Los senadores y diputados representan a la Nación. Eso es lo que dispone el artículo 51 constitucional. Ante la imposibilidad de que todos los ciudadanos ejerzan la autoridad en sus tres manifestaciones principales: legislativa, ejecutiva y judicial, el artículo 40 determina que nuestra forma de gobierno es, entre otras características, representativa. Esto ha sido así desde muestra primera Constitución federal, la de 1824.

Por lo que toca al presidente de la república y a los miembros del Poder Judicial de la Federación, aunque actúan en representación de la Nación, no existe mandamiento expreso parecido. En el fondo los titulares de esos Poderes también son representantes de la Nación. Quieren y actúan en nombre de ella. Nadie tiene por sí autoridad ni es titular permanente de una de las tres funciones en que se divide el Poder Público, tanto federal como local.

La doctrina constitucional y la política han estudiado la naturaleza política y jurídica de la figura de la representación. Esto ha sido así desde hace muchos años. Los teóricos se preguntan ¿hasta qué punto es equiparable la figura de la representación que reconoce el derecho privado con la que se presenta en el derecho público? En aquella el mandante no puede apartarse de las instrucciones de su mandatario. En la representación pública se ha llegado a la conclusión de que, aunque está de por medio el mismo término: representación, se trata de una institución de naturaleza diferente. Es axiológica en el sentido de que el representante, una vez electo o designado, se desliga de sus electores o mandantes y ejerce su función, su actuar volitivo, según sus convicciones políticas o siguiendo las instrucciones del líder de su bancada; lo hace por sí, independientemente de cuál sea el sentir de sus electores.

En teoría el representante, al actuar, tiene sobre sí el imperativo de preservar la integridad de la Nación, sus instituciones públicas y velar por que se preserve el Estado de Derecho.

Por un actuar en contra del sentir de sus electores, únicamente está el voto mayoritario de ellos al negarle la posibilidad de reelección. En ese supuesto la voluntad de los electores no transciende en el sentido de quitar valor al voto emitido, sin importar su sentido.

En contra de la opinión de quienes afirman que sus representantes, al emitir sus votos en tal o cual sentido, actuaron en contra del sentir de sus electores, habrá otros, cientos o miles, que digan que aprueban su actuación. En ese contexto, llegado el caso, frente a la opinión que repruebe, pudiera haber muchos que aprueben e, incluso, aplaudan la actuación del representante.

En el caso de los senadores que, al parecer, amenazados o presionados, aprobaron la iniciativa presidencial que se conoce como Reforma Judicial, alguien, que no sea el propio legislador, no puede alegar válidamente que no actuó libremente y que lo hizo bajo presión y que, por esa razón, su voto no es válido. Entre los juristas latinos existía el principio: Coacta voluntas, voluntas est. (voluntad forzada es voluntad).  El voto emitido, sin importar su sentido, es válido y no es anulable invocando alguna de las causales que vician el consentimiento.

Es un principio general el que presume que toda autoridad actúa dentro de la órbita de su competencia, que lo hace de buena fe y que, mientras no se demuestre lo contrario, lo hizo libre y responsablemente.

En el caso del senador Miguel Ángel Yunes Márquez todo indica que fue presionado y aún amenazado de que se procedería penalmente en su contra para el caso de que en la votación de la Reforma Judicial no emitiera un voto aprobatorio. La circunstancia anterior puso en evidencia muchos vicios y excesos en el ejercicio del Poder de parte de Morena:

Que la Fiscalía, que se entiende que es un órgano autónomo, está a disposición del presidente de la república, de sus agentes en el Senado de la República y de su organización partidista: Morena; y

Que cuando AMLO, Morena y sus líderes afirmaban que eran diferentes, resultó falso; y que cuando AMLO se ponía a la altura de Hidalgo, Juárez y Madero, resultó que fue una burda exageración. Los hechos han demostrado que todos ellos resultaron ser peores que los más reprobables ejemplos de nuestra historia; que en mañas están a la altura de Antonio López de Santa Anna; en amenazas y presiones igual que Victoriano Huerta y en ambición de poder, sin importar los medios, a Porfirio Díaz.

En su momento fueron considerados válidos los actos legislativos realizados bajo amenazas o engaño. De esa manera, la aceptación de las renuncias de Madero y Pino Suárez fueron consideradas válidas a pesa de que fueron hechas bajo amenazas. Algunos diputados fueron llevados presos a la Penitenciaría de Lecumberri por su oposición al gobierno de Victoriano Huerta.

Los políticos apuestan a la desmemoria de sus electores. Yunes está seguro de que, para el año de 2030, cuando haya de reelegirse o de buscar otras posiciones en las que esté de por medio el voto ciudadano, haya sido olvidada su traición a la ideología de su partido y a las instrucciones que los líderes de éste le dieron.

La desmemoria política de la ciudadanía es lo que explica que los políticos mexicanos sean longevos.

La señora Claudia Sheinbaum que, hasta este momento, le ha jugado la “gatita mansa” a su jefe, pudiera estarlo haciendo por ser esa su naturaleza; que lo que hemos visto sólo sea un anticipo de lo que nos espera: más de lo mismo. A estas alturas, más le vale atenerse al libreto que le entregó su amo, guía y maestro. Ya veremos qué sucede cuándo saboree las delicias del mandar por sí misma y no tener que esperar a recibir las instrucciones de un amo tan celoso y absorbente.

En su momento veremos si es mandataria de AMLO, que la hizo candidata de Morena, o de la ciudadanía, que la eligió entre las opciones que se le presentaron en las pasadas elecciones.