la de Presidente electo en favor de la candidatura que haya obtenido más votos.
La Sala Superior del TEPJF se encuentra incompleta para ejercer esa responsabilidad porque desde el 1° de noviembre de 2023 cuenta con solo cinco de siete magistrados y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación previene (artículo 167) que para llevar a cabo dicha función requiere, para sesionar válidamente, la presencia de por lo menos seis de sus integrantes.
La falta de 2 magistrados viola los derechos político-electorales de los ciudadanos y pone en riesgo el correcto funcionamiento de nuestra democracia. La negligencia en la omisión de nombrar a los magistrados faltantes ha sido de la mayoría de los senadores de Morena que no han permitido el nombramiento de las dos magistraturas que quedaron vacantes.
En el entorno polarizado que vivimos los mexicanos, es indispensable que la Sala Superior funcione con una integración completa. Si los senadores no cumplen con sus obligaciones electorales, puede haber consecuencias negativas para nuestro sistema democrático, ya que pone en riesgo la legitimidad y legalidad de dicha declaratoria, así como de socavar la transparencia del proceso electoral y afectar la integridad de las elecciones.
Dentro de las impugnaciones que también deberán resolver los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF está la relativa a la interpretación del artículo 54 de la Constitución, que establece las reglas para calcular el número de diputaciones de representación proporcional que se debe asignar a cada partido político, según el resultado de los votos obtenidos, siempre cuidando que no haya una sobre representación de una sola fuerza política. Al respecto sería muy conveniente de revisar el diario de debates de cuando se hicieron las diversas modificaciones constitucionales a tal artículo pues en estos debates y en la exposición de motivos se esclarece cual fue el propósito de las mismas.
Los ministros que entrarán al estudio de dichas impugnaciones deberán hacerlo con mucha prudencia y lo más apegado a Derecho y a la Jurisprudencia y las interpretaciones jurisprudenciales que existen pues corren el riesgo de otorgar una sobre representación concediendo la mayoría calificada a Morena y sus aliados incondicionales, rompiendo con ello por completo la división de poderes y el equilibrio de pesos y contrapesos. Una vez en el cargo los nuevos diputados y senadores aprobarán las reformas Constitucionales propuestas por López Obrador; con esa resolución los magistrados se estarían dando un balazo en el pie, pues deberán dejar sus cargos para dar paso a los magistrados que proponga Morena por elección popular.