Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participa Karla Pamela Ramos Guerrero, estudiante de la Escuela Libre de Derecho. Da su visión respecto de un tema específico y actual: la Reforma Judicial de AMLO.
Elisur Arteaga Nava
Las ruinas del poder judicial
Por Karla Pamela Ramos Guerrero, ELD
El final del mes de agosto se tornó de forma inesperada en uno de los acontecimientos históricos que sin duda marcará un antes y un después en la vida jurídica y política de México. Tras el inicio de la discusión del proyecto de reforma al poder judicial propuesto por el Presidente, el mundo entero reaccionó ante este suceso.
Los vecinos países del norte no perdieron la oportunidad de manifestar su preocupación entorno a la reforma, lo que provocó proyecciones económicas que adviertieron un decremento en la inversión extranjera. Por otro lado, internamente la sociedad mexicana tuvo una postura segmentada entre aquellos que apoyan y los que tienen una postura contraria a la reforma. La comprensión del peligro a las amenazas de centralizar el poder se ha visto reflejada a partir de los proyectos de reforma, pero sigue rondado el cuestionamiento sobre las razones del descontento social hacia el Poder Judicial de la Federación.
Tras una serie de conversaciones, es posible sostener la conclusión de que la mayoría de los apoyos a la reforma parten de premisas erróneas. Por un lado, algunos consideran necesaria la reforma por considerar que los poderes judiciales locales se encuentran integrados al federal y, por otro lado, consideran que la reforma es necesaria para mejorar la labor del Ministerio Público y de la Fiscalía Federal de la República.
La crisis constitucional por la que cruza nuestro país se ve fortalecida por la falsa información y la desinformación masiva, aunado a la confianza que se tiene sobre la información mencionada por el sexenio actual. El pasado domingo 1 de septiembre, cientos de jóvenes salimos a marchar contra la reforma sosteniendo entre los cantos que, si el pueblo se informa, la reforma no pasaría; esto además de implicar la aclaración de las confusiones conlleva conocer sus alcances.
Las consecuencias que se avecinan han traído a colación la discusión de si los jueces deben de ser políticos y cumplir con las aptitudes para serlo. Para lo cual necesariamente se ha tocado el tema de la ideología política y la afiliación a un partido político, lo que implicaría que los jueces perdieran su imparcialidad en la arena política y pondría en riesgo las resoluciones frente a los actos emitidos por las autoridades administrativas.
Pero las consecuencias no solo abarcan las modificaciones y peligros en la impartición de justicia, aunque son las más comentadas, sino que también debe de analizarse las consecuencias en materia de derechos laborales de todos los servidores públicos que han dedicado su vida a la honorable función del poder judicial. Hemos olvidado a quienes nos han defendido y quienes luchan hoy más que nunca, a pesar de las amenazas de juicio político, denuncias penales y quejas administrativas.
Los derechos laborales y la falta de certeza jurídica que acarrea su situación de jubilación frente al inminente despido que sufrirán tras la implementación de la reforma. La situación de desempleo de los servidores públicos que tras años de preparación y de experiencia, perderán su empleo y la posibilidad de conservar los derechos adquiridos ante el cambio intempestivo de su situación laboral en franca violación a la certeza jurídica.
Tras la visión de todas las repercusiones negativas, los juristas hemos comenzado a analizar mecanismos alternos para la defensa constitucional contra la reforma. Aunque el juicio de amparo y la acción de inconstitucionalidad son mecanismos que podría defender en lo individual y en lo colectivo, respectivamente, la tensión con el poder ejecutivo y legislativo nos hacen cuestionar si tendrá la fuerza necesaria para poder derrocar a esta reforma arbitraria y ad hoc a pesar de estar en ruinas tras la reforma judicial.
X: KarlaR1612