Una de las consecuencias más graves en la falta de impartición de justicia en México se origina en la corrupción del Poder Judicial expresada en los altos niveles de impunidad, donde menos del diez por ciento de los miles de delitos cometidos son sancionados por ministros, magistrados y jueces de distrito del ámbito federal, cáncer que se hace extensivo a los tribunales locales.
La resistencia de quienes por décadas integraron una red de intereses y complicidades donde participan familias enteras, a estar bajo la lupa ciudadana y ser electos en las urnas el próximo año, se hace extensiva en al menos 500 jueces federales.
Hay conciencia entre la propia grey de juzgadores que la independencia del Poder Judicial sirvió para que de manera discrecional esta élite se sintiera dueña absoluta de un sistema de justicia que terminó transformado en rentable negocio personal y bolsa de trabajo con altos sueldos, para sus consanguíneos.
El 12 de julio del 2017, Felipe Borrego Estrada, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presentó ante la Sesión del Pleno del organismo, los resultados de una detallad investigación sobre el nepotismo del que abusaron magistrados y jueces de distrito para colocar a sus parientes cercanos en puestos de primer nivel, dándose casos como el de un magistrado de circuito de Durango que tenía en la nómina a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos.
El estudio no fue obra de ninguna improvisación pues Borrego Estrada, realizó visitas en los 31 circuitos del país del 28 de enero del 2016 al 31 de enero del 2017. Cuando su información trascendió a los medios, al CJF emitió un comunicado tratando de amortiguar el tremendo golpe, porque la lista de abusos en las estructuras administrativas de los órganos jurisdiccionales del país, se daban en casi todos los Estados.
El organismo se escudó en el artículo 18 bis, donde en el papel se establecía que los impartidores de justicia “se abstendrán de proponer como candidato a ocupa la vacante respectiva o, en su caso, de otorgar nombramiento a personas que fuesen cónyuges o parientes consanguíneos por afinidad, hasta el cuarto grado de algún titular del órgano…”
Eso en el papel, porque la realidad era diametralmente opuesta y burlada fácilmente en algunos casos, por los abusivos jueces y magistrados a través de “enroques”; es decir, colocando a los familiares en otros juzgados y viceversa.
Un Poder Judicial considerado patrimonio y negocio familiar terminó corrompido y merced de los intereses de poderosos grupos económicos como fue el caso del corrupto juez, Pablo Gómez Fierro, quien su larga cadena de fechorías jurídicas suspendió una multa por diez mil millones de pesos a la trasnacional Iberdrola y otorgó suspensiones contra la Reforma Eléctrica, además de haber emitido un fallo que pretende obligar a los diputados locales de la CDMX a cambiar el uso de suelo en el Bosque de Chapultepec, para permitir a un particular la edificación de Plazas Comerciales y Edificios de Departamentos de Lujo, como un claro ecocidio en contra de uno de los últimos pulmones verdes de la metrópoli.
Una depuración a fondo de estos vicios arraigados por décadas neoliberales deberá continuar en las Fiscalías de todos los Estados del país, para que realmente los mexicanos gocemos de una justicia imparcial, pronta y expedita, como lo marca la Constitución.