Trump no nos va a pedir permiso. No va a enviar cartas diplomáticas ni extender la mano. Al regresar a la Casa Blanca, es muy probable que los cárteles mexicanos serán declarados organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y tratados con la misma contundencia que el Estado Islámico o Al Qaeda. No habrá preámbulos ni negociaciones largas: para Trump, y en especial para Tom Homan, el exdirector del ICE, la frontera sur está en llamas y los cárteles mexicanos son la principal amenaza. Homan ya lo ha dicho: los cárteles han causado más muertes de estadounidenses que cualquier grupo terrorista del mundo, y eso amerita, en sus términos, que sean “borrados de la faz de la Tierra”.
Este plan no es retórico ni improvisado. La designación de FTO activaría una maquinaria de seguridad que incluye congelación de activos, sanciones de visado, prohibiciones financieras y, en el extremo, operaciones militares transfronterizas. Es un concepto de guerra, que apunta a traer todo el arsenal antiterrorista estadounidense, desde drones hasta la inteligencia electrónica de la NSA, a una confrontación directa con los cárteles. Para Trump, este combate es inevitable y, como es su costumbre, lo quiere ejecutar con pragmatismo, sin detenerse a preguntar si México está de acuerdo.
El argumento de fondo es directo: los cárteles mexicanos son una amenaza que merece el mismo nivel de respuesta que cualquier otro grupo terrorista. Pero más allá de la violencia, su poder económico y territorial los ha convertido en un “Estado paralelo” que domina regiones enteras, afecta la economía y ejerce influencia sobre la política. En palabras del equipo de Trump, no es solo un problema de crimen organizado; es una crisis de seguridad nacional que requiere medidas de guerra. Los cárteles controlan territorios, economías y hasta elecciones, una red de poder y dinero que en los términos de la futura administración es suficiente para llamarlos “terroristas”.
Desde el primer día, Trump puede activar varias herramientas legales que le permitan avanzar en esta estrategia sin necesidad de recurrir al Congreso. Con una simple notificación de siete días, el Departamento de Estado puede designar a los cárteles como FTO bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Los criterios son claros: basta con que una organización represente una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Este mecanismo ya se ha usado en el pasado para grupos como las FARC en Colombia, y en esta ocasión se aplicaría de la misma forma, argumentando que el narcotráfico no es solo una industria criminal, sino una amenaza para la integridad del país.
Además, tienen a su disposición la Ley de Emergencias Nacionales, que le permitiría declarar una crisis de seguridad fronteriza y de narcotráfico. Con esta medida, el gobierno puede redirigir fondos de defensa y movilizar personal militar hacia la frontera, o incluso realizar operaciones de vigilancia y reconocimiento en áreas donde los cárteles tengan influencia. Este recurso no es una idea nueva para el futuro presidente: en 2019, ya lo utilizó para avanzar con la construcción del muro fronterizo.
En este caso, sin embargo, se trataría de una iniciativa de combate directo contra los cárteles, con recursos del Comando Norte (USNORTHCOM) y de las agencias de seguridad fronteriza.
La implementación de este plan no termina ahí. Con una orden ejecutiva, Trump podría activar también la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), una herramienta que habilita al gobierno a congelar activos de individuos y empresas asociadas con los cárteles. Esto significaría el bloqueo de cuentas bancarias, prohibición de transacciones, y sanciones a cualquier entidad que colabore o mantenga negocios con estas organizaciones. Esta política de sanciones ha sido empleada con grupos terroristas internacionales, y en este caso, Trump la aplicaría con la misma dureza para cortar el flujo de dinero que sustenta al narcotráfico en su expansión global.
Los órganos de inteligencia y defensa ya podrían tener su papel asignado en esta guerra contra los cárteles. Con la designación de FTO, el FBI y la NSA tendrían autorización para desplegar vigilancia masiva sobre comunicaciones y redes financieras vinculadas al narcotráfico. Bajo la Ley Patriota, estas agencias podrían interceptar mensajes y bloquear flujos de dinero en todo el sistema bancario de EE. UU. y, potencialmente, en el sistema global. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se encargaría de identificar y bloquear cualquier transacción sospechosa en el sistema financiero, cerrando los caminos por donde los cárteles lavan sus ingresos y alimentan sus operaciones. En conjunto, el FBI, la NSA y el Departamento del Tesoro estarían trabajando para asfixiar económicamente a los cárteles, convirtiendo a las finanzas en el nuevo frente de batalla.
Pero la estrategia no se limitaría al terreno financiero. Con el Comando Norte en plena operación, el ejército podría desplegar vuelos no tripulados, inteligencia avanzada y realizar misiones de reconocimiento en la frontera o incluso más allá. Trump y Homan han sido claros en su mensaje: si los cárteles son una amenaza, las fronteras no serán un obstáculo para enfrentarlos. Los drones y tecnología avanzada de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) también jugarían un papel en este plan, aportando reconocimiento y rastreo de objetivos prioritarios de los cárteles en tiempo real.
Y en este enfrentamiento, las operaciones clandestinas o black ops serían la pieza oscura y letal del engranaje. Con la CIA al frente, estas misiones encubiertas de inteligencia y ataque operarían en el bajo mundo del espionaje y la acción directa, lejos de la luz pública y de cualquier tipo de autorización oficial mexicana. Estas operaciones clandestinas tendrían como objetivo neutralizar a líderes del narco, destruir infraestructura crítica y recolectar información en el terreno. La idea sería golpear sin avisos y sin fronteras, con una precisión quirúrgica y devastadora, emulando misiones ya ejecutadas en Oriente Medio y el sur de Asia.
Equipos de élite, especializados en operaciones de alta letalidad, podrían infiltrarse en territorio controlado por los cárteles, recopilando datos sensibles y eliminando amenazas sin que el mundo exterior siquiera se entere. Este es el lado menos visible y más letal de la guerra que Trump tiene en mente: una red de operativos sigilosos, drones furtivos y armas de alta tecnología, listos para actuar en el momento justo y desaparecer sin dejar rastro. En esta guerra no declarada, las reglas tradicionales no existen, y cualquier región del narco podría convertirse en el próximo objetivo de operaciones clandestinas del aparato de inteligencia de Estados Unidos.
La CIA, como en cualquier operación de combate al terrorismo, tendría un rol crucial en el ámbito internacional. Con la designación de FTO, la agencia podría monitorear y coordinarse con otras agencias extranjeras para interceptar operaciones de los cárteles fuera de México, desmantelando rutas de tráfico y bloqueando sus redes de apoyo financiero en Europa, Asia y América Latina. No sería solo una operación de vigilancia, sino una estrategia de cacería global para desmantelar las operaciones del narcotráfico en cada rincón donde tenga presencia.
¿En cuánto tiempo podría empezar Trump este plan? Desde el momento en que asuma la presidencia, tendría los mecanismos listos para avanzar en esta ofensiva en cuestión de días. La designación de FTO puede ser gestionada en una semana, la declaración de emergencia es casi inmediata y las órdenes ejecutivas pueden salir firmadas desde el primer día de gobierno. Las agencias de inteligencia y defensa ya cuentan con los recursos y protocolos para ejecutar este tipo de operaciones. En menos de un mes, EE. UU. podría estar en plena acción con el Comando Norte movilizado, la CIA coordinando operaciones internacionales, y el FBI y la NSA interceptando las redes financieras y comunicaciones del narcotráfico.
El equipo de Trump sabe que este enfoque tendrá un costo diplomático. El gobierno mexicano, liderado por Claudia Sheinbaum, ve en esta estrategia un acto de violación a su soberanía. México teme que esta política justifique incursiones directas y operaciones en su territorio sin autorización. Las autoridades mexicanas han insistido en que la violencia del narcotráfico es un problema interno que no debería ser abordado desde el exterior, pero el equipo de Trump no parece estar dispuesto a esperar ni a preguntar.
A medida que se preparan los planes, los embajadores de ambos países se encontrarán en una posición tan compleja como delicada. En Washington, el embajador mexicano enfrentará una presión política y mediática para explicar las posibles consecuencias de esta designación, mientras trata de reducir la tensión entre ambos gobiernos. En México, el embajador estadounidense tendrá la difícil tarea de justificar una política que podría ser vista como una amenaza a la soberanía nacional.
La prensa estadounidense, por su parte, ya está comenzando a generar debates sobre esta medida, con editoriales que abogan por la seguridad nacional y análisis que cuestionan si es ético extender las estrategias antiterroristas a México. Ambos embajadores serán el rostro de la diplomacia en tiempos de conflicto latente y probablemente sufrirán el peso de cada movimiento entre estos dos países atrapados en una alianza obligada y tensiones sin tregua. Es el momento de los rudos.
El plan del presidente no deja espacio para dudas ni para consensos. En su visión, los cárteles ya no son simplemente una amenaza criminal, sino un enemigo del estado, y como tal, deben ser combatidos con todas las herramientas del poder estadounidense. Desde el día uno, el equipo de Trump estaría listo para ejecutar una guerra total contra el narcotráfico, y, para bien o para mal, el nuevo frente de batalla en su guerra contra el “terrorismo” no tiene fronteras…
@DrThe