Ante el debilitamiento del modelo presidencialista de partido oficial, el grupo gobernante, consciente de que los gobiernos priistas habían perdido credibilidad ante el electorado y el respeto de la comunidad internacional, para conservar el poder, dar la apariencia de que existía un auténtico sistema democrático e impedir que una izquierda fuera de control se hiciera del poder, aparentó una alternancia en la presidencia de la república.
El grupo gobernante buscó y procuró la complicidad de los líderes reales del partido conservador; por virtud de componendas secretas, se convino permitir a uno de sus miembros ocupar la presidencia de la república, a condición de no afectar los intereses creados y de no exigir responsabilidad a los que, en apariencia, habían sido desplazados. Los conservadores propusieron y el grupo gobernante aceptó, la candidatura de una persona anodina, sin oficio político y sin idea de lo que es el Poder: Vicente Fox Quezada; éste, aunque de nacionalidad mexicana e hijo de padre mexicano por nacimiento, era hijo de una ciudadana española.
Para permitir el acceso de Fox a la presidencia de la república, se reformó la fracción I del artículo 82 constitucional, se eliminó el requisito de que para ser presidente se requería ser hijo de padre y madre mexicanos por nacimiento. Por virtud de la reforma, por irresponsabilidad, se incorporó al texto fundamental el absurdo de que para ocupar el cargo se requiere, necesariamente, tener un padre extranjero. Eso es lo que dispone el texto constitucional.
Una vez que el candidato del partido conservador alcanzó la presidencia, a pesar de las promesas hechas durante su campaña, se abstuvo de afectar los intereses de los priistas desplazados y de acabar con la estructura de dominación que ejercía el grupo gobernante. Durante su mandato y también en él de su sucesor, no se exigió responsabilidad a los miembros del grupo desplazado ni se privó a sus miembros de lo adquirido ilegalmente. Al pasar dos sexenios, fiel a sus compromisos, Acción Nacional regresó el poder a los priistas a condición de no ser perseguidos.
En ese contexto, se veía difícil que los miembros de ambos partidos estuvieran dispuestos a compartir el poder con alguien que no aceptaba las reglas del juego político que el grupo gobernante había impuesto.
Ambas facciones no percibieron el grado de descomposición al que ambos habían llegado; tampoco detectaron el grado de descontento de la ciudadanía; ni contaron con que un desertor priista, que prometía un cambio: Andrés Manuel López Obrador, tuviera los tamaños y el número de seguidores suficientes para desplazarlos. En los dos intentos que hizo no le fue reconocido el triunfo que alegó haber alcanzado. Fue necesaria una victoria aplastante en las urnas para llevarlos a reconocer su triunfo.
Ambos: priistas y panistas, perdieron el poder, no así el grupo gobernante. Del proceso electoral hubo un desplazamiento de los partidos gobernantes. Priistas y panistas, sin rubor ni cargo de conciencia, sin importar las ideologías y los programas de sus partidos, abandonaron sus organizaciones y se pasaron con quien, bajo el pretexto de ofrecer una nueva transformación, le ofreció conservar posiciones y beneficios sin mirar su pasado.
El nuevo mesías respetó al grupo gobernante: no afectó sus intereses; tampoco acabó con la corrupción; se abstuvo de combatir los vicios que dañaban la democracia y que sangraban las instituciones públicas. Su toma del poder los agravó y acrecentó: mayor corrupción, incompetencia, inseguridad, irresponsabilidad, despilfarro y militarización. El viejo grupo gobernante, para conservar el poder e incluso, consolidarse en él, apoyó los supuestos cambios e incorporó como nuevos miembros a los “valores” más representativos de Morena; permitió al Mesías escoger, entre ellos, a quien se asignaría el grueso de la obra pública; como una gracia, permitió que a sus allegados les fueran asignadas algunas de las que obtuvieran algunos beneficios económicos. También apoyó la promesa de instaurar un nuevo estado de cosas.
En la 4T todo fue apariencia, farsa. La persecución de los corruptos, auténticos o fingidos, del antiguo régimen fue selectiva. La que tuvo que ver con los corruptos en la mal llamada cuarta transformación, fue fingida, superficial y selectiva. Afectó a quienes se hallaban en los niveles inferiores; nada que ver con los mandos medios y superiores de los supuestamente desplazados.
Durante el tiempo en que la clase gobernante ejerció el poder por conducto del PRI, la represión de los disidentes estuvo a cargo del Ejército y de los servicios secretos. Durante el tiempo en que el PAN gobernó, el Ejército estuvo al margen de esa actividad. Volvió a asumir su papel de represor durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al parecer tuvo algo o mucho que ver con los desaparecidos de Ayotzinapa. De ahí que Alejandro Encinas, que incriminaba al Ejército, haya sido separado de sus funciones.
El grupo gobernante, partiendo del supuesto de que los altos mandos del ejército son parte de él, ha permitido que la administración morenista asigne nuevas funciones a las fuerzas armadas: se convirtió en el principal contratista del país. La persecución de los disidentes, principalmente la que tiene que ver con los periodistas y los medios, en forma fortuita o deliberada, ha sido asumida por la delincuencia organizada o desorganizada.
La corrupción y el encubrimiento sigue siendo el sello de la clase o grupo gobernante que ejerce el poder a través de la llamada cuarta transformación. Los altos lideres morenistas, al saborear las mieles del poder, también se pervirtieron.
Con vistas a tener contentos a los electores, el Estado se convirtió en benefactor. A base da dádivas, hizo cómplice con el nuevo estado de cosas también a las clases baja y media.
El mesías, al no poder reelegirse en la presidencia, arregló todo para seguir ejerciendo la cuota de poder que el grupo gobernante le concede; pretende hacerlo por interpósita persona, no sin antes intentar destruir el principio de división de poderes, las instituciones que neutralizan el ejercicio de un poder omnímodo; de debilitar o destruir los partidos políticos existentes. También intentó convertir en farsa las instituciones políticas y económicas, que en el pasado él, sus seguidores y muchos políticos, habían contribuido a levantar para consolidar la democracia. El Poder Judicial está a punto de quedar bajo su control.
El viejo grupo gobernante, para conservar el poder, simplemente se disfrazó. El antiguo régimen permanece casi intacto con las características que le son propias y que lo distinguen desde hace casi cien años: corrupción, irresponsabilidad generalizada y enriquecimiento ilícito sin límites.
El sello de la llamada Cuarta Transformación se traduce en volver al estado de cosas prevaleciente durante los gobiernos priistas: falta de controles, destrucción de la autonomía de los estados, ausencia de estado de derecho, connivencia con el crimen organizado, sometimiento del los Poderes Legislativo y Judicial.
Las relaciones de poder existentes en las entidades federativas responden, detalles más, detalles menos, a la estructura política general prevaleciente en los poderes federales. Si bien se habla de que existe un equilibrio constitucional teórico entre los poderes locales, los hechos indican que los gobernadores, convertidos en delegados del poder central, son autoridades con un amplio campo de acción, pero sometidos a los dictados del centro.