Max Weber escribió: “El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima”. ¿Qué pasa cuando el Estado renuncia a ejercer ese monopolio? ¿Deja de haber Estado? Esta pregunta viene a mi cabeza después de seguir en medios de comunicación y redes sociales los diez días de enfrentamientos entre Los Chapitos y los Mayitos en calles y plazas de Culiacán.

No hablo de los chismes que brotan como hongos en las redes sociales o de los rumores que nacen de los medios de comunicación adversos al gobierno. Hablo de las fuentes oficiales y de las declaraciones de los responsables militares en Culiacán y de los policías federales desplegados en esa región.

Las declaraciones, y principalmente los hechos, evidencian que el gobierno federal se mantendrá al margen, que verá los toros desde la barrera porque se trata de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y no de ataques a la población en general. Eventualmente, alguno de los bandos ganará o exterminará a los contrarios, y entonces la paz, la paz narca, regresará a Culiacán.

En la política, la traición se paga con la expulsión, la denostación pública o la cancelación. En los bajos fondos del mundo criminal, la traición solo se paga con la vida. La captura de El Mayo Zambada alteró el frágil equilibrio dentro del núcleo original del cártel de Sinaloa. Es una situación que los servicios de inteligencia del gobierno vislumbraban en sus escenarios más complicados, y ante la cual su respuesta ha sido no intervenir y solo procurar a la población.

Hace años, ya fuera por miedo o respeto, la simple presencia de elementos del ejército bastaba para inhibir la acción de los delincuentes. Este recurso se agotó. Andrés Manuel López Obrador decidió dar la orden a las fuerzas armadas de no intervenir. Su prioridad es que, mientras él sea el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, los elementos bajo su mando no se enfrentarán a la población civil, sean delincuentes o no.

Esta decisión se entiende desde el punto de vista político, pero al mismo tiempo también está renunciando a una de las facultades exclusivas del Estado que él encabeza, lo cual tiene consecuencias importantes en términos de estabilidad y gobernabilidad.

Es falso que la población de Sinaloa en general y de Culiacán en particular haya normalizado la violencia o la vida en un estado de zozobra permanente. Una cosa es sobrevivir en situaciones especiales, como ocurre en un país que enfrenta un conflicto bélico, y otra que esa sea la nueva normalidad.

Nunca es un buen momento para enfrentar los problemas de fondo. Tal vez por conveniencia política o incapacidad, el gobierno federal sigue ausente en Culiacán. Sin embargo, de no atenderse de manera inmediata por el siguiente gobierno, el problema persistirá y aumentará, porque el conflicto se extenderá a otros puntos del país involucrando a otros grupos criminales. Esa es la ley de las pandillas de Culiacán. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

@onelortiz