Los Universitarios hablan es un espacio abierto a la comunidad estudiantil, la que cursa la licenciatura en las instituciones de educación superior; inicialmente las que funcionan en la Ciudad de México. Pretende ser un espacio en el que maestros y alumnos opinen libre y responsablemente sobre temas de actualidad.

En esta entrega participan la maestra Ireri Elizabeth García Ramos de la Escuela Libre de Derecho y la alumna Michelle Nava Ruiz estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana. Da su visión respecto de un tema específico y actual: La renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y la violación de la suspensión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Elisur Arteaga Nava

Elección de jueces y magistrados
La caja de pandora

Por Michelle Nava Ruiz, UAM

 

Tal y como lo sostuve, la suspensión ordenada a los Comités de Evaluación no fue la mejor estrategia. Peor aún, que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación lo acatara. Y no quiero que se me malinterprete, pues su actuar ha sido digno de admirar, congruente y en estricto apego a derecho. ¿Cuál es entonces el problema?

Primero, hay dos resoluciones que se contraponen: la emitida por un Juez de Distrito que ordena la suspensión del proceso electoral extraordinario y la emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena su continuación. Ambos caminos desembocaban en la ilegalidad, ya sea por desacato o por suspender las funciones para las cuales fue creado dicho Comité.

Segundo, a ojos de la actual administración, el Comité no está haciendo su chamba. En ese sentido, el TEPJF resolvió revocar los dos acuerdos emitidos por el Comité en los que, en cumplimiento a la medida por el Juez de Distrito, suspendió el proceso y, en respuesta a ello, el Comité de Evaluación del Poder Judicial presentó su renuncia:

“Hoy percibimos inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada. Agradecemos la oportunidad de haber participado en este ejercicio y reiteramos nuestro compromiso por continuar trabajando por los derechos humanos a la democracia y el Estado Constitucional de Derecho”.

Ante la renuncia del Comité, el TEPJF tuvo por incumplida la sentencia y vinculó a la Mesa Directiva del Senado de la República para que, en cumplimiento sustituto, lleve a cabo una insaculación pública de la lista de aspirantes que satisfacen los requisitos de la convocatoria.

En un intento por salvar al barco, la ministra Ríos Farjat propuso que fuera el Pleno de la SCJN quien asumiera las funciones del Comité, toda vez que es la Escuela Federal de Formación Judicial que depende de la SCJN y del CJF quien se hace cargo de evaluar a los aspirantes y elegir los perfiles más idóneos. Pero, como era de esperarse, su propuesta fue rechazada.

Así, es cierto que el Comité de Evaluación del Poder Judicial estaba en un gran dilema, porque sus integrantes estaban totalmente convencidos de que esta reforma era del todo inviable, aunque su trabajo era justamente implementarla. Cuando nuestras convicciones no van acorde a lo que hacemos, probablemente lo más sensato que podemos hacer es simplemente abdicar. Por otro lado, a mi parecer, el renunciar es dejarle el camino libre a quienes vorazmente pelean por el poder y que es evidente que sus acciones llevarán al país a un descalabro.

Pero esta reforma nos ha generado un sinfín de tragos amargos. Disfrazada de buenas intenciones, quienes se encuentran esperanzados a que pueda subsanar las deficiencias del sistema, solo están presenciando la mayor crisis constitucional de la historia en el país.

Hoy el Poder Judicial trabaja a marchas forzadas, con el ánimo de sus integrantes por los suelos, a sabiendas de que muy probablemente serán echados sin el pago completo que en su momento les fue prometido. ¿Y qué nos dan a cambio? La desaparición de nuestros tres poderes y la elección de cargos al azar, con funcionarios completamente desfasados de la realidad, que tendrán que llegar a aprender cual pasantes en su primer día de trabajo, pero con la mínima diferencia de que tendrán montañas y montañas de expedientes los cuales no podrán esperar a que su titular entienda cómo funciona el mundo dado que, de su ritmo de aprendizaje dependerá la salvaguarda de los derechos de miles de ciudadanos. Con la reforma judicial…se abrió la caja de pandora.

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A falta de Estado de derecho,
Tómbola

Por Ireri Elizabeth García Ramos, ELD

 

El pasado 27 de enero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una resolución imprevisible en nuestro sistema jurídico, ignoró una suspensión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de Máximo Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Lo más preocupante es que dicha invasión de competencias y rompimiento del mandato constitucional ni siquiera ha sido noticia relevante en nuestros medios de comunicación.

De conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el tribunal competente para resolver la contradicción de criterios sostenidos por el TEPJF y dicha Corte, es decir, incluso en materia electoral la SCJN es la última intérprete constitucional.

En el mismo sentido, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, aplicado de conformidad con el artículo Tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024, reconoce a la SCJN como el Máximo Tribunal para resolver las controversias interpretativas que surjan en el Poder Judicial de la Federación.

A pesar del mandato expreso constitucional y legal, el TEPJF desestimó la suspensión emitida por la SCJN, lo que dibuja de cuerpo completo la inseguridad jurídica y crisis constitucional en nuestro país. Si las suspensiones emitidas por la SCJN y los mandatos constitucionales no están siendo acatados, qué pueden esperar los particulares que acuden a la Justicia Federal para hacer valer sus derechos.

El TEPJF no reconoce en su resolución el carácter constitucional de la SCJN de último intérprete constitucional e, incluso, va más allá de las competencias en materia electoral para hacer cumplir con sus determinaciones. En la sentencia del 27 de enero, el TEPJF delegó las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación a la Mesa Directiva del Senado de la República para que mediante tómbola se seleccionen a las personas elegibles, entregando con esta determinación el control de las candidaturas a los poderes legislativo y ejecutivo federales.

A estas alturas lo menos relevante es la idoneidad de las candidaturas a personas juzgadoras, con la violación al orden constitucional y legal por parte del TEPJF se ha materializado la destrucción del Estado de Derecho en México, el TEPJF será recordado como el tribunal que despreció el Estado de Derecho y que, en su lugar, institucionalizó las tómbolas como medio de solución de conflictos constitucionales.

X: @ireri_egr