El pasado jueves 25 de julio las autoridades de Estados Unidos informaron de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López hijo del “Chapo” Guzmán en El Paso Texas, al aterrizar en un aeropuerto privado procedente de México.
Ismael Zambada, conocido como El Mayo, de 76 años, y con más de 50 años dedicado al narcotráfico, es uno de los hombres más famosos en la historia de la guerra contra el narcotráfico, es sinónimo de poder y de la corrosiva influencia del mayor cartel de la droga del mundo, desde hace varias décadas era requerido por las autoridades estadounidenses; tras su detención Zambada ha sido acusado de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y distintos delitos relacionados con el narcotráfico, como el trasiego de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.
Las sobredosis de fentanilo son ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Es una estadística abrumadora que seguramente motivó a los funcionarios del gobierno de Joe Biden, especialmente en este año electoral a buscar acciones decisivas.
El abogado de Zambada declaró que su cliente El Mayo había sido secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos por el hijo de El Chapo. El diario The New York Times publicó, según cita como fuente a tres agentes federales de Estados Unidos, que Ismael El Mayo Zambada, fue engañado y traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, para hacerlo salir de Sinaloa y luego lo forzó a abordar una avioneta que lo llevó a Texas, donde fue detenido.
Una de las versiones indica que Joaquín Guzmán engañó a El Mayo bajo la invitación de supervisar unas pistas clandestinas en la frontera, otra indica que el hijo de El Chapo secuestró a Zambada García y lo obligó a subir a una aeronave para llevarlo a El Paso Texas, mientras que otras versiones señalan que ambos narcotraficantes pactaron su entrega.
En México la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Ícela informó que la Fiscalía General de República (FGR) inició una carpeta de investigación federal en el estado de Sonora. Esto por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policiacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino de la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos.
Por otra parte, el secretario de Seguridad estatal de Chihuahua, Gilberto Loya, advirtió sobre un posible incremento de la violencia por la detención la cabeza del cartel de Sinaloa. El estado de Chihuahua se prepara ante un posible repunte de la violencia, debido a la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Puede haber hechos relacionados por el impacto del reacomodo de las cabezas de los líderes criminales en esta estructura; o por esos espacios que se quedan vacíos, también la violencia por las venganzas que se pudieran dar si es que existe una traición como se puede inferir. El Mayo es considerado el líder del cartel de Sinaloa, mientras que Guzmán López encabezaba la facción de Los Chapitos, por lo que se prevé la posibilidad de que haya un reacomodo en la estructura criminal, que se podría traducir en actos violentos.
Los informes presentados este lunes en la mañanera de López Obrador, quien puso cara de sorpresa, no dieron respuestas a algunas de las interrogantes que siguen sin ser aclaradas. La incertidumbre total que priva en Palacio Nacional muestra la enorme fractura que existe en las relaciones con Estados Unidos, sobre todo en la otrora Cooperación binacional en materia de seguridad. El inquilino del Palacio se limitó a indicar que están a la espera de mayor información para darla a conocer. Es decir, que hasta el momento no se ha podido confirmar que sucedió en la realidad, y tal vez nunca se llegará a saber la verdad.
Las masacres en diversos estados del país que cobran la vida de ya muchas personas, infunden miedo y terror en la población y también genera polémica entre el propio Presidente y sus aduladores que quieren minimizar el estado de violencia que impera en casi todo el territorio nacional, y cuestionan a quienes desde algunos medios de comunicación y sus editorialistas, pero sobre todo en redes sociales relatan los hechos sangrientos cada semana. Así las cosas, prevalece la disputa política, por sobre la gravedad de los hechos, por la pérdida de vidas humanas, que finalmente es lo importante, y que cada vez se narra el último suceso de una muy larga cadena de horror, violencia y fuego que desde el inicio de este sexenio llena de sangre el territorio nacional.
Será necesario que el próximo Gobierno (ya que a este nunca le interesó), se replantee con seriedad la estrategia en esta materia, se requiere modificar las acciones, debe retomar las destinadas a golpear la logística operativa de los cárteles, pero simultáneamente se deben fortalecer las tareas encaminadas a incautarles el dinero que blanquean en los sistemas financieros, a detener el flujo de armamento proveniente de los EU, desmontar las redes de narcomenudeo y exterminar la red de protección que les son proporcionadas no sólo por policías, sino también por políticos, algunos pseudo empresarios y comerciantes, prestanombres y finalmente utilizar con mayor rigor el Sistema de Inteligencia.
El uso de la inteligencia civil y militar debe privilegiarse preferentemente frente al enfrentamiento a balazos. Un punto especial complementario en el que hay que poner el acento es en una verdadera política de desarrollo humano. La verdad es que no estamos en una guerra en el término convencional del concepto; entendemos que denominarlo así resulta un ejercicio metafórico y discursivo; sin embargo, tenemos más bajas (muertos) que en la conflagración bélica que emprendió Rusia contra Ucrania.
Al Estado le corresponde brindar seguridad en la vida y patrimonio de sus ciudadanos. Quienes así lo exigimos y hemos venido pidiendo modificar la estrategia y aportando propuestas, no somos los enemigos a vencer. Nadie, ha pedido rendirse ante la delincuencia organizada y menos pactar con ella. El Estado no debe pactar con trasgresores de la ley, ni acordar contenerlos con abrazos y no con balazos.