Es 6 de noviembre de 1985; en el Palacio de Justicia de Bogotá, Colombia, transcurre la vida cotidiana entre funcionarios judiciales, abogados y personas que iban a atender sus casos judiciales. Nada hacía pensar que ese día cambiaría la vida de quienes se encontraban en ese lugar, menos en el país. El grupo guerrillero M-19 tomó por asalto el recinto judicial. Quienes a ese momento eran Magistrados, consejeros de Estado, funcionarios y visitantes, pasaron en un instante a tener la calidad de rehenes.

Como respuesta del Estado colombiano, el ejército desplegó a sus elementos reforzados con armas largas y equipo militar, incluidos cañones. El alto mando consideró como mejor opción el tomar por asalto el palacio, derribó la puerta del lugar y desplegó un operativo con tácticas de guerra. El resultado, 94 personas murieron en un evento que ha marcado un hito en la historia de Colombia, y también del mundo entero.

Sobre tales hechos recae la sospecha de que se trató de una estrategia fraguada desde los altos mandos del gobierno para aniquilar de un golpe al aparato judicial colombiano, desaparecer expedientes y garantizar la impunidad en casos relevantes para el poder, pendientes de ser resueltos.

Guardadas las justas proporciones, el evento sirve como referencia metafórica de lo que ocurre actualmente en México.

No es un grupo guerrillero quien toma por asalto a la justicia, sino un partido político que, con las armas del discurso demagógico y falaz, ha capturado la imagen del Poder Judicial para hacerla rehén del descrédito, con calificativos infamantes reiterados durante más de seis años, semana a semana, utilizando los recursos del Estado y todo su aparato para tales fines. A golpe de repetición, las denostaciones han hecho mella en la imagen de esa institución.

No es el ejército quien toma por asalto a la justicia, sino el Presidente de la República y su leal Poder Legislativo, quienes para rescatar a la institución emplean los cañones de los resultados electorales para darle el golpe de muerte a la justicia en México.

La iniciativa presidencial presentada por el Presidente de México, busca tan solo suplantar a las personas que actualmente ocupan los cargos judiciales, para sustituirlas por aquellos leales a los fines del régimen actual. Todo esto bajo el diseño de un voto popular que pareciera finalmente darle a la gente el poder de participar en las decisiones públicas.

Nada más alejado de la realidad. Los votantes no tendrán la opción de elegir entre el candidato más capaz, mejor preparado, honesto. Tampoco se abre la posibilidad de que los abogados ajenos a la carrera judicial accedan a ese cargo, ya que la lista estará integrada por quienes tenga a bien aprobar el Senado como candidatos.

Así, las únicas opciones para los votantes estarán entre aquellos que hayan dado muestras de lealtad al régimen o, al menos, comprometan los principios que fundan la carrera judicial. Se vuelven letra muerta los principios constitucionales que rigen a la judicatura, como la excelencia, la objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Las quejas de la ciudadanía sobre el sistema de justicia poco tienen que ver con las personas que lo conforman, y mucho con el diseño legal, con la manera en que se establecieron instituciones y procedimientos legales que debe ser revisados a conciencia.

El Estado Mexicano está en deuda con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que tras muchos años de implementación, no termina de permear en la conciencia de sus operadores, faltos de capacitación y de recursos para que tanto víctimas como personas sujetas a proceso cuenten con un debido proceso.

Otros ámbitos de la administración de justicia exigen ser sujetos a escrutinio, criticados y actualizados a los nuevos estándares de justicia y derechos humanos.

Nada de esto dice la iniciativa presidencial, ni una sola letra. No se trata pues de una reforma de justicia, sino de una reforma para suplantar a quienes han resultado incómodos para el régimen; una toma del Poder Judicial en México.

El autor es presidente del Comité de Independencia Judicial del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.