La presidenta Claudia Sheinbaum no sabe de leyes y, al parecer, tampoco de tribunales imparciales, de jueces conocedores e independientes y de procesos arbitrales internacionales. Eso es grave. No lo sería tanto si ella siguiera siendo profesora universitaria. Finalmente, los ciudadanos comunes y corrientes no estamos obligados a conocer de todo, pero ella no lo es: ocupa un cargo que la obliga, si no a saber de todo, sí a asesorarse de gente conocedora o experta en cada una de las ramas de la administración pública federal o, cuando menos a hacer lo que cualquier persona medianamente prudente haría: quedarse callada respecto de lo que no sabe.

Digo que no sabe de leyes por cuanto a que no tiene idea de lo qué es un juicio arbitral internacional y de las consecuencias que un laudo, favorable o adverso, tiene para las partes. Un laudo debe acatarse y cumplirse en sus términos. Como lo dije anteriormente, si bien no es abogada o conocedora del derecho, por virtud de la protesta que rindió al asumir el cargo de presidenta de la Republica de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, cuando menos debe tener nociones de lo que protestó respetar.

Los tratados y convenios internacionales, si la señora Sheinbaum no lo sabe, cuando el presidente de la República los suscribe y son aprobados por el senado, pasan a formar parte de nuestro sistema jurídico; en lo interno son parte del sistema normativo cuyo cumplimiento se comprometió a observar al momento de rendir su protesta en los términos del artículo 87 constitucional.

En el caso del laudo recaído al juicio arbitral que México aceptó y que perdió, más que acatarlo en sus términos, está buscando pretextos para no cumplirlo. Eso no se vale.

En esto sigue las prácticas y hasta directrices marcadas por AMLO y que fueron una de sus tantas obsesiones que lo llevaron a destruir el estado de derecho. Para eludir cumplir lo resuelto por el panel arbitral, se habla de reformar de nueva cuenta la Constitución Política. Dado a que el Congreso de la Unión, más que un Poder, está convertido en una sacristía de confirmaciones, ¡claro que lo puede hacer! Pero esa chicana no pone a México a salvo de una responsabilidad internacional. Los compromisos, los contratos y las promesas se deben cumplir: pacta sunt servanda (Los compromisos se deben cumplir), mucho más los que se celebran entre naciones soberanas y en observancia de los principios que rigen el derecho internacional.

En este caso, el gobierno de México, en forma libre, informada y responsable aceptó someterse al juicio arbitral; presentó sus argumentos e hizo valer su punto de vista; desde que se sometió al juicio arbitral, aceptó el resultado, sin importar cuál fuera y sus consecuencias, independientemente de su naturaleza o sentido.

Habiéndose sometido a la jurisdicción de los árbitros, que el mismo gobierno mexicano aceptó, hora no puede alegar usos y costumbres indígenas, ni recurrir a la chicanada de reformar la Constitución, para no observar el laudo; tampoco puede invocar razones de soberanía para no cumplirlo.

Una vez emitido el laudo, a quien le fue adverso el laudo: México, procede decirle lo que le dijeron a Judas Iscariote cuando se arrepintió de su traición y regresó las treinta piezas de plata: “¿Qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú.” (Mateo, cap. 27, v. 4).

¿Dónde quedaría el principio de seguridad jurídica si alguien falta a su compromiso y se niega a cumplir un laudo dictado por un tribunal arbitral ante el que México se sometió voluntariamente?

El que Morena pueda reformar la Constitución a su antojo y hacerlo todos los días de la semana, no pone a México a salvaguarda de una responsabilidad internacional. Si bien la señora Sheinbaum y sus cómplices, en lo interno, para eludir resoluciones adversas de los tribunales, recurren a ese expediente en forma cotidiana, debe reconocer que ciertas materias no se legitiman ni, mucho menos se justifican, recurriendo al expediente de modificar la Carta Magna.

El proceder de la señora Sheinbaum me recuerda un incidente que refiere Martín Luis Guzmán en sus Memorias de Pancho Villa. En la revolución, en alguna ocasión, cayó en manos de Villa un extranjero sospechoso de colaborar con sus enemigos; como era su costumbre, de inmediato ordenó que fuera fusilado; al hacerle notar sus asistentes que ello era algo indebido y que pudiera acarrear una responsabilidad, ordenó que le pusieran sellos a su orden de fusilamiento; pero, al hacerle saber que la responsabilidad sería de tipo internacional y que ello sería grave, se limitó a ordenar que a la orden se le pusieran más sellos. Con ello creyó ponerse a salvo de responsabilidad.

La señora Sheinbaum, para no acatar el laudo arbitral, considera que pone a México salvo de responsabilidad al ordenar al Congreso de la Unión reforme la Constitución con el fin de incorporar en ella la prohibición de ese tipo de maíz. Hacerlo es algo similar a lo que hizo Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa: poner más sellos a algo ilegal. No se vale. Mucho menos en el caso en que, por estar de por medio una investigadora universitaria, que se entiende que sabe de lo que opinar y de lo que no; y también que es la presidenta de la República, que se supone cuenta con asesores que sí tienen noción de lo que es el derecho y el papel que los tratados y las convenciones tienen en las relaciones entre naciones.