La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conmemoró este 5 de febrero 108 años de haber sido promulgada en la ciudad de Querétaro, en medio de una guerra civil. Llegó a esta conmemoración con cerca de 900 reformas a su texto original; tan solo en lo que va del actual sexenio, se ha modificado en 60 ocasiones. Por ello, nuestra Carta Magna es la más antigua de las democracias contemporáneas y, al mismo tiempo, la más reformada.
Como República laica, todo representante popular y servidor público, desde regidores hasta el presidente de la República, pasando por diputados, senadores, jueces, secretarios de Estado y demás alta burocracia, juran solemnemente respetar la Constitución y las leyes al asumir sus cargos, aunque pocos de ellos y ellas la hayan leído y menos aún la conozcan.
Nuestra Constitución es un Frankenstein jurídico. En un mismo texto, que parece más bien un compendio, existen en algunos artículos preceptos generales, en otros leyes reglamentarias, e incluso, como ocurre en materia electoral, prácticamente contiene un manual de funcionamiento.
Desde Álvaro Obregón hasta Claudia Sheinbaum, los titulares del Poder Ejecutivo han modificado la Constitución. Quizá piensan que ello asegura su entrada a la historia o que les facilita el ejercicio del gobierno, pero pocos la han cumplido. Bueno, corrijo: al menos han cumplido en un aspecto fundamental, no la han reformado para asegurarse la reelección, y eso, al final de cuentas, se agradece.
¿Cuántos mexicanos mayores de 18 años han leído la Constitución? ¿Cuántos profesores de nivel bachillerato o profesional encargan a sus alumnos estudiar el texto constitucional o se lo explican?
No tengo una respuesta a estas preguntas. Al menos en los portales oficiales del gobierno y del Poder Legislativo no existen datos al respecto, pero estoy seguro de que el porcentaje de la población que ha leído o conoce la Constitución es muy pequeño.
Incluso si se hiciera una encuesta a servidores públicos e integrantes del Poder Legislativo, tanto a nivel estatal como federal, quizá los resultados nos sorprenderían. No hablo simplemente de preguntarles si conocen o no la Constitución, sino de aplicarles una batería de preguntas muy simples sobre su contenido.
Desde hace tres años, las reformas constitucionales están en el centro de la disputa político-electoral. El 5 de febrero de 2023, estalló el conflicto entre la ministra Norma Piña y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su paquete de 18 reformas constitucionales, que se convirtieron en el llamado Plan C. Ahora, este 5 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum excluyó al Poder Judicial de la conmemoración.
Es costumbre, más no ley, que el Ejecutivo convoque a esta ceremonia. Sería conveniente establecer como norma que la conmemoración de la promulgación de la Constitución sea un acto del Estado Mexicano, no del gobierno en turno.
Total apoyo a la presidenta en contra de los abusos de Trump y muchas otras propuestas de su gobierno, pero creo que, en este tema, sí le faltó visión. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.
@onelortiz