El pasado fin de semana iniciamos el mes de febrero con sobresaltos, a pesar de que ya había sido anunciado por el presidente de Estados Unidos, respecto de la imposición de un 25 por ciento a los productos que México exporta hacia nuestro vecino del norte, albergábamos la esperanza de que solo hubiese sido una amenaza como las que frecuentemente acostumbra; pero no fue así, esta vez cumplió su promesa de campaña y firmo una orden ejecutiva ordenando la medida arancelaria, como una sanción a México por no combatir el tráfico de drogas en particular del fentanilo hacia los Estados Unidos y porque el gobierno de México no detiene el flujo de cientos de miles de migrantes de diversas nacionalidades crucen la frontera norte de México.

En un comunicado oficial de la Casa Blanca emitido el sábado 1 de febrero, señala que: “las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles”.

La anterior acusación contra el gobierno de México es muy grave, en virtud de que no se trata de una conferencia de prensa ni de una charla del presidente Trump sino de un comunicado oficial por escrito cuyo contenido debe de estar sustentado en evidencias probadas. Dicho comunicado pone a México frente al foro mundial, como un Estado fallido en manos del narcotráfico.

Ha llegado el momento de que la Señora Presidente se desligue de su antecesor y de marcar una diferencia en las políticas de combate a la delincuencia organizada, dejar atrás los abrazos y empezar con los balazos para demostrar que dichas acusaciones no se pueden aplicar al actual gobierno porque es diferente.

La respuesta fue inmediata, la Presidente quien tuvo que salir a desmentir las acusaciones de Trump sobre la colusión del gobierno con el crimen en México. “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales”. También Claudia Sheinbaum señaló haber dado la orden de implementar un plan de medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México.

El intercambio comercial entre México y EE.UU. es importante, dinámico y constante; de todas las exportaciones que realiza México al mundo el 80% de los productos se exportan hacia los Estados Unidos, cuyo monto asciende a 475 mil millones de dólares.

El Consejo Nacional Agropecuario señaló que tan sólo en el caso de frutas y hortalizas como aguacate, jitomate, chiles y berries, cerca del 50 por ciento del consumo estadounidense procede de México. También, la cerveza y el tequila representan exportaciones a Estados Unidos por más de mil millones de dólares. Por lo que cualquier alteración a las condiciones del intercambio comercial tendrá enormes efectos sobre la inflación  y dañará a miles de trabajadores y empresas.

La integración regional con el tratado de libre comercio ha permitido que la región del norte de América se consolide como la más próspera a nivel global, y ha beneficiado a millones de trabajadores del campo así como a los consumidores. Estas severas medidas obligarán al gobierno federal a voltear a ver al sector agroalimentario olvidado durante todo el sexenio anterior y regresar a los apoyos al campo mexicano, que durante décadas se estuvieron manteniendo.

El lunes pasado Trump informó en su red Truth Social que sostuvo una “conversación muy amistosa” con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por su parte la presidenta  confirmó mediante un mensaje publicado en la red Social X, que tuvo una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía. Señaló que se tomó el acuerdo en suspender la imposición del arancel del 25 por ciento por un mes, en el comunicado anunció que se comprometió a reforzar la frontera con Estados Unidos con 10 mil miembros de la Guardia Nacional que se encargarán de evitar el tráfico de drogas, en particular de fentanilo. De esta forma se ha dado un respiro a nuestro país, debiendo ser un mes de prueba en donde el gobierno federal deberá demostrar que no existe tal alianza con los carteles de la droga, y emprender acciones contundentes en el combate a dichos grupos criminales y a los gobernadores y políticos que los protegen.

Lo que Trump omitió comunicar son los reclamos y peticiones de los propios norteamericanos pues se preocupan del resultado inflacionario y todas sus consecuencias que dichas medidas arancelarias producirán sobre la economía norteamericana.

El reclamo casi unánime de los mexicanos en primer lugar es una exigencia de seguridad, esa seguridad perdida desde hace algunos lustros, que a cada momento se vulnera en todo el país y lacera las diferentes esferas de nuestra sociedad, los agentes del Gobierno realizan acciones reactivas proponiendo medidas que como lo estamos testimoniando, han resultado poco eficaces, como el incremento de los elementos militares, de la guardia nacional y policiales en las calles, el aumento de penas y los acuerdos y reuniones nacionales sobre seguridad, pero todas estas medidas no pasan del simple discurso y el índice delictivo sigue incrementándose.

Resulta inaceptable que nuestra sociedad continúe viviendo con la pérdida de los elementales valores éticos de convivencia social armónica, es por ello que debemos poner fin a la impunidad, a la complicidad y connivencia entre autoridades, policías y delincuentes, que en no pocas ocasiones actúan por igual en ambos bandos. La obligación primordial de un Gobierno es garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de la población.

Los mexicanos queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos erradicar la impunidad, queremos rescatar los valores éticos de convivencia, pero no queremos vivir en un Estado policíaco o Totalitario en el que se violenten los derechos humanos, queremos vivir en un Estado en donde se respete la dignidad de todas las personas.