El día 11 de septiembre es rememorado por trágicos acontecimientos el 11 de septiembre de 1973 el golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende en Chile, suceso trágico para la democracia en Latinoamérica, también se conmemora el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las torres gemelas en Nueva York en los Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001, por el grupo terrorista Al Qaeda.​​​  Sin duda el día 11 de septiembre es un día trágico; en México nos unimos a las tragedias acaecidas ese día al testimoniar la destrucción del Poder Judicial para suplantarlo por  unas oficinas judiciales dependientes del capricho de  quien gobierna.

El Supremo Poder de la Federación Mexicana reside, para su ejercicio en 3 poderes: Legislativo;  Ejecutivo y Judicial, así lo mandata el artículo 49 la Constitución; por lo que ninguno de los tres poderes está sobre los otros dos, existiendo un equilibrio entre ellos; y ninguno de estos, puede atentar en contra de cualquiera de los otros dos poderes sin dañar la estructura misma del Estado. En ello va la división de poderes y garantías fundamentales del gobernado son los  supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado. El respeto a la Constitución Política, es imprescindible en todo Estado de Derecho, cuando se transgrede lo ordenado por la Constitución se pierde la seguridad jurídica y con ello el desconocimiento del propio Estado de Derecho.

La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier Constitución, tal circunstancia camina al lado de la doctrina de la soberanía popular, de los derechos del hombre y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso, y como consecuencia, garantizar la libertad individual.

En torno a la concepción de la división del poder público se crearon las partes orgánicas de las Constituciones modernas, en virtud del ejercicio de diversas funciones por parte del Estado moderno, el hecho de asignar a distintos órganos determinadas competencias, distribuyéndose así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos

El miércoles  11 de septiembre de 2024, a las 00:02 horas, la mayoría del Poder Legislativo sometida a los caprichos del Ejecutivo, asestó un golpe de Estado al Poder Judicial. Con la reforma constitucional anteriormente aprobada en la Cámara de diputados por una apabullante mayoría de Morena y sus aliados y  posteriormente en el Senado con 86 votos a favor y 41 en contra.

A dos semanas de que Claudia Sheinbaum, rinda protesta como nueva presidente de México, en el panorama se vislumbran relámpagos y nubarrones de grandes tormentas que caerán sobre nuestra querida Nación.

Estamos ya dentro de una gran crisis Constitucional, al haber reformado la estructura y sistema de la impartición de justicia en México sin antes consultar al interesado Poder Judicial desapareciendo la carrera judicial y creando un tribunal Ad Oc como si fuera la Santa Inquisición para juzgar las responsabilidades de los juzgadores; esta reforma se llevó a cabo plagada de errores y vicios que violaron el procedimiento legislativo, lo que la hace susceptible de ser declarada inconstitucional.

Podríamos decir que estamos ante la ausencia del Estado de Derecho, con los juzgados y tribunales federales en paro y algunos tribunales locales en solidaridad y en protesta del atropello tiene la impartición de justicia detenida, y esa parálisis permanecerá por semanas o meses hasta que el nuevo personal que por “elección popular” sea designado, rinda protesta del cargo y empiece a estudiar y a familiarizarse con esa noble función que requiere de una alta especialidad en la ciencia del Derecho. Es ocioso mencionar la pérdida económica que esta condición representará para los justiciables y para la población en general.

Las violaciones a los derechos humanos van a proliferar y las libertades de los ciudadanos van a sufrir un gran deterioro, esta circunstancia traerá mayor inseguridad para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, lo que traerá como consecuencia mayor desempleo.

Las amenazas tanto de Estados Unidos como de Canadá de replantear el T-MEC al entrar en revisión prevista, deberemos enfrentar demandas millonarias en paneles internacionales en donde no tenemos la certeza de poder ganar sino todo lo contrario, lo que producirá una mayor crisis económica  Con el desempleo que ocurrirá el índice de seguridad será aún más crítico ya que la economía informal no podrá ser suficiente para proveer de ingresos a todos los desempleados, lo que también traerá una mayor migración hacia Estados Unidos y Canadá, con lo que se provocará mayores crisis con nuestros vecinos del norte.

Es cierto que la realidad que vivimos en el México de nuestros días no resulta especialmente luminoso, inmersos en una crisis, económica, de seguridad pública y de salud sin precedentes; la desilusión, el escepticismo y la rabia social ante la mediocridad de quienes dirigen los destinos del país se acrecientan; se percibe por un lado un ánimo de cambio y por otro parece existir una depresión social que se filtra por los vasos comunicantes de toda la sociedad.

Ante la cerrazón y falta de visión de Estado, de la actual generación de políticos que se encuentra al frente de la vida pública, la sociedad civil debe elevar la voz y hacerse presente imponiendo su vinculación en la generación de iniciativas y propuestas para planes, programas y proyectos de carácter público, y desde luego, para establecer mecanismos de control sobre los representantes elegidos popularmente, los servidores públicos y sobre toda la gestión pública.

La gobernabilidad y las políticas públicas deben generarse a partir de un diálogo con la base social, como productos del consenso de grupos específicos y actores sociales reales. Esta es la vía institucional y el cauce político que debe privilegiarse si verdaderamente se quiere evitar un estallido social de alcances imprevisibles, proveniente del México bronco que se exterioriza en los más de cincuenta millones de pobres.