Una de las reflexiones colaterales que deben realizarse en el escenario de los cambios que se avecinan al Poder Judicial, es la impunidad de que gozaron en México, delincuentes escudados bajo cargos públicos de primer nivel como fue el caso del ex Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, detenido por las autoridades americanas y hallado culpable en las cortes del vecino país de los cinco delitos que se le imputaron.

Resulta imposible que en el periodo neoliberal no solo este delincuente sino otros muchos más con fuero y de cuello blanco, hubieran terminado ya no tras rejas sino al menos en el banquillo de los acusados. Durante los gobiernos del PRIAN,  tuvieron la más amplia protección de jueces, magistrados y ministros corruptos; inmunidad que no se hizo extensiva al narcopolicía cuando debió enfrentar a la justicia norteamericana.

Es inconcebible aceptar que el ex Secretario de Seguridad Pública federal, actúo solo tanto en su red de acuerdos y complicidades con los capos de determinados grupos delincuenciales, como en todo el cúmulo de atrocidades presupuestales cometidos bajo su mando que, incluso, se extendieron como herencia de corrupción y malos manejos al sexenio de Enrique Peña Nieto.

Datos de los presupuestos de egresos de los dos sexenios, indican que Calderón como su sucesor se gastaron del erario público alrededor de un billón 300 mil millones de pesos en este rubro. El gran error de Peña Nieto fue proseguir con la fallida guerra implementada por García Luna y Calderón, no con el fin de terminar con el problema del narcotráfico, sino de hacer negocios bajo el pretexto de combatir a los cárteles.

Los resultados fueron nulos pero no así las montañas de cadáveres, los ríos de sangre, los más de 230 mil desplazados , los 120 mil muertos y los 52 mil 500 huérfanos, que quedaron como cruento saldo de un mandatario incapaz que tomó como excusa su batida contra el narco para auto legitimarse, tras asumir la presidencia, en 2006, en medio de un fraude electoral al que rehuyó el voto por voto y casilla por casilla, a sabiendas de que un recuento echaría por tierra su pírrica ventaja de no más de 240 mil votos.

Desde su exilio en España, Calderón tiembla por dos poderosas razones: al parecer el juez de la Corte de Nueva York, Brian Cogan, está aplazando la sentencia de García Luna a petición del gobierno de los Estados Unidos, porque si García Luna decide cooperar como testigo, las autoridades podrían reducirle la sentencia, pero seguramente terminaría involucrando en su larga lista de rapacerías y acuerdos criminales a su ex jefe superior inmediato.

Para el policía represor que sacó a punta de metralleta a los electricistas del SME de sus centros de trabajo, hace 15 años, para ser exactos el 11 de octubre del 2009, con el fin de aplicar el ilegal decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, la oferta es tentadora pues de lo contrario deberá enfrentar cadena perpetua. Aunque Calderón sabe que con los cambios que se avecinan al Poder Judicial se quedará sin aliados como uno de sus Ministros consentidos, Luis María Aguilar, y otros tantos jueces y magistrados de consigna que le deben el cargo.

Será cuestión de tiempo para que con la abundancia de pruebas de corrupción, prohijadas en la supuesta guerra contra el narco, entre otras muchas irregularidades, Felipe Calderón Hinojosa pueda convertirse en el primer ex presidente en ser llamado a cuentas y llevado ante la justicia. Esta, una de las tantas reflexiones colaterales que deberán comenzar a sopesarse ahora que viene en camino la purga al corrupto Poder Judicial, cómplice de los gobiernos neoliberales.