Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que los universitarios opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.
En esta entrega participan estudiantes de la Escuela Libre de Derecho. Dan su visión respecto de un tema específico y actual: la reforma judicial y el Estado Constitucional de Derecho en México.
Elisur Arteaga Nava
Riesgos constitucionales y el futuro del Estado de derecho en México: la amenaza de la inimpugnabilidad y
Eliminación del control de convencionalidad
Por Máximo Quijano Janet, ELD y Karla Zárate Obregón, ELD
El presente artículo tiene como propósito abordar dos temas de gran relevancia en la actualidad, mismos que vulnera el Estado de derecho que debería de imperar en el Estado Mexicano. En primer lugar, la reciente reforma judicial, en particular las suspensiones emitidas por diversos tribunales y el desacato del Ejecutivo Federal ante dichas resoluciones. En segundo, la iniciativa de reforma presentada por el grupo parlamentario de Morena y sus posibles repercusiones en el sistema de justicia mexicano. No resulta extraño, que en el reciente rango emitido por el World Justice Proyect, muestre a México en el lugar número 118 de los países en los cuales es latente el Estado de derecho.
El incumplimiento de las suspensiones dictadas por el Poder Judicial en los juicios de amparo que han sido promovidos en contra de la reforma judicial representa una grave violación al Estado de derecho y a la separación de poderes en México. Cuando el Ejecutivo desobedece las suspensiones que tienen por objeto proteger y mantener derechos mientras se resuelve el fondo del asunto, se vulnera el equilibrio de dicho principio, consagrado en el artículo 49 constitucional. Así, al no acatar estas decisiones, el Ejecutivo se coloca por encima del control judicial, y debilita el papel del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales.
Además, esta conducta disminuye fuertemente el control constitucional. Las suspensiones, como medida cautelar con el objetivo de prevenir daños irreparables en los derechos de los ciudadanos, al ignorarse, socavan la capacidad del sistema judicial de actuar como un contrapeso efectivo frente a posibles abusos de poder, lo que a su vez mina la protección de los derechos fundamentales.
Lo anterior, sienta un precedente peligroso para la legalidad, pues podría sugerir que las decisiones judiciales pueden ser desobedecidas sin consecuencias. No acatar las resoluciones del Poder Judicial envía un mensaje de arbitrariedad, fomenta la impunidad y erosiona la estructura jurídica del país.
Por otro lado, el pasado 21 de octubre, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma constitucional, la cual plantea cambios profundos al sistema de justicia de México, y propone la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. Incluso, en el primer proyecto de iniciativa presentado ante la Cámara de Senadores, se llegó a proponer la eliminación del control de convencionalidad. Esto ha generado un fuerte debate sobre su impacto en el control judicial y los derechos humanos, pues implica desconocer las obligaciones que México ha adquirido en estas materias.
Las intenciones que el partido político en el poder tiene para el país son contundentes, sin pasar por desapercibido que constituyen un tajante desconocimiento del Estado de derecho y, sobre todo, al Estado de derecho constitucional. Además, ignora una serie de decisiones fundamentales previamente adoptadas en nuestra Constitución que no pueden dejarse al arbitrio de una mayoría legislativa como la que hoy rige en el país.
A pesar de la autonomía de la cual debe gozar el Poder Reformador, la revisión judicial ha sido crucial para corregir irregularidades legislativas que atentan contra principios fundamentales. Esta reforma, al fortalecer al Poder Reformador, debilita la capacidad del Poder Judicial de garantizar que los cambios constitucionales respeten los derechos y el proceso democrático.
La propuesta también fortalece al Poder Legislativo, y le da autoridad para reformar la Constitución sin que sus actos puedan ser impugnados. Esto podría derivar en un uso excesivo y politizado de las reformas, afectando la estabilidad y coherencia de la Constitución. Sin revisión judicial, las reformas podrían aprobarse sin el debido análisis de sus consecuencias a largo plazo.
Uno de los aspectos más preocupantes del actuar reciente del oficialismo es la propuesta de eliminación del control de convencionalidad. Este, permite a los jueces verificar que las normas internas sean compatibles con los derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México es parte. Dicho mecanismo ha sido clave para asegurar que los derechos fundamentales se respeten dentro del marco jurídico mexicano. Con su desaparición, las reformas no podrían revisarse en cuanto a su compatibilidad con estos tratados, lo que pondría en riesgo a los ciudadanos, pues no verían garantizados los derechos que efectivamente les fueron reconocidos y que constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional.
La reforma afectaría particularmente a los grupos más vulnerables, que históricamente han dependido de mecanismos judiciales, como el juicio de amparo, para proteger sus derechos. Este instrumento se vería limitado, ya que las reformas constitucionales quedarían excluidas de cualquier posibilidad de impugnación, y sujetas a la voluntad del legislador.
Además, esta reforma podría conformar una estrategia política para fortalecer la base electoral del partido en el poder, apelando a la narrativa de “protección de la soberanía” y disminuyendo la influencia de normas internacionales. Sin embargo, estas intenciones representan riesgos significativos para el Estado de derecho y el equilibrio democrático, pues limita la capacidad de los ciudadanos y del Poder Judicial para cuestionar posibles excesos o abusos del gobierno, dejando a un lado los principios de separación de poderes y protección de derechos fundamentales.
Por otro lado, la iniciativa también incluye un impactante Transitorio Segundo, el cual establece que los juicios en trámite donde se haya cuestionado la validez de reformas constitucionales deberán resolverse bajo los términos de la reforma, mismo que transforma el lente del juzgador al resolver las cuestiones relativas a reformas constitucionales. Esto, a pesar de no estar expresamente en la reforma, busca que las reformas constitucionales no sean revisadas por el Poder Judicial.
Finalmente, la omisión del Ejecutivo y de otros poderes y órganos para acatar suspensiones en juicios de amparo agrava la situación, debido a que ignorar resoluciones judiciales vulnera el Estado de derecho y fomenta la impunidad. Esto es así porque no existe sujeción de los Poderes de la Unión, en específico del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, a las leyes que rigen al Estado mexicano, lo cual deviene en una situación de inseguridad jurídica para el gobernado. En especial, desde la aprobación de la Reforma Judicial, ha existido incertidumbre respecto a cuál es el derecho que se encuentra vigente.
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