Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho y de las universidades Panamericana y Autónoma Metropolitana. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: la propuesta de reforma judicial en los Estados Unidos de América.
Elisur Arteaga Nava
Ningún republicano por encima de la ley
Por Michelle Nava Ruiz, UAM
Este lunes a través de una publicación en The Washington Post, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su intención de reformar al Poder Judicial del país. ¿En qué consistiría dicha reforma?
Tres son los puntos que propone:
- Nadie está por encima de la ley: con esta enmienda lo que busca es que no exista inmunidad por los delitos cometidos de un expresidente durante el desempeño de su cargo.
- Limitación de mandato: garantizaría que la composición de la Corte fuera modificada con cierta regularidad, y que el presidente designe a uno de sus jueces asociados cada dos años para que pase 18 años en servicio activo.
- Código de conducta para la Corte: dado que los jueces federales están sujetos a un código de conducta, no hay motivo suficiente para que el Máximo Tribunal esté exento de uno. Se buscaría fomentar la transparencia de sus integrantes respecto a los regalos que reciban, eviten todo tipo de actividad de carácter político y en su caso, sean recusados ante un conflicto de interés.
Pero las preguntas que deberíamos de hacer son ¿por qué ahora? y ¿qué hay detrás de esas propuestas?
La tensión política que vive actualmente Estados Unidos es evidente. Sus tres ramas de gobierno pasan por una crisis que hacen sucumbir al país: las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, además de que el propio Biden ya se bajó de la contienda; el Congreso está totalmente dividido, es decir, hay un sistema con bloques partidistas que son incapaces de conciliar sus diferencias; mientras que la rama judicial va de escándalo en escándalo perdiendo la poca credibilidad que le queda al recibir obsequios ostentosos sin “motivo aparente”, emite fallos totalmente regresivos en temas de aborto, inmigración, préstamos estudiantiles, y cambio climático, por mencionar solo algunos.
Pero la gota que ha derramado el vaso fue el fallo recientemente emitido por la Corte Suprema el 1º de julio de este año, dejando ver que la carga ideológica pesa más que la razón. El juez presidente John Roberts Jr. junto con los 8 jueces asociados –en total son 6 conservadores y 3 liberales-, determinaron que un expresidente goza de una presunta inmunidad sobre sus actos oficiales durante su mandato, sin embargo, les corresponderá a los jueces de primera instancia distinguirlas de aquellas actuaciones no oficiales para en su caso, determinar si siguen siendo sujetos de dicha protección.
Actualmente son cuatro los casos que enfrenta Donald Trump: (i) conspiración por presionar a altos funcionarios para revertir los resultados difundiendo falsas acusaciones sobre un posible fraude electoral y explotar al Capitolio Nacional el día 6 de enero de 2021 para generar un retraso en la certificación de la victoria de Biden; (ii) asociación delictiva por la filtración de una conversación telefónica que tuvo con el delegado electoral del estado Georgia en el que le pide 11,780 votos de diferencia; (iii) retención de documentos clasificados en una de sus residencias de Florida y (iv) la falsificación de registros contables que se vinculan con pagos para silenciar a Stormy Daniels.
De ahí que el equipo legal de Trump estará haciendo todo lo posible para que dichos actos sean encuadrados como oficiales y así pueda ser sujeto de inmunidad absoluta. Ahora sí, empieza a tener sentido la reforma tan abrupta de Biden que propone a unos meses de terminar con su mandato y podríamos decir que es una forma de calmar a las olas demócratas. En realidad, el mensaje es “ningún republicano por encima de la ley”.
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Reforma constitucional a la corte suprema de Estados Unidos: Viabilidad y estudio de fondo
Santiago de Hoyos Guzmán, UP
El 30 de julio de 2024, el presidente de Estados Unidos presentó una propuesta para reformar el Tribunal Supremo, generando un amplio debate en el ámbito político y jurídico. Esta iniciativa busca modificar la estructura y funcionamiento del Tribunal Supremo, así como mejorar la transparencia y equidad en el poder judicial. Este artículo examina los detalles de la propuesta, su fundamento jurídico y sus posibles implicaciones para el sistema legal estadounidense.
El proyecto de reforma se presenta en un contexto de creciente polarización política y críticas hacia el Tribunal Supremo, compuesto por nueve jueces que tienen la última palabra en cuestiones constitucionales y legales. Se ha argumentado que la estructura actual del Tribunal no refleja adecuadamente la diversidad y los intereses de la ciudadanía.
Uno de los cambios principales propuestos es la eliminación de inmunidad para expresidentes por aquellos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Tomando como antecedente la revuelta sucedida en el año 2020 tras perder Donald Trump las elecciones presidenciales y, presuntamente, haber convocado a una revuelta en el Congreso.
La propuesta también sugiere la implementación de mandatos temporales para los jueces. En la actualidad, los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados de por vida, lo que puede suscitar preocupaciones sobre la permanencia en el cargo y la influencia política. La reforma propone un período fijo de 18 años para cada juez. Esta medida busca reducir el impacto político en el proceso de confirmación y garantizar una rotación regular en el Tribunal.
Además, se propone una revisión del proceso de confirmación de los jueces para aumentar la transparencia y la equidad. Se sugiere que las audiencias de confirmación sean más abiertas y que se establezcan criterios más claros para evaluar a los candidatos, con la participación de expertos jurídicos y de la ciudadanía. Este cambio pretende mejorar la legitimidad del proceso y permitir una mayor participación pública en la selección de los jueces.
Otro elemento clave de la propuesta es la creación de un comité independiente encargado de supervisar el comportamiento y las decisiones del Tribunal Supremo. Este comité tendría la facultad de investigar denuncias de conducta impropia y garantizar que los jueces actúen con integridad. La intención es promover la rendición de cuentas y asegurar que el Tribunal Supremo funcione de manera justa y transparente.
Desde un punto de vista jurídico, la propuesta enfrenta varios desafíos. La Constitución de EE.UU. otorga al Congreso la autoridad para determinar el número de jueces del Tribunal Supremo, por lo que un aumento en su número requeriría una ley legislativa. Además, la implementación de mandatos temporales y cambios en el proceso de confirmación podría necesitar enmiendas constitucionales o reformas legislativas significativas. Estos cambios implicarían superar obstáculos políticos sustanciales, ya que la aprobación de modificaciones en el número de jueces y en el proceso de confirmación requeriría una mayoría en ambas cámaras del Congreso y, posiblemente, la firma presidencial.
Las implicaciones de esta propuesta son profundas para el sistema judicial y político de EE.UU. La introducción de mandatos temporales podría promover una mayor equidad y reducir la influencia política en el Tribunal Supremo. No obstante, estas medidas podrían enfrentar resistencia por parte de quienes consideran que alteran el equilibrio y la independencia judicial tradicionales. Los cambios en el proceso de confirmación y la creación de un comité de supervisión podrían mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también generarían debates sobre su impacto en la independencia judicial y en la estructura del poder judicial.
En conclusión, aunque ofrece una visión ambiciosa para fortalecer la justicia y la equidad en el poder judicial de EE.UU, la evolución de esta propuesta dependerá de los debates legislativos y del consenso político que se pueda alcanzar.
X: @SDEHOYOSGUZMAN
Contrastes judiciales
María Solange Estrada Maqueo, ELD
Al parecer se ha puesto de moda entre los mandatarios de múltiples países el proponer que se lleven a cabo reformas a sus diversos tribunales constitucionales. Así es como hace unos días el presidente de los Estados Unidos de América, quien ya definitivamente renunció a su pretensión a la presidencia por un segundo término, Joe Biden, propuso que se lleven a cabo reformas sustanciales a la Suprema Corte de EUA.
Este anuncio marca la primera vez en muchos años en que un presidente estadounidense busca cambiar sustancialmente al Poder Judicial, cosa que ha de parecernos muy extraña en México considerando que tenemos una tendencia a tomarnos las reformas al Poder Judicial a la ligera.
Biden propone múltiples medidas para asegurar que se cumpla con uno de los principios más trascendentes dentro de una democracia constitucional, la división de poderes. No es secreto que hoy en día, la Suprema Corte de Estados Unidos es afín al presidente, hoy candidato presidencial, Donald Trump. Tan es así que, con una decisión francamente peligrosa, decidieron otorgarle inmunidad frente a actos que realizó en el cargo. Este precedente supone que los presidentes pueden hacer realmente cualquier cosa sin estar sujetos a la ley, siempre que fundamenten que su accionar fue en razón del cargo.
Entonces, frente a esta Suprema Corte mayoritariamente conservadora, Biden propone en primer lugar; eliminar la inmunidad del presidente agregando lo que llamó el “No One is Above the Law Amendment”; establecer un límite al tiempo de encargo de los jueces de la Suprema Corte pues, hoy por hoy es un cargo vitalicio, y; crear un código de conducta legalmente obligatorio para los jueces y juezas; entre otro tipo de medidas.
Por supuesto, para que este paquete de reformas pase a ser vinculante, se requiere de la aprobación de la mayoría del Congreso de Estados Unidos, lo cual hoy por hoy se ve complicado pues existe una mayoría muy fuerte de Republicanos en contraste con los Demócratas que apoyan a la administración Biden-Harris.
Quienes han mostrado su desacuerdo con las reformas argumentan que se trata de atacar a la Suprema Corte por haber tomado decisiones que no favorecen a los Demócratas, que se trata de un claro ataque al Poder Judicial y una modificación de los principios que han regido a los Estados Unidos desde su fundación.
Así que, nuestros vecinos buscan una reforma judicial tanto como nosotros. ¿Qué diferencias hay? Para empezar, Biden no se lanzó a proponer una reforma sin la información necesaria, pues esta deviene de estudios hechos por una comisión creada justamente para estudiar la estructura y las faltas de la Suprema Corte. Además, si bien es una reforma estructural y muy importante, Biden no ha atacado la institución judicial en su totalidad como lo ha hecho nuestro presidente. Al contrario, lo que busca es permitir el cumplimiento del principio de división de poderes, inclusive eliminando la inmunidad presidencial, restándole poder al Ejecutivo, cosa que nos ha de parecer muy difícil de imaginar a los mexicanos que llevamos décadas bajo un régimen presidencialista.
X: @solangeesm